Piden reformar Ley de Implementación del TLC
Llamado: Cambios a normativa de Contrataciones abren puerta a corrupción
Por: Ana Lucía Blas

Manfredo Marroquín y Marvin Flores, de Acción Ciudadana, exigen que se reforme la Ley de implementación del TLC, para evitar corrupción en compras y contrataciones públicas. Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez.

La ampliación en los plazos para compras de bienes y servicios en el Estado en proceso de licitación podría abrir la puerta a actos de corrupción y evasión de controles; por ello, Acción Ciudadana demandan reformar algunos artículos de la Ley de implementación del TLC.

Esa organización también hace énfasis en que los cambios podrían provocar desabastecimiento e ineficacia en las entidades estatales. En especial, le preocupa que se motive la comisión de delitos.

En conferencia de prensa, Manfredo Marroquín y Marvin Flores, de Acción Ciudadana, pidieron al Congreso de la República revisar y “enmendar los errores cometidos” en el decreto 11-2006, que con el fin de adecuar la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. reformó la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras normas.

Marroquín, director de esa organización, dijo que se trató de “una adecuación mal hecha, que tendrá como consecuencia desabastecer al Estado”.

“Los plazos que establece la nueva ley para contratar por licitación podrían traducirse en serios inconvenientes para que las instituciones públicas cumplan con sus actividades y funciones”, advirtió Flores, quien coordina el proyecto de Promoción de la Transparencia en Contrataciones Públicas.

Añadió que hay diferencias entre los plazos que establece la Ley del TLC (decreto 31-2005) y los que dispone la normativa para su implementación.

“La primera establece que se hará una convocatoria, y 40 días después se recibirán ofertas. Sin embargo, la nueva ley pide que se publique al menos dos veces en el diario oficial, en un intervalo de 15 días hábiles”, explicó.

De esa forma, el tiempo mínimo necesario para hacer una licitación sería de 55 días, lo que “hace prácticamente inaplicable esa ley”, aseguró.

“Un tiempo tan largo podría derivar en la búsqueda de mecanismos alternos para llevar a cabo los procesos de contratación, facilitando la comisión de actos anómalos y la evasión de los controles estatales y sociales”, opinó Marroquín.

“Cabría preguntar con qué criterios hicieron los legisladores esos cambios, que ni siquiera eran requeridos por el TLC?”, cuestionó.

Responde a compromisos

Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía, del Legislativo, explicó que las disposiciones de esa ley responden a los compromisos del TLC.

“El Congreso no se inventó nada; discutimos su contenido con diversos sectores durante cerca de ocho meses, en los que estuvimos abiertos a recibir propuestas”, afirmó.

Agregó que los plazos fijados permitirán mayor transparencia e información para proveedores nacionales y extranjeros.

Gobierno: Podrían escapar a los controles

Hugo Maul, comisionado presidencial para la Transparencia, reconoció que la ampliación en los plazos para licitar podría retrasar obras necesarias para el país.

“Debido a que los tiempos para contratar serán muy largos, las instituciones públicas podrían recurrir a fideicomisos y ONG, como canales para adjudicar las obras, escapando de los controles fijados por la ley”, resaltó.

Agregó: “Si las entidades programaran adecuadamente sus compras, el problema disminuiría, pero no lo hacen, por lo que existe un riesgo de desabastecimiento”.

Por ello, Maul consideró “sensato” presentar una iniciativa de ley que regule los nuevos plazos, que deberían contarse como días calendario, en vez de días hábiles.

Diferencias

Los plazos en la Ley de implementación no coinciden con los que requiere el TLC:

El artículo 9.5 de la Ley del TLC establece que una entidad contratante en ningún caso otorgará un plazo menor de 40 días calendario, desde la fecha de publicación de un aviso de contratación, hasta la fecha límite para la presentar ofertas.

En la Ley de implementación se pide que las convocatorias a publicar se publiquen por lo menos dos veces en el diario oficial y dos en otro de mayor circulación, así como en Guatecompras, dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles entre cada publicación.

Entre la última convocatoria y la presentación de ofertas deberá mediar un plazo no menor de 40 días hábiles.