Entre las seis solicitudes de retiro de inmunidad que realizó el Ministerio Público (MP) en la pesquisa que nombró Caso Toma de la Usac: botín político, resaltan las impuestas en contra del binomio presidencial recién electo.

Ambas solicitudes generaron dudas respecto al procedimiento que deben seguir. Constituyentes consultados aseguraron que la ley no es específica respecto al proceso de antejuicios de presidente y vicepresidente electo. Hasta ahora no había ningún precedente de denuncias en contra de autoridades que no han tomado posesión.

Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron mencionados en el nuevo caso del MP porque la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación considera que la toma del campus de la universidad nacional fue aprovechada como plataforma política por el partido Movimiento Semilla.

Como parte de las acciones del ente investigador, el pasado 17 de noviembre la fiscalía realizó seis solicitudes de retiro de antejuicio en el Organismo Judicial. Además de las de el binomio electo, también la petición alcanza a los diputados Carlos Barreda, Samuel Pérez, Adán Pérez, y el diputado electo Raúl Barrera.

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En un principio se anunciaron ocho solicitudes, sin embargo, solo seis fueron presentadas. Los otros dos diputados son Aldo Dávila y Román Castellanos.

Antejuicio

En distintos círculos se abrió la discusión sobre si el dúo presidencial electo tiene inmunidad, porque las normativas legales al respecto no son claras.

El constituyente Aquiles Faillace aseguró que con base en una interpretación extensiva se sobre entiende que sí gozan del derecho. Explicó que el artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) es claro en otorgar protección a los candidatos, inmunidad que termina el día que pierden las elecciones.

En el caso de los ganadores la mantienen porque sería riesgoso en cuanto a persecuciones políticas que la perdieran en los meses anteriores a que tomen posesión de los cargos.

“El tema de fondo parece estar en que las credencial no tiene fecha de caducidad, solo de inicio de vigencia, se está tratando de argumentar que por haber cerrado el período electoral se esta caducando la validez de la credencial y esto no es así”, dio a conocer.

Declaró también que se está buscando poner en duda la inmunidad del binomio electo porque es un grupo el que se niega a reconocer los resultados obtenidos y tratar de poner en riesgo la toma de posesión. “La democracia se construye sobre los hombros de buenos perdedores”, puntualizó.

En esa misma línea, el constituyente Roberto Alejos también aseguró que los electos sí gozan de inmunidad, además que Arévalo también tiene el derecho de antejuicio por ser diputado en funciones.

Presidente y diputado

Debido a las dos calidades de Arévalo se podría atacar su inmunidad como presidente electo y como legislador, o bien, ambas. Alejos refirió que hay un vacío legal respecto a qué organismo debe de conocerlos.

“Lo que sucede es que hay un vacío, porque la Ley en materia de Antejuicios no dice quien tiene que conocer el antejuicio contra presidente y vicepresidente electo”, detalló.

La misma normativa señala que en los casos no previstos se debe de remitir a Salas de Corte de Apelaciones para conocer los antejuicios.

En dicha Ley se establece que el Congreso debe de conocer las solicitudes de antejuicio de presidente, vicepresidente, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

Al OJ las de los diputados del Congreso y Parlamento Centroamericano, candidatos a presidente y vicepresidente, magistrados de Salas de Corte de Apelaciones y jueces. Y a las Salas de Corte de Apelaciones les corresponde los candidatos a alcaldes, a diputados y los que salgan electos.

Alejos también compartió desde su punto de vista que si se ataca la inmunidad de Arévalo como diputado no hay vacío legal, pero el juez pesquisidor tendría menos de dos meses para resolver, antes que Arévalo asuma la presidencia y finalice su periodo en el hemiciclo.

Por otro lado, si el MP hizo la solicitud como presidente electo, no tiene límite de tiempo. Aunque no hay claridad sobre el procedimiento a seguir, si fue como binomio precidencial es el Congreso a quien le correspondería de haber ya tomado posesión. “Nadie había demandado al presidente y vicepresidente electo”, agregó.

A criterio de Faillace, como Arévalo tiene dos calidades se debiera de hacer una solicitud por cada uno de los cargos.

Debiera rechazarse

Ambos constituyentes coinciden en que no debieran de avanzar los antejuicios. Alejos considera que tomar las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala es una manera de protesta que siempre se ha utilizado.

“Ya hay un precedente. Es una forma de actuar en la autonomía universitaria, en donde las protestas de los estudiantes y catedráticos es la toma de las  instalaciones”, acotó.

Además que de darle trámite se estaría violando también la libertad de los candidatos a expresarse durante la campaña electoral, advirtió.

De la misma manera, Faillace explicó que la ley establece que la petición debe ser rechazada cuando sea por motivos espurios, políticos e ilegítimos.

Defensa

Faillace también describió que como diputado Arévalo debió haber realizado hace semanas una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para que se aclarara en definitiva el antejuicio de los candidatos electos.

Andrea Reyes, diputada electa y abogada de Semilla, dijo que se está preparando la defensa legal del binomio, la cual se conocerá en los próximos días.

El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, reaccionó luego de que la CC otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso la solicitud del retiro de antejuicio en contra del funcionario.

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Queda en suspenso la resolución del 31 de julio dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el expediente de antejuicio 46-2020 y deja sin efecto toda actuación tendiente a la persecución contra el funcionario.

En declaraciones del lunes 3 de agosto, el funcionario afirmó que siempre ha confiado en la justicia. Castillo aseguró que lo que ha hecho la CC es una valoración de lo que ha sido una demanda espuria, política e ilegítima sin ningún sentido.

Dijo que la denuncia obedece a que se hizo un nombramiento temporal que, según él,  llena las calidades de ley en una abogada que tiene las calificaciones para ocupar temporalmente el puesto de secretaria de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), porque el secretario titular renunció.

Añadió que el proceso público de convocatoria por oposición para ocupar el cargo en la Senabed, comenzó antes de la asignación temporal porque las nuevas autoridades deben tomar posesión el 7 de agosto, y en consecuencia contra esa decisión fue que se presentó la solicitud de retiro de antejuicio.

Dijo que le sorprendió lo sucedido; sin embargo, presentaron el amparo porque es necesario que prevalezca la justicia y para que esto no pudiera llegar al Congreso “innecesariamente”.

Cuando le cuestionaron si en el mismo gobierno podría existir algún tipo de situación en su contra, el vicemandatario respondió: “ese tipo de calificaciones yo me puedo imaginar de dónde vienen, pero pues por ética y por profesionalismo no me puedo pronunciar al respecto”.

Afirmó que ha recibido incansables llamadas y mensaje de muchos sectores y amigos, de mismos diputados del Congreso  que no entendían por qué esta situación pudo haberse dado y “que en el Congreso nunca iba a prosperar porque no iban a lograr tener los 107 votos necesarios”.

“Complacidos porque la CC haya otorgado el amparo provisional, me parece lo más justo, Dios sabe que estamos haciendo las cosas correctas, transparentes”, manifestó el vicepresidente.

Agregó que nunca imaginó que nueve magistrados solo le dieron trámite a la solicitud de retiro de antejuicio, cuando existe amplia jurisprudencia de la CC que establece que la CSJ debe valorar y analizar el caso y si se advierte que si es ilegítimo, espurio y político y no llena las condiciones de un proceso sea rechazado in límine

Lo mandaron al Congreso y “ya no llegó porque se presentó el amparo y ahora el expediente los tiene la CC”, dijo.

Indicó que no hay ningún otro proceso para solicitud de retiro de antejuicio en su contra, aunque aseguró que había algo relacionado porque visitó al fiscal Juan Francisco Sandoval, la visita fue institucional para coordinar actividades como parte de atender las funciones que le corresponden.

“No tengo ningún problema con la justicia, primero Dios no le tendré ni acá y en ningún lugar”, externó Castillo.

-Vicepresidente @GuilleCastilloR ¿cree que la CSJ recibió presión externa para resolver con tanta prontitud la solicitud de retirarle el derecho de antejuicio?

– *El vicepresidente: pic.twitter.com/PYpgBsfOmF

— Felipe Garrán_GTV (@FeliGarran_GTV) August 3, 2020

La Corte de Constitucionalidad (CC) informó este lunes de 3 de agosto  que otorgó amparo provisional contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y deja en suspenso la solicitud de retiro de antejuicio contra Castillo.

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En la resolución de la CSJ se ordenaba la remisión al  Congreso de las diligencias de antejuicio promovidas por Nimrod Israel Estevez Gonález contra Castillo.

Añade que en consecuencia, este tribunal deja en suspendo la resolución del 31 de julio dictada por la CSJ en el expediente de antejuicio 46-2020 y deja sin efecto toda actuación tendiente a la persecución del vicepresidente de la República.

De manera unánime los magistrados de la CC Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía, Henry Comte y José Par Usen otorgaron el amparo provisional al vicepresidente.

Estuvieron ausentes los magistrados Neftaly Aldana y Dina Ochoa.

El vicepresidente fue denunciado por el supuesto nombramiento ilegal de una abogada al frente de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio.

El domingo 2 de agosto, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que daba trámite a una solicitud de retiro de antejuicio por el supuesto nombramiento ilegal.

El 31 de julio, Castillo comentó que la solicitud de retiro de inmunidad de espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información con la que cuenta, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Este domingo el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que da trámite a una solicitud de retiro de antejuicio por el supuesto nombramiento ilegal de una abogada al frente de la Senabed.

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Esta acción de amparo ingresó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a las 11:16 horas de este 2 de agosto.

Según la ley, para el nombramiento del secretario de la Senabed se debe realizar una convocatoria para la conformación de una comisión revisora que analice y entreviste los perfiles y, a partir de ahí, escoger a la persona idónea.

Castillo explicó que este nombramiento se hizo de forma temporal para completar el periodo de dos meses del secretario anterior que renunció, mientras que se iniciaba con el proceso de elección del nuevo funcionario.

La resolución de fecha 31 de julio de 2020 tuvo el voto favorable de nueve de sus magistrados para que la solicitud de antejuicio fuera enviada al Congreso de la República para su trámite correspondiente.

Hasta el momento, el Congreso ha dicho que no han recibido ninguna notificación sobre este hecho, pero mientras tanto, Castillo accionó contra esta resolución tildándola de “espuria”.

El pleno de magistrados fue convocado para celebrar una sesión extraordinaria para conocer el expediente este lunes 29 de junio, día de asueto en Guatemala por la conmemoración del 30 de junio Día del Ejército.

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Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, explicó que se programó la sesión para conocer el antejuicio promovido contra el parlamentario.

El pasado 17 de junio la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó, por cuarta ocasión, que los magistrados de la CSJ emitan una nueva resolución en el proceso contra el diputado Alejos Lorenzana, señalado en el caso Traficantes de Influencias por el Ministerio Público.

Antecedentes

La CC declaró con lugar el recurso de apelación que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y le otorgó el amparo provisional, con lo cual quedó en suspenso el fallo de la CSJ.

Anteriormente, el 2 de marzo del 2020 en una sesión extraordinaria, los magistrados de la CSJ resolvieron mantener la inmunidad de Alejos Lorenzana.

En dos ocasiones, los fallos habían sido a favor del diputado, quien en la actualidad es el primer secretario de la junta directiva del Congreso.

El 21 de noviembre del 2018 se conoció el primer fallo, y la CSJ rechazó por unanimidad retirar el derecho de antejuicio, algo que había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Fiscalía Especial señala al diputado Alejos Lorenzana en el caso Traficantes de Influencias, en la cual se agilizaban las gestiones para la devolución del crédito fiscal a cambio de una comisión en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Quien promovió la solicitud de retiro de la inmunidad fue Adelaila Vásquez de Peña, quien denuncia que en 1999 conoció al diputado cuando este se desempeñaba como jefe de una agencia bancaria en Escuintla.
 

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Según consta en el antejuicio número 01018-2018-00030, la denunciante asegura que Trejo se comunicó con uno de sus hijos y le indicó que “si el banco no se hacía responsable, él se responsabilizaría y en garantía le daba una finca de un amigo de él”.
 
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que los magistrados tomaron la decisión de retirarle el fuero al legislador ayer, pero aún no ha sido oficializada debido a que no se ha notificado al parlamentario, algo que podría ocurrir en el trascurso de este jueves.
 
Prensa Libre intentó obtener una postura del legislador respecto a la decisión de la CSJ de retirarle el fuero, pero no respondió a las llamadas hechas a su celular.

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Otros casos

Esta no es la primera vez que Trejo pierda la inmunidad, pues la CSJ ya le ha retirado el fuero en dos ocasiones distintas por denuncias similares. Trejo, que integra la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), es señalado de delitos de apropiación y retención indebida, asociación ilícita, estafa propia y caso especial de estafa.
 
El 29 de agosto último la CSJ resolvió que se le retirará la inmunidad por estafa, en esa ocasión fue señalado de falsificar certitificados de depósito y apropiarse de dinero de manera ilícita.
 
Por unanimidad la Corte declaró con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por la entidad Tornos y Servicios, SA., a través de su gerente y representante legal Rolando Peña Vásquez -hijo de Adelaila Vásquez de Peña- en contra de José Domingo Trejo de la Roca.

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El 31 de julio del 2016 los magistrados de la Corte Suprema resolvieron retirarle la inmunidad al diputado José Domingo Trejo, señalado de estafa por emitir cheques sin fondos.
 
El magistrado Nester Vásquez, quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, indicó que la decisión de los magistrados fue por unanimidad.
 
Los documentos cambiarios eran por Q50 mil y Q70 mil, a nombre de Édgar Paiz, quien colocó la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de estafa. El diputado reconoció que los cheques los había emitido porque hacía negocios con Edmundo Paiz.

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Otros casos

José Domingo Trejo, fue electo por la Unidad Nacional de la Esperanza, pero fue expulsado del partido, en abril del 2015, luego de que patrocinara un evento en Escuintla donde edecanes con poca ropa promovían la imagen del partido.
 
El ahora diputado oficialista se separó de la UNE y ese partido le pidió que se disculpara porque consideraban que la acción promovida por Trejo  era denigrante para la imagen de las mujeres.

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Los miembros de la Comisión Pesquisidora que revisa las diligencias de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales se reunieron este lunes y acordaron que posteriormente a recibir un borrador del informe final podrían votar para emitir una recomendación.
 

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“Vamos a recibir el primer borrador de ese documento para estar pendientes de aquí al viernes que es lo que hemos acordado, nos reunamos para poder tener la recomendación al pleno”, aseveró el presidente de la Comisión.
 
El congresista señaló que la Dirección Legislativa tiene el resumen y un borrador del informe antes convocará a sus colegas a una reunión para que se analice y vote.
 
“El —informe— final dependerá de la reunión que tengamos para hacer la votación y que cada quien respalde su voto”, aseveró Montenegro.
 
No descartó que la votación se adelante e incluso aseguró que él en lo personal está listo para emitir su voto y que ya tienen todo su razonamiento elaborado.
 
Aseguró que aunque está pendiente que el borrador sea entregado, la parte toral será la votación que se tendrá que hacer para saber qué se recomendará al pleno retirarle o no el fuero al mandatario.

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Trabajo

La Comisión Pesquisidora llega a la etapa final de su trabajo luego de analizar el expediente, escuchar audios y atender audiencias públicas con representantes del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral.
 
Los pesquisidores también escucharon al abogado del presidente Jimmy Morales, quien presentó los descargos del mandatario. Invitaron a más de 40 actores mencionados del expediente pero solo llegó uno.
 
Cuando se elabore el informe final, este deberá ser entregado a la Dirección Legislativa que lo distribuirá entre todos los congresistas.
 
Independientemente de la recomendación de los pesquisidores los diputados deberán  votar para decidir si el mandatario pierde o no su inmunidad y pueda ser investigado.

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Juan Carlos Borrayo fue quien representó al mandatario Jimmy Morales ante la pesquisidora que conoce el antejuicio que busca que se permita una investigación por supuesto financiamiento ilícito del partido FCN-Nación durante la campaña electoral del 2015.

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El primer punto que presentó el abogado “es que la solicitud de retiro de inmunidad en contra del mandatario es político”.

Borrayo indicó que el antejuicio fue impulsado por la exfiscal del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y resaltó que la exfiscal tiene aspiraciones políticas y el segundo tenía la pretensión de que se renovara el mandato de Cicig y continuar como comisionado en el país.

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Borrayo también señaló que la investigación que realizó el MP tuvo poco tiempo para ser analizada y se benefició a una persona con criterio de oportunidad, alguien que, según su criterio, no procedía, porque los beneficios de colaboración eficaz solo se aplican a personas que participan en el crimen organizado.

En este aspecto, señaló Borrayo, el MP tuvo una persecución selectiva, pues el caso es por financiamiento para pago de fiscales electorales y hay personas que aportaron dinero y no están ligados al proceso.

El representante de Jimmy Morales también señaló que, previo a la presentación del antejuicio, Aldana y Velásquez hicieron presión para que se hiciera, incluso con una acusación falsa. 

Borrayo se refirió  a la denuncia que el excanciller Édgar Gutiérrez hizo en contra del presidente por supuestas violaciones sexuales, lo que calificó como un ataque para quitarle la credibilidad al presidente.

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El abogado aseguró que estos son elementos suficientes para considerar que la solicitud de antejuicio es de carácter político.

Más argumentos

Otro punto que defendió el abogado de Morales es que el antejuicio es espurio y falso, y señaló que para eso primero “hay que preguntarse qué cuerpo ilegal de seguridad o aparato clandestino está presente en la investigación, porque son las competencias de la Cicig”.

El abogado se concentró en intentar explicar por qué la participación de la Cicig dentro de la solicitud de antejuicio en contra del presidente era ilegitima.

Además, afirmó que el caso está basado en la Ley Electoral, la cual a su criterio no tipifica delitos y penas, por lo cual está mal planteado.

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La defensa de Morales ante la pesquisiodra se centró en que el mandatario no tuvo participación en los hechos que se le imputan, porque el mandatario “le dijo a los empresarios que no quería dinero”.

Por último, señaló que hay una doble persecución en contra del presidente, porque la solicitud de antejuicio de este año es muy parecida a la del 2017, y porque el Tribunal Supremo Electoral ya sancionó al partido por esos errores en la declaración de financiamiento.

Durante la presentación que hizo el representante del presidente acudieron al salón el jefe de la bancada oficialista Javier Hernández Franco, lo acompañó el diputado Juan Manuel Giordano, ambos congresistas escucharon al abogado y se retiraron sin dar declaraciones.

Agilizan informe

Despúes de la exposición del abogado de Morales, ningún diputado pesquisidor tomó la palabra para ampliar algún tema, a diferencia de las otras audiencias públicas donde participaron los representantes del MP, Cicig y Tribunal Supremo Electoral, donde la interrupción no permitía la exposición de los argumentos de los citados.

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El diputado Rudy Pereira, uno de los cinco pesquisidores, señaló que ya tenía los elementos suficientes para comenzar a hacer el análisis y elaborar el informe circunstanciado.

Esta idea fue secundada por el diputado Fidel Reyes Lee y el presidente de la Comisión Luis Fernando Montenegro, quien propuso que el próximo lunes se decida si se presenta antes del 25 de octubre el informe al Pleno.

Óscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales, fue consultado sobre lo que el abogado representante del mandatario señaló durante la audiencia pública.

El fiscal explicó que no tuvo tiempo de escuchar los argumentos que el abogado expuso a la comisión y que no se podía pronunciar al respecto.

Schaad se limitó a decir que si no se tuvieran los indicios suficientes que los hicieran dudar no se hubiera presentado la solicitud de antejuicio.

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El expediente de solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales llegó a la instancia de Jefes de Bloques este lunes. Ahí se agendó para la sesión de este martes, donde se integrará por sorteo la comisión pesquisidora que conocerá el caso.

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Durante la discusión, Arzú Escobar hizo referencia a los jefes de bloques sobre el procedimiento fijado en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicios, que ordena al Congreso a conocer en la sesión más próxima el proceso de antejuicio.

“Cuando el Congreso deba conocer de un antejuicio en contra de un dignatario que por razón del cargo goce de ese derecho —antejuicio—  […] La Junta Directiva deberá hacer saber del proceso en la próxima sesión plenaria que se celebrará no más de ocho días después de su recepción e iniciará el trámite del asunto”, señaló el presidente del Congreso.

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Resaltó que según la ley, en esa misma sesión el Congreso deberá integrar la Comisión Pesquisidora por cinco miembros por sorteo.

“La razón por la que digo esto es porque existía alguna duda sobre si tenía que ser leído primero el martes —el antejuicio— y hasta el día siguiente integrar la comisión, sin embargo, queda bastante claro que es en la misma sesión en la que es leída que se debe conformar la comisión”, aseveró Arzú Escobar.

El Orden del Día propuesto por la Junta Directiva del @CongresoGuate para la sesión plenaria de mañana incluye que se conozca la solicitud de antejuicio en contra del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/kuIWD5n9Vg

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) August 27, 2018

Proceso

Según la Ley en Materia de Antejuicios, la Comisión Pesquisidora será conformada por cinco miembros electos por sorteo entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.

El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión, el segundo actuará como secretario y los restantes tres congresistas serán los vocales de la pesquisidora.

Posteriormente los miembros de la Comisión Pesquisidora examinarán el expediente, escucharán a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté señalado y practicará las diligencias que soliciten las partes, recabando toda información y documentación pertinente.

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Al finalizar su investigación y consideraciones, la Comisión emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno en una sesión ordinaria del Congreso.

La ley no menciona ni un plazo mínimo ni máximo de cuándo debe la comisión pesquisidora entregar el informe sobre la solicitud de antejuicio.

Por ley el trabajo de la Comisión no determinará ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado, pues su propósito consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez.

Luego de que el informe sea discutido en el pleno se hará una votación. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto, en uno u otro sentido, de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

Si el fuero le es retirado al presidente, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda, pero si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada.

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El último caso es que el antejuicio no logre el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, en ese caso, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa y estará a disposición del Pleno del Congreso.

Confirman presencia

Javier Hernández Franco, jefe de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), luego de conocer que mañana se sorteará la integración de la Comisión Pesquisidora en contra del presidente afirmó que el oficialismo estará presente en la sesión.

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“Nosotros estamos presentes aquí —Congreso—, este es un proceso legal el cual vamos a lleva a cabo”, señaló Hernández Franco.

El congresista fue consultado si pedirían que se fije algún plazo a la Pesquisidora para que entregue su informe, pero señaló que el oficialismo no tiene ninguna posición al respecto.

El parlamentario fue consultado sobre lo que podría pasar una vez se conforme la postuladora: “Este es un sorteo, no se puede suponer o dar una declaración de un supuesto; es una tómbola y es a la suerte. Hay que esperar para ver quiénes serán las personas que la integrarán”.

Hernández Ovalle también fue consultado sobre si la cercanía en el proceso electoral podría influir en la votación que se tendrá que hacer en el pleno para quitarle el fuero al presidente.

“Quisiera pensar que los señores asambleístas sean imparciales en el tema y su forma de pensar no sea permeada por su proximidad con las elecciones”, aseveró el jefe del oficialismo.

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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron el viernes el antejuicio contra el mandatario al considerar que en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) recursos para la campaña presidencial.

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En septiembre del año pasado el Organismo Legislativo rechazó en dos ocasiones quitarle la inmunidad al presidente para que fuese investigado por el mismo delito que ahora se le señala. Ese caso quedó archivado.

Protección del Legislativo

El Congreso sigue siendo el mismo. Su presidente ahora es Álvaro Arzú Escobar, el hijo del fallecido alcalde metropolitano y expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú (1996-2000), quien fue un gran aliado de Morales.

Ya el vicepresidente del poder Legislativo, Felipe Alejos, sobre el que también pesan denuncias por tráfico de influencias, adelantó que de llegar al Parlamento la solicitud de desafuero del mandatario no va a prosperar.

El diputado opositor asegura que no permitirá que se le de “un golpe” al presidente y que se desestabilice el país, y atribuye las acciones judiciales en su contra a “un odio desmedido y sistematizado” orquestado por el comisionado Iván Velásquez y la exfiscal, Thelma Aldana, quien no esconde sus aspiraciones políticas.

Analistas políticos tampoco creen que el proceso vaya a recibir el voto de los 105 diputados para que el jefe de Estado sea sometido a una investigación y el “pacto de corruptos” en el Congreso podría salir de nuevo victorioso.

En su primer pronunciamiento, el presidente dijo que era respetuoso del Estado de Derecho y que confía “en un procedimiento enmarcado en derecho y ajeno a intereses políticos”.

Además, que dejaba en manos de las instituciones consagradas en la Constitución del país la “solución a esta nueva causa” promovida en su contra.

La fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, quien estuvo acompañada el viernes del comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, a quien el presidente intentó sin éxito sacar del país el año pasado tras la primera petición de desafuero, asegura que la petición para que se le levante la inmunidad al mandatario es para comenzar una investigación.

Tanto el organismo de las Naciones Unidas como la Fiscalía, tienen el testimonio de varios poderosos empresarios que admitieron haber financiado la campaña de FCN-Nación en el 2015 de forma anómala.

El colectivo político recibió, según la investigación preliminar, más de 7.56 millones de quetzales (más de 1,01 millones de dólares) para el pago de fiscales para la primera y segunda vuelta electoral celebradas el 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, respectivamente.

La nueva denuncia agrega el hallazgo de 359 mil 899 quetzales (48 mil 114 dólares) de financiación al partido para pagar las capacitaciones de los entonces candidato, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, actual vicepresidente del país.
De esa cuenta la financiación que no se reportó al Tribunal Electoral supera lo 7.92 millones de quetzales (US$1.05 millones de dólares).

En abril pasado el grupo de grandes empresarios que entregó dinero para financiar ilegalmente la campaña del ahora partido gobernante mostró su arrepentimiento y pidió disculpas al pueblo por tomar con “premura” esa decisión en el contexto de una crisis política.

En el 2015 las denuncias de corrupción en contra del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, desbordó en sendas protestas en las plazas hasta que renunciaron. Ambos están presos y procesados por varios delitos.

Fue el trampolín perfecto para que Morales, que era más conocido por sus facetas de comediante en la televisión que por político, saltara a la arena y ganara la presidencia de Guatemala.

Si la justicia no lo alcanza, el actual mandatario deberá entregar el poder el 14 de enero de 2020. 

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La mañana de este jueves representantes del alcalde capitalino presentaron un memorial al juzgado noveno dónde se excusa para no asistir a la audiencia.

En un comunicado emitido por la Municipalidad de Guatemala se indica que Arzú “ha cumplido con atender las citaciones del Juzgado Noveno”.

Señala que la primera vez que atendió el requerimiento fue por escrito el 18 de enero último y la segunda por medio de un mandatario judicial el 25 de enero pasado.

El comunicado precisa que “actualmente se encuentran pendientes de resolución amparos y diligencias en diferentes instancias judiciales”.

Además que está “pendiente de resolver en definitiva la recusación promovida oportunamente”, señala el documento.

“Todo lo cual implica, que no es oportuno comparecer personalmente a la citación formulada”, finaliza el comunicado emitido por la comuna capitalina.

Señalamiento

Los señalamientos contra Arzú fueron hechos por el extrabajador municipal Luis Alberto Véliz Luna, y se basa en un discurso que habría realizado el edil durante el aniversario de la Plaza El Amate en la 18 calle de la zona 1, en el cual habría incitado a la violencia entre comerciantes.

El pasado 10 de mayo la Corte de Constitucionalidad (CC) falló en contra del alcalde capitalino Álvaro Arzú, e indicó que este debía acudir  al juzgado donde se tramita la solicitud para retirarle la inmunidad.

El máximo tribunal del país notificó que se revoca la  sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, que lo benefició al indicarle que no era necesario que compareciera ante la jueza pesquisidora Silvia Morales a presentar  pruebas de descargo.

Tan solo un día antes, la CC dio a conocer otro fallo adverso a Arzú, pues dio  razón a la Sala Segunda, que no quiso ampararlo.

En el fallo  de la Sala Tercera se indicaba que era suficiente con enviar por escrito su argumentación de defensa, pero ello quedó sin efecto.

Para la CC, la solicitud de Arzú de ser amparado “carece de efecto agravante”, dice el fallo y agrega que en el momento en que Morales citó al alcalde,  está “garantizando con ello los derechos constitucionales del funcionario, evidenciándose con tal actuar únicamente que ha procedido en el ejercicio de las facultades legales otorgadas por la ley”.

El último fallo del tribunal constitucional, relacionado con el antejuicio del alcalde capitalino, fue hecho público el  9 de mayo.

Según la investigación preliminar, se estableció que Duarte Barrera fungía como encargado del despacho, subdirección legislativa de asuntos jurídicos del Congreso de la República y había solicitado una licencia sin goce de salario  el 2 de julio último, sin embargo tomó posesión como magistrado de la CC sin haber renunciado al cargo.

Entre los indicios documentales que cuenta el MP está la carta de renuncia, porque tiene fecha de entrega el 17 de agosto de 2015 y la Ley establece que para ser magistrado no debe de tener otro cargo.

El juez de Primera Instancia debe enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia  (CSJ), para que lo remita al Congreso para que ahí continúe el trámite correspondiente y se determine si se le despoja de la inmunidad.

Duarte Barrera fue electo magistrado titular de la CC en julio pasado con el apoyo de 89 votos en el Congreso de la República, el apoyo definitivo lo recibió de la bancada del Partido Patriota.

El magistrado que ahora enfrenta una solicitud de antejuicio, ingresó a la Corte de Constitucionalidad como notificador en 1987, en 2006 fue nombrado Abogado Coordinador I de la Magistratura II, puesto que desempeño hasta junio de 2013.

En julio de 2013 Duarte Barrera fue nombrado Abogado Asesor del Despacho de la Secretaría Privada de la Presidencia, a cargo de Gustavo Martínez, yerno del ex presidente Otto Pérez Molina y en febrero de 2014 llegó al Congreso como Subdirector Legislativo de Asuntos Jurídicos, para luego asumir como Director del Departamento Legal, último puesto desempeñado antes de ser nombrado magistrado de la CC.