Mitos sobre el voto indígena en Guatemala

Los resultados electorales del 2003 al 2015 indican a que no hay un voto étnico en Guatemala y que las diferenciaciones más evidentes son por factores como el clientelismo o las diferencias urbanas-rurales.

Raxruha, Alta Verapaz. Centro de votacion Sechaj. En la imagen una mujer indigena emite su voto.  Foto Prensa Libre: Eduardo Sam Chun
Raxruha, Alta Verapaz. Centro de votacion Sechaj. En la imagen una mujer indigena emite su voto. Foto Prensa Libre: Eduardo Sam Chun

Un estudio comparativo de la Supervisión Electoral de la Procuraduría de los Derechos Humanos 2019, efectuado en los 13 municipios de mayoría indígena más poblados del país, apunta a que la variable étnica no es determinante para la inclinación del voto. Sin embargo, se identifican un déficit de centros de votación en comunidades indígenas en proporción a las urnas en zonas urbanas y una constante práctica clientelar para garantizar el voto.

El análisis divide, además, a los departamentos según los rangos de población indígena entre 0 y 25 por ciento; entre el 25 y 50 por ciento; y entre 50 y 75 por ciento.  Según el estudio, el 41 por ciento de los empadronados están en el primer rango, entre 0 y 25 por ciento. El 19 por ciento de empadronados en departamentos con entre 25 y 50 por ciento de población indígena, mientras que el restante 40 por ciento de los empadronados en departamentos cuya población indígena es entre el 50 y 75 por ciento.

Al comparar esta distribución de la población indígena con los resultados en las elecciones generales del 2003, 2007, 2011 y 2015, en la primera vuelta de la elección presidencial observamos que no hay una correspondencia entre el mapa étnico y el mapa electoral.

Empadronados por departamento de acuerdo con el porcentaje de población indígena, según estudio Clivajes de voto indígena. (Foto Prensa Libre: cortesía Procuraduría de Derechos Humanos).

Voto en línea y voto cruzado
Los 13 municipios analizados en el estudio Clivajes del voto indígena fueron San Juan Sacatepéquez, Guatemala; Tecpán, Chimaltenango; Palín, Escuintla; Momostenango y Totonicapán, en Totonicapán; Chichicastenango, Nebaj y Santa Cruz del Quiché, Quiché; Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz; Sololá, Sololá; San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Lívingston, Izabal. Con importante presencia de las etnias K’iche’ Kaqchikel, Q’eqchi’, Poqoman, Mam, Ixil y Garinagu (garífuna).

Estos municipios reúnen 2 mil 193 comunidades. Según apunta el estudio, aún hay un déficit entre el número de comunidades identificadas en estos municipios y la instalación de centros de votación rurales, los cuales a penas comenzaron a implementarse en el 2007.

Concentración de centros de votación en zonas urbanas en el 2019 en los 13 municipios analizados por el estudio Clivajes del voto indígena (Foto Prensa Libre: Cortesía Procuraduría de Derechos Humanos)

Según Fredy Ochoa, antropólogo y autor del estudio, la carencia de centros de votación rural “es una muestra del racismo estructural del Estado y la falta de confianza en la integración de Juntas Receptoras de Votos en estas áreas”. El alejamiento de la población rural de los centros también tiene otra consecuencia: facilita el clientelismo político al ofrecer los candidatos transporte, alimentación e incluso dinero, el día de la elección para obtener el voto.

En el centro el mapa de Guatemala con los departamentos divididos por presencia de población indígena: celeste entre 0 y 25 por ciento; anaranjado entre 25 y 50 por ciento; y verde entre 50 y 75 por ciento, según estudio Clivajes del voto indígena. (Foto Prensa Libre: Cortesía Procuraduría de Derechos Humanos)

Al analizar los resultados electorales de los comicios del 2015 en estos 13 municipios, en cinco de 13 ocasiones, el partido ganador de la alcaldía coincidió con la preferencia presidencial en primera vuelta. En esa ocasión, sin embargo, se produjo una disputa por el segundo lugar en la elección presidencial, entre la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y el candidato de Líder, Manuel Baldizón, con amplía presencia territorial de los partidos de estos dos candidatos en las alcaldías.

Entre los municipios analizados, el voto por la alcaldía se dividió en siete comunas ganadas por Líder, dos por la UNE, dos del Partido Patriota; una del Partido Republicano Institucional, PRI; y otra del Comité Cívico SUD. En contraste, el posterior ganador de la elección presidencial, FCN-Nación, no obtuvo ninguna de estas comunas.

Los resultados preliminares de los comicios 2019 apuntan a una fragmentación aún mayor del voto en las alcaldías entre estos 13 municipios. La UNE, primer lugar en la contienda presidencial en primera vuelta, obtendría tres de ellas; Vamos, segundo lugar, dos; Todos, dos; mientras que Prosperidad Ciudadana, Valor, Victoria, URNG-Maíz, UCN y el comité cívico Trigo, una alcaldía cada uno.

Clientelismo: capital político con recursos públicos
El estudio apunta a que la continuidad de cacicazgos locales en los departamentos con los municipios analizados, representado en la sobrevivencia de diputados distritales, se debe sobre todo a lógicas clientelares. “Si la política se personaliza, el punto es relacionarse bien con un diputado, el alcalde y el gobernador para asegurar el flujo de proyectos. Este es un caso de desigualdad categórica”, apunta la investigación

Ochoa, coordinador también del estudio Sololá y Totonicapán: libre decisión y clientelismo político, apunta que una de las particularidades del clientelismo político es que funciona como una red de individuos “a través de la cual fluyen medios y recursos públicos para la manutención y la resolución de problemas”. Esto luego ya que las personas retiran su confianza en el sistema y la pasan a las redes clientelares, las conexiones que hacen posible esos beneficios.

En el caso de Guatemala la baja presencia del Estado en servicios de salud, educación o asistencia social genera, además, un ambiente de precariedad en el que “las conexiones políticas” se maximizan. “Para los adictos al clientelismo político, la política sería el arte de servirse del Estado. El Estado deviene así un lazo de ayuda, pero se accede al Estado no directamente, sino a través de intermediarios”, señala el anterior estudio.

Según el estudio Clivajes del voto indígena, efectuado por la Supervisión Electoral de la PDH 2019, las redes de intermediarios son claves en el uso clientelar de políticos locales para su continuidad en el poder. (Foto Prensa Libre: Cortesía Procuraduría de Derechos Humanos)

Alcaldes comunitarios y otras autoridades indígenas frente a la política

Para Ochoa, en el análisis Clivajes del voto indígena, el voto entre poblaciones indígenas se lee en clave local, pero desde un sistema plagado con muchos vicios “expuesto a una práctica clientelar”. En muchas ocasiones los alcaldes comunitarios u otras autoridades indígenas se declaran “apolíticas”.

Mientras que las disposiciones comunitarias se transmiten a través de “las consignas”, resoluciones tomadas en asambleas. Esta separación entre el ordenamiento de las comunidades y la política partidaria trae, no obstante, riesgos para el sistema político en general, indica Ochoa al respecto: “el costo de cerrarse a un debate público local político electoral es dejar un campo abierto a los intermediarios y a los compromisos personales”.

El efecto es una política local resultado de las negociaciones individuales y entre grupos, en posiciones pragmáticas y conexiones entre redes sociales (de familiares, de amistades, laborales). Aunque el análisis de los resultados de los cuatro procesos electorales apuntan a que no hay un voto étnico, el surgimiento de agrupaciones como el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata Thelma Cabrera, mujer maya mam, que ocupó el cuarto lugar en la elección presidencial 2019, indican a una lucha por mayores espacios políticos para la población indígena, tradicionalmente subrepresentada en los poderes locales, en el Congreso de la República y en la Presidencia.

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