La innecesaria y lamentable tragedia ocurrida el viernes, en la Vuelta del Chilero, en la carretera hacia la frontera con El Salvador, obliga a que las autoridades —de una buena vez— se decidan a intervenir para poner orden en el transporte de personas. Las 55 víctimas mortales de ese hecho se suman a los miles de personas que han perdido su vida en percances ocurridos en todo el país y que aumentan conforme lo hace el número de camionetas.

En Guatemala, subir a un autobús se ha convertido en un riesgo de muerte. Si es en la capital, son altísimas las posibilidades de los pasajeros de ser víctimas de mareros y de otro tipo de delincuentes, y si es en las unidades que se dirigen a la provincia, el riesgo mayor es el de accidentes causados por excesiva velocidad, irresponsabilidad de los conductores o mal estado de los vehículos, entre otras causas.

El problema trasciende el campo de la Dirección de Transporte o de la Policía Nacional, para merecer ser atacado como parte importante de una política de Estado para concienciar a propietarios de empresas, pilotos y pasajeros, acerca de los riesgos mortales que se corren cuando las camionetas son conducidas de manera irresponsable. En una cantidad abrumadora de casos, luego de que las víctimas mortales son enterradas o los cuerpos de servicios hacen su tarea de trasladar a los heridos, todo se queda en nada. Pronto, otro accidente ocurre, y de nuevo se lanzan las voces de protesta, sin lograr efectos.

Las investigaciones oficiales necesitan analizar el estatus de los conductores y de los vehículos, así como la organización de las empresas. Es urgente, además, realizar acciones para escuchar los puntos de vista de empresas de seguros, constructores de caminos, psicólogos, abogados y alcaldes, porque el fenómeno de los accidentes de tránsito tiene implicaciones variadas que van mucho más allá de la recomendación de obedecer las normas legales y de actuar con responsabilidad.

El Ministerio de Comunicaciones tiene la obligación de estudiar cuáles son los lugares proclives a que ocurran accidentes, con el objetivo de elaborar una lista en la cual consten los que tienen mayor peligro, sea por el estado del camino, por su diseño o por su cercanía a precipicios, ríos, cunetas, etcétera. Una vez logrado esto, se debe empezar con reducir las curvas, mejorar la cobertura del camino y demás medidas que reduzcan la posibilidad de accidentes.

El sector privado puede hacerse presente en este esfuerzo. Al menos una entidad de servicio social especializada en el tema ha realizado algunas campañas de convencimiento para choferes, y tiene a su disposición campañas llevadas a cabo en otros países donde también tienen el mismo problema de mortalidad en los vehículos de transporte colectivo.

Ya basta de muertos en accidentes de tránsito. Guatemala tiene uno de los índices más altos del subcontinente latinoamericano. Si no se hace algo de inmediato, pronto los vehículos serán más mortales que las armas de fuego.