Donación internacional busca combatir el hambre en Guatemala y la región: más de 160 mil beneficiados

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días firmaron un convenio para fortalecer la seguridad alimentaria en Guatemala y Centroamérica, con apoyo a más de 160 mil personas vulnerables.

Erick Gutiérrez y Redacción EFE

18 de marzo de 2026

|

16:06h

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Foto de referencia. Madres llevan a sus hijos a control de vacunación en el Centro de Atención Permanente de Panzós, Alta Verapaz. (Foto: HemerotecaPL)

El acuerdo beneficiará a comunidades de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mediante programas de alimentación escolar, apoyo a mujeres y fortalecimiento agrícola, en un contexto donde millones enfrentan inseguridad alimentaria por la crisis climática y el aumento en los precios de los alimentos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas formalizó el convenio con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para recibir una donación proveniente de ofrendas de ayuno de fieles en todo el mundo.

El objetivo es combatir el hambre y la desnutrición en la región, una de las más afectadas por fenómenos climáticos, especialmente en el llamado “Corredor Seco”.

Enfoque regional y acciones por país

El proyecto contempla acciones diferenciadas según las necesidades de cada país. En Guatemala, se impulsarán brigadas nutricionales y programas de resiliencia; en El Salvador, la instalación de cocinas escolares; y en Honduras y Nicaragua, la merienda escolar y el apoyo a pequeños productores.

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Posturas y alcance del proyecto

Andrew Stanhope, representante del PMA en Guatemala, destacó que este modelo de cooperación permite respuestas más sostenibles frente a los desafíos estructurales de la región.

Por su parte, Élder Gregorio Casillas señaló que el proyecto busca no solo atender emergencias, sino generar capacidades a largo plazo.

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Guatemala: 4 de cada 10 hogares no puede costear la canasta nutritiva de Q1 mil 531, según PMA

Estudio del PMA muestra brechas críticas en acceso a alimentos nutritivos en Guatemala.

Ana Lucía Ola

24 de octubre de 2025

|

00:09h

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En Guatemala, cuatro de cada diez hogares no pueden adquirir una canasta nutritiva, lo que agudiza la inseguridad alimentaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cuatro de cada 10 hogares en Guatemala carecen de los recursos económicos para adquirir una canasta nutritiva, cuyo costo ronda los Q1,531, según el análisis Llenando brechas de nutrientes, presentado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán). Esta situación agudiza la inseguridad alimentaria en el país.

Esta canasta ha sido modelada para un hogar compuesto por cinco personas: una mujer lactante, un hombre, un adolescente y dos niños. Su contenido cubre los nutrientes y calorías esenciales al menor costo posible. Es entre dos y hasta cuatro veces más costosa que una canasta energética, la cual solo cumple con requerimientos calóricos.

No incluye dulces, azúcar ni alimentos de consumo masivo, sino grupos que aportan valor nutricional, como cereales, raíces, legumbres, lácteos, huevo, pescado, carne, frutas, vegetales y aceites.

El informe destaca que en 16 de los 22 departamentos del país, la proporción de hogares que no pueden costear esta canasta supera el promedio nacional. Los casos más críticos se registran en Quiché y Jalapa, donde cinco de cada diez hogares están en esa condición; en Alta Verapaz, la cifra sube a seis de cada 10, y en Chiquimula, a casi ocho.

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También existe variación en el costo de la canasta entre departamentos. En San Marcos cuesta Q1 mil 147, mientras que en Chiquimula asciende a Q2 mil 304.

El informe indica que los adolescentes demandan el 28% del costo total de la dieta del hogar, debido a sus altos requerimientos de micronutrientes en comparación con un adulto. Una mujer embarazada requiere el 26% de los alimentos, un hombre el 25% y dos niños el 21%, de acuerdo con las estimaciones.

La falta de acceso a una alimentación nutritiva limita la seguridad alimentaria y nutricional del país, añade el estudio que se desarrolló entre junio del 2024 y mayo del 2025.

Además, se calcularon dos canastas adicionales: una energética —combinación más barata que solo cumple requerimientos calóricos— y otra basada en las recomendaciones de las guías alimentarias, siendo esta última la más costosa. Casi ocho de cada diez hogares no pueden costearla.

Eunice López, oficial de Nutrición y Protección Social del PMA en Guatemala, explicó que se recopiló información nacional sobre factores económicos, sociales, de salud, nutrición y seguridad alimentaria, y se análisis colaboraron con entidades gubernamentales.

El estudio incluyó modelos para evaluar el impacto de programas como alimentación escolar, transferencias monetarias, suplementación, fortificación, agricultura sensible a la nutrición, efectos del cambio climático y sostenibilidad ambiental.

De todos ellos, el de alimentación escolar, a cargo del Ministerio de Educación, tiene el mayor impacto, pues promueve la diversidad de productos, principalmente de proteína animal. En su modalidad de comida servida, puede cubrir hasta el 62% del costo de la canasta nutritiva, lo que equivale a Q172, considerando que el costo mensual por estudiante de preprimaria es de Q278.

El uso de micronutrientes múltiples, proporcionados por el Ministerio de Salud, puede reducir hasta en un 20% el costo de la canasta para mujeres embarazadas.

La implementación conjunta de estos dos programas podría reducir en 11 puntos porcentuales la brecha de acceso a una alimentación nutritiva, pasando del 37% al 26%.

López subraya que la información del estudio permitirá a los tomadores de decisiones y a los responsables de políticas públicas identificar brechas y focalizar intervenciones hacia las poblaciones más vulnerables.

Inseguridad alimentaria

El PMA también presentó la Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria (ESA) 2025, en la que se establece que uno de cada cuatro hogares del país —el 23%— enfrenta inseguridad alimentaria. Esta condición se caracteriza por el bajo consumo de alimentos nutritivos, como lácteos, huevos, carnes, vegetales y frutas, tanto en variedad como en frecuencia.

Luis Penutt, del equipo de investigación, monitoreo y evaluación del PMA, indicó que las evaluaciones de la ESA han mostrado un patrón constante en los últimos años, con mínimas variaciones en el porcentaje de población afectada.

Los hogares en esta situación priorizan el gasto en alimentos por encima de otras necesidades esenciales y recurren a estrategias como la venta de activos, el recorte en salud y educación, el endeudamiento o la migración.

La evaluación subraya que la mayoría de estas personas también se encuentran en situación de pobreza, en hogares dedicados a la agricultura o al autoconsumo. Las mujeres y los pueblos indígenas son los más vulnerables.

En Alta Verapaz, la mitad de los hogares enfrenta dificultades para acceder a alimentos. En Sololá, el porcentaje es del 34%; en Quiché, del 31%; en Totonicapán, del 30%; y en Huehuetenango y Chiquimula, del 27%.

Penutt explicó que estos hogares también presentan carencias adicionales: no tienen acceso a educación, viven en zonas alejadas, dependen de trabajos precarios —como la agricultura o la construcción— y cuentan con escaso acceso a programas de gobierno. Esta combinación crea un ciclo de inseguridad alimentaria que se agrava por un contexto adverso, generando desigualdad.

“Si no se generan buenos empleos, ni una buena educación, ni un buen acceso a alimentos o servicios de salud, la probabilidad de mejorar condiciones de vida será baja”, advirtió.

Martha Salazar, subsecretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), afirmó que los informes del PMA son esenciales para la toma de decisiones y la planificación intersectorial, a fin de enfocar las intervenciones donde más se necesitan y garantizar el derecho a la alimentación, con miras a reducir la malnutrición en el país.

El 40% de hogares en Guatemala tiene dificultades para alimentarse

La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria 2024, del PMA, indica que para alimentarse el 40 por ciento de los hogares en el país implementan algún tipo de estrategia para poder tener comida en la mesa, que podría ser un efecto del alza de precios.

Ana Lucía Ola

10 de octubre de 2024

|

05:00h

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La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria 2024, del PMA, indica que en Guatemala el 40 por ciento de la población tiene problemas para alimentarse. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cuatro de cada 10 hogares en Guatemala tienen dificultades para asegurar el consumo de alimentos, y para llevar un plato de comida a la mesa recurren a estrategias de afrontamiento, como comprar alimentos más baratos, reducir las porciones o tener solo un tiempo de comida. En casos más extremos venden activos domésticos y disminuyen el gasto para cubrir otras necesidades básicas, como salud.

La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria 2024 (ESA), del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y que fue presentada este 9 de octubre, refleja las condiciones del país al encuestar a seis mil 600 hogares entre mayo y julio de este año, una muestra representativa de la población guatemalteca, tanto del área urbana como rural.

Son varios los factores que se consideraron en la medición. Uno de ellos es la proporción de los ingresos que los hogares utilizan para comprar alimentos, y en este se estableció que el 38 por ciento gasta en comida entre 65 por ciento y más del dinero que tienen.

Cuando las familias priorizan los alimentos se ponen en riesgo otras necesidades básicas que profundizan su seguridad alimentaria, como agua segura, medicinas y transporte, indicó Luis Penutt, jefe de Investigación, Evaluación y Monitoreo del PMA, quien presentó los resultados de la ESA.

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Agregó que el efecto negativo de esto es la aparición en los hogares de las estrategias de afrontamiento de medios de vida. En las denominadas de estrés se menciona la reducción del gastos de artículos de consumo no alimentario ―29 por ciento―; figuran en menor proporción la compra a crédito o pedir alimentos prestados, vender activos domésticos y enviar a los miembros del hogar a comer a otras casas.

Cuando se disminuyen gastos de salud ―22 por ciento―, se hacen préstamos bancarios, se venden activos productivos o se migra, puede hablarse de estrategias de crisis. Mientras que un nivel más elevado son las de emergencia, momento en que las personas no tienen más opción que consumir las semillas de la próxima siembra ―10%―, poner a trabajar a los niños que estaban estudiando o vender la casa o tierras.

Los hogares también pueden recurrir a estrategias de consumo de alimentos, y en este caso comen los productos menos preferidos o los más baratos ―54 por ciento―, reducen tamaño de las porciones de comida ―22 por ciento―, disminuyen número de comidas ―16 por ciento―, o piden alimentos prestados o regalados ―14 por ciento―.

Este comportamiento podría ser efecto del alza de precios en los alimentos, pero en el caso de las zonas urbanas también se habla de la migración a la capital y el aumento de la pobreza urbana.

¿Qué comen?

En cuanto al consumo de alimentos, el cuatro por ciento de los hogares a nivel nacional tiene un nivel pobre, 10 por ciento está en el límite, y 86 por ciento tiene un consumo mínimo aceptable.

Dicho indicador refleja la frecuencia y la variedad de los alimentos que normalmente comen las familias. Los resultados de la evaluación dicen que ingieren cereales ―granos básicos, raíces y tubérculos― seis días a la semana; cuatro veces legumbres ―preferentemente frijol y otras leguminosas, nueces y frutos secos―, lácteos tres veces, carnes dos, huevos tres, vegetales cuatro, y frutas tres. Mientras que productos del grupo de grasas y azúcares ―galletas, gaseas, jaleas, bebidas azucaradas― cinco veces a la semana.

Penutt refirió que los hogares se están llenando con alimentos ricos en grasas saturadas y azúcar, lo que provoca obesidad y contribuye a la doble carga de la malnutrición.

Los resultados presentados por el PMA indican que la población indígena tiene los porcentajes más altos de inseguridad alimentaria en el país, y es la comunidad lingüística q’eqchí la más afectada, con un 45 por ciento de hogares en esta condición.

El objetivo de la ESA es proporcionar información sobre las necesidades de los hogares guatemaltecos a todos los actores que atienden la inseguridad alimentaria para la toma de decisiones basada en evidencia, según Tania Goossens, representante y directora de país del PMA.

Ante estos resultados, Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, dijo que son el reflejo de una deuda histórica que el país arrastra, pero también muestra el camino que el gobierno sigue para sanar esas heridas, y resaltó las acciones que desde el Ejecutivo se han desarrollado para atender a población con inseguridad alimentaria y a niños con desnutrición.

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La compra, principalmente de granos básicos, fue encargada al Programa Mundial de Alimentos (PMA), luego que esta entidad suscribiera un convenio el año pasado, donde se comprometía a adquirir alimentos y privilegiar la compra a productores nacionales.

El convenio también incluía la distribución a los 340 municipios y el uso de la plataforma digital SCOPE para el registro y verificación de beneficiarios.

Este miércoles 21 de abril, durante una citación de varios diputados del Frente Parlamentario contra el Hambre con funcionarios de gobierno, incluido el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), José Ángel López, se señaló que había una investigación penal por la compra de alimentos que ingresaron al país de contrabando y fueron adquiridos por el PMA y posteriormente incluidos en los víveres del programa de Apoyo Alimentario.

Según López, hasta este miércoles desconocía que existía una investigación en marcha, como lo afirmó el representante de la CGC.

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El PMA, atendiendo un requerimiento de Prensa Libre, dijo desconocer si hay alguna investigación en marcha, pero afirmó que están dispuestos en cualquier momento a colaborar y facilitar cualquier información.

“Respecto a la investigación, no hemos recibido información oficial. Sin embargo, el PMA está totalmente dispuesto a colaborar con cualquier investigación en marcha, dentro del ámbito de nuestro conocimiento, y siempre que se sigan los procesos legalmente establecidos y a través de los canales oficiales, tal y como establece el convenio que el PMA tiene con los ministerios”, dijo e PMA a través de su oficina de comunicación.

Más denuncias

El ministro de Agricultura sí reconoció, en la misma reunión legislativa, que se presentaron varias denuncias contra diputados que han coordinado y dirigido la entrega del programa de apoyo alimentario, cuando le corresponde al Gobierno hacer este trabajo para evitar clientelismo.

Como ejemplo de estas irregularidades, Prensa Libre publicó el pasado 30 de marzo que el exalcalde de Retalhuleu y actual diputado del partido Valor, José Luis Galindo, había recibido y distribuido alimentos.

Según la denuncia  presentada a la Fiscalía Distrital de Retalhuleu el 25 de marzo de 2021, la hija del legislador, Angélica Sucely Galindo Motta, servía de intermediadora entre el Maga y beneficiarios de los diferentes programas de alimentos del ministerio sin ser trabajadora de la institución.

Ante estos señalamientos, el parlamentario dijo que eran denuncias sin sustento, con interés político y, lejos de aprovecharse del programa, solo fiscalizaba la distribución de alimentos en su distrito.

Nota del editor:
Esta nota se editó el 21 de abril a las 18.50 horas, para agregar la postura oficial del PMA.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz de 2021

El PMA recibe este galardón por “sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra”, declaró la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Es el duodécimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculada con Naciones Unidas.

El PMA fue fundado en 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias.

El organismo asegura que distribuyó el año pasado 15 mil millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países.

Las cifras pueden parecer enormes, pero solo representan una parte muy pequeña de las necesidades del mundo.

El PMA se autodefine como “la mayor organización humanitaria” en un mundo donde 690 millones de personas, es decir una de cada 11, sufrían en 2019 de manera crónica la falta de alimentos. Cifras que sin duda han empeorado este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En total, 211 individuos y 107 organizaciones eran candidatos al Nobel de la Paz este año.

BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

El premio, que consiste en una medalla de oro, un diploma y diez millones de coronas suecas (cerca de 1.1 millones de dólares, 950 mil euros) será entregado formalmente el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su fundador, el empresario y filántropo sueco Alfred Nobel (1833-1896), si las condiciones sanitarias lo permiten.

El año pasado, el premio fue adjudicado al primer ministro etíope Abiy Ahmed, por sus esfuerzos de acercamiento con el exhermano enemigo, Eritrea.

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Aumenta número de familias que necesitan asistencia alimentaria para combatir la desnutrición

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es una de las organizaciones de la comunidad internacional que respondió al llamado de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) para hacerse cargo de las visitas a las comunidades que las áreas de Salud no pueden cubrir por su lejanía en San Marcos, Sololá, Chimaltenango, Retalhuleu, Zacapa y Quetzaltenango.

Aunque con dos meses de trabajo aún no pueden brindar conclusiones sobre las visitas, Laura Melo (LM), representante del PMA en Guatemala, y Eunice López (EL), Oficial de Programas y Políticas, explican el número de visitas realizadas y casos detectados.

¿Cuál es la labor de PMA con las brigadas?

LM: Estas brigadas son un complemento a un proceso que es liderado por las instituciones del gobierno. Un niño que es detectado con desnutrición debe tener un seguimiento y eso lo hacen las instituciones de Salud del gobierno, nuestro rol es de facilitar ese proceso de identificación por la situación actual de la pandemia y por la percepción de que había un aumento de casos de desnutrición aguda, aunque en este periodo del año siempre hay un aumento de casos por diferentes factores pero hay una percepción que está subiendo más por el impacto de la pandemia, porque se redujeron los ingresos las familias y el acceso a alimento.

¿Cómo ha afectado las condiciones de la pandemia para la visita de los hogares y la evaluación de los niños?

LM: Este proceso se da en un contexto de covid-19 y estamos hablando de un acercamiento inevitable del niño y esto requiere también dar los equipos de bioprotección necesarios a los técnicos porque representa un riesgo también a las familias que están recibiendo gente que se está moviendo por diferentes puntos. Por la situación del covid-19 se adoptó una metodología más sencilla que es medir el perímetro del brazo porque normalmente es ver el peso y talla, pero esto requiere una exposición y un contacto físico con el niño mucho más directo.

EL: También muchas de las familias han reducido sus visitas a los centros de salud por el tema del covid-19 y porque no hay tanta facilidad de transporte. Además, por eso nacieron las brigadas, porque la idea era que tuviéramos un aumento de casos por la pandemia.

¿Cuántas familias han visitado y en qué situación las han encontrado?

EL: En los primeros cuatros departamentos hemos evaluado 18 mil 500 niños menores de cinco años y 13 mil niños de cinco a diez años. Hemos llegado a 12 mil hogares y todavía nos faltan mucho más familias y niños.

La situación de las familias no se puede generalizar porque los reportes de campo son percepciones, pero algunos dicen que las familias están haciendo algún recorte de los tiempos de comida, otros están priorizando la alimentación a los más pequeños, pero no podemos decir que es en todas las comunidades o en todo el país. También se han visto que los niños están más con sus papás por el encierro o porque el papá perdió el trabajo entonces están más en casa. Lo que les llamó la atención a algunos es que en las áreas rurales las familias se están alimentando un poco mejor que en las áreas urbanas donde utilizan alimentos de no muy buena calidad nutricional, en cambio en las áreas comunitarias hacen más consumo de alimentos locales.

¿Qué es lo que procede cuando encuentran casos de desnutrición?

EL: Las visitas son rápidas por lo mismo tema del distanciamiento, pero se revisan los cartnes de los niños, su esquema de vacunación. Si ven que al niño le hace falta alguna, pueden hacer la vacunación según los lineamientos de cada área de salud. Si el niño es detectado con desnutrición, se hace una confirmación del caso para saber si es desnutrido agudo o severo o si es moderado, también se verifica si es por algún asunto clínico previo y se evalúa si es necesario movilizarlo a algún hospital o centro nutricional. Al detectar un caso se les entrega de paquetes listos para su consumo, lo que damos es una pasta de maní con alto valor nutricional y se incentiva el consumo de alimentos locales.

Existe una percepción de que los casos de desnutrición aumentaron por la pandemia, según lo que ustedes han visto, ¿esto es en realidad así?

EL: Personalmente creo que es un poco pronto para saber eso, porque según el reporte de Salud si se ve que aumentaron, pero eso es porque cambiaron la forma de registrar los datos y los mismos de Salud dicen que deben hacer una revisión del sistema de este año y de los años anteriores para saber si es un aumento o solo es porque cambió el reporte. En los cuatro departamentos que hemos estado las brigadas han encontrado 200 casos en dos meses, pero esto se tiene que verificar con Salud para determinar si es un caso primario o secundario y si fueron detectados antes.

LM: Necesitamos tener un análisis más sistemático, las primeras indicaciones dicen que si podría haber un aumento pero aún es pronto para saber de cuánto es ese aumento.

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¿Cuál es su evaluación de la seguridad alimentaria de Guatemala?

Estamos preocupados por la situación del corredor seco. Nos preocupan mucho los índices de desnutrición crónica de casi 48 puntos en el caso de Guatemala.

El corredor seco es una zona extremadamente vulnerable por el tipo de población que es agricultora y de subsistencia y es un fenómeno que está afectando, no solo a Guatemala sino también a Honduras, El Salvador y Nicaragua.

¿Qué tan afectado está el corredor seco?

Estamos en una situación de emergencia en el corredor seco, por la sequía porque afecta particularmente la producción de alimentos y a quienes subsisten con eso y que está emparejado con la falta de empleo temporal por la disminución de los cultivos del café.

¿Cuántas personas están en riesgo en esa zona?

El año pasado habían casi 2.2 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, pero estamos haciendo una evaluación que estará lista a fines de noviembre para saber cómo está la situación en este momento.

¿El cambio climático es el principal factor de afectación a la seguridad alimentaria?

Ya no le llamaría cambio climático, lo que está ocurriendo ya es un patrón constante que implica que tiene que haber otro tipo de aproximación para trabajar particularmente con los agricultores de subsistencia en esa zona con un enfoque dirigido a resiliencia. Volverlos resilientes en términos de acceso al mercado para que puedan subsistir.

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¿Qué es lo más urgente para atender esta emergencia?

Los más importante es evitar que la situación se siga deteriorando, hay una necesidad de asistencia alimentaria, particularmente a las familias más vulnerables porque tiene una vinculación directa con el aumento de las tasas de desnutrición.

Hay que intensificar los mecanismos de detección y tratamiento de la desnutrición aguda. Es importante la educación nutricional para hacer cambios de hábitos de lo que se consume y hay que buscar mecanismos de inversión para diversificar sus medios de vida.

¿Y las causas estructurales de la inseguridad alimentaria?

Un elemento paralelo que siempre es importante es el acceso al agua potable, la promoción del acceso a los servicios de salud integrales y particularmente enfocado en la ventada de los primeros mil días de vida, que es la zona más crítica para el crecimiento y el desarrollo del niño.

¿La pobreza es una causa directa de la desnutrición?

Existe una incidencia directa entre los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria. El principal problema de inseguridad alimentaria, no solo en Guatemala sino en la región, es el acceso a alimentos. Que la mayoría de las personas no tengan ingresos para adquirirlos tiene un impacto directo en la propia seguridad alimentaria de las personas.

¿Reducir la pobreza reducirá también la desnutrición crónica?

No solamente sacar a las personas de la pobreza es una solución a la inseguridad alimentaria, porque muchas veces en los lugares donde se sale de la pobreza extrema no necesariamente utilizan el ingreso adicional adquirido para mejorar su seguridad alimentaria.

El enfoque tiene que ser integral, que vaya más allá del acceso a alimentos, que sean alimentos nutricionalmente accesibles, aparejado al acceso a la salud, mejorar el tema del consumo de la leche materna, vacunación y acceso al agua potable.

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¿Qué tan importante es el involucramiento de las autoridades locales?

Es fundamental desde dos aspectos. En la coordinación, es fundamental porque son clave en los sistemas de protección; además, las autoridades locales son las que pueden prevenir cuando la situación se deteriore.

No hay manera de fortalecer mecanismos de protección social a nivel local, si las autoridades locales no están involucradas.

¿Cómo se analiza a Guatemala en comparación con el resto de Centroamérica?

El tema crítico para Guatemala es el nivel de desnutrición crónica, que requiere un plan de largo plazo que pase más allá de un gobierno específico, para poder brindar alimentos, pero también tener una perspectiva integral.

En América Central, sin duda Guatemala es el país con más nivel de desnutrición crónica y es uno de los principales problemas que tiene y debería ser una de las prioridades del gobierno entrante.

Lo paradójico en Guatemala es que los niveles de desnutrición crónica van mucho más allá del corredor seco y eso se debe a un tema de patrones de consumo. Hay que buscar cambiar los patrones de consumo a través de conocimiento, para que puedan consumir alimentos con proteína animal que está carente en la dieta de los centroamericanos y guatemaltecos en particular.

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¿Por qué es necesario reducir los índices de desnutrición crónica?

Para entender el impacto de la desnutrición crónica en un niño, implica que este niño probablemente no pueda ser recuperado, ni siquiera a través de programas de alimentación escolar y lo que genera a largo plazo es no tener población que se pueda integrar al mercado de manera competitiva y eso tiene un impacto en el desarrollo global de la economía y en el desarrollo del país, así como en la seguridad pública.

¿Quiénes son los responsables de atender este problema?

Esto es un circulo vicioso, por eso se requiere y se busca y podemos apoyar al Estado, no solo de Guatemala sino de otros países para promover un plan de largo plazo que sea aceptado y consensuado por todos los sectores de la sociedad.

El tema de la inseguridad alimentaria y particularmente de la desnutrición crónica no pasa exclusivamente por el gobierno, es un tema que toca a todos, a la familia, al sector privado.

La clave y el éxito en otros países ha sido tener planes de largo plazo, que sean sostenibles y que no cambien en el tiempo.

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“El mundo no habla demasiado acerca de El Niño y cuando lo hace alude a frica del Este y del Sur, pero no a Centroamérica. El mundo se centra en países como Etiopía, olvidando a las naciones de ingresos medios de las que la comunidad internacional espera que ellas mismas puedan solucionar sus problemas, cuando en ocasiones no pueden”, continúa.

Solo en Guatemala, alrededor de 154 mil familias han perdido entre el 50 por ciento y el cien por ciento de sus cosechas de maíz y fríjoles a causa de la sequía, lo que ha dejado a 40 municipalidades del Corredor Seco en situación de riesgo alimentario moderado o severo.

Todo esto agravará las cifras ya desbordadas de desnutrición en la nación centroamericana: actualmente, el 46 por ciento de los escolares del país sufren este problema que lastra su rendimiento académico y personal.

Pero no solo se trata de Guatemala. Uniendo la cifra de afectados de esta nación, de El Salvador, Honduras y Haití, son más de 5,6 millones las personas damnificadas por los efectos devastadores de El Niño, por lo que el PMA implementará un plan hasta el próximo mes de agosto para beneficiar a 1,6 millones y que requiere de cien millones de dólares.

El éxito, señala Cousin, requiere trabajar “por adelantado”: conseguir que las poblaciones vulnerables “no tengan que esperar las lluvias erráticas”  de la región para “plantar los vegetales”  con los que alimentar a sus familias y conseguir ingresos por su venta.

Hace cinco años, explica, estas poblaciones del Corredor Seco cultivaban las laderas de las montañas, pero “como no llueve y la irrigación allí es muy costosa”  este modelo se ha vuelto improductivo: “Es necesario cambiar lo que hacemos para ayudarles a garantizar su seguridad alimentaria”.

Aunque el mundo parece olvidarse del drama de la desnutrición en Centroamérica, “por aquí no se ven barrigas hinchadas”, arguye Cousin, lo cierto es que las cifras siguen subiendo: “Por ejemplo en El Salvador, las tasas de desnutrición aguda están subiendo”. Una realidad que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén restringe a las zonas marginales del país.

Lo cierto es que en esta región del mundo existe una amenaza silenciosa, “el hambre oculta”, provocada por una alimentación deficiente, carente de los nutrientes básicos para el desarrollo “físico y mental”  de los menores.
Un enemigo al que la PMA le ha declarado también la guerra para ofrecer a Centroamérica una salida al drama de la desnutrición.

La próxima semana visitará Haití, otro de los países que preocupa al PMA, el que junto con los tres que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica  (Honduras, Guatemala y El Salvador), suma más de 5,6 millones de personas con hambre.

La Junta Ejecutiva es el órgano de gobierno de esa organización compuesta por 36 países y se encarga de aprobar las políticas y programas de cooperación para enfrentar el hambre y otros problemas relacionados. Además supervisa las actividades del PMA en el mundo.

“Estamos muy complacidos por la elección. Tenemos la certeza de que cumplirá su rol eficazmente”, dijo Mario Touchette, representante de PMA en Guatemala.

La elección “muestra el compromiso y los esfuerzos del Estado de Guatemala para promover la seguridad alimentaria y nutricional, a nivel nacional e internacional”, dijo el PMA por medio de un Comunicado de Prensa.

El PMA tiene varios programas de apoyo en ayuda alimentaria en el corredor seco por los altos niveles de desnutrición, además de otras donaciones por los efectos ocasionados por la roya, entre otros.