El 1 de marzo, helicópteros militares colombianos cruzaron la frontera ecuatoriana, bombardearon un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y mataron a más de 20 personas. Esta operación implicaba un doble peligro. En primer lugar, se constituyó en un grave obstáculo en el camino que parecía abrirse hacia un canje humanitario en Colombia. Aunque este punto, el fin de la violencia en ese país es de indudable importancia, es el segundo aspecto, la justificación del gobierno de Álvaro Uribe —de su supuesto derecho de atacar en cualquier lugar y país a las FARC—, el más peligroso para la región y para el futuro.

Más allá de la lluvia de acusaciones que vinieron después, el quid de la crisis seguía siendo la reivindicación de Colombia de su supuesto derecho a defenderse, atacando sin respetar los límites territoriales. Justificaba esta extrañísima visión de las relaciones internacionales en su derecho a defenderse del terrorismo y la preeminencia de la seguridad sobre la soberanía.

Esta visión recibió el inmediato y decido apoyo del presidente de EE. UU., George W. Bush, que se comunicó personalmente con Uribe. Pero aquí empezó una historia diferente. Antes, el respaldo de EE. UU. bastaba para poner fin a cualquier discusión; ahora no. El 4 de marzo comenzó en Washington una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ecuador exigió una condena a la violación de su soberanía. Colombia, con el casi exclusivo respaldo de EE. UU., se opuso a la condena. Al otro día, el Consejo Permanente de la OEA emitió finalmente una resolución donde consideraba que el operativo militar colombiano “constituye una violación a la soberanía de Ecuador”, aunque no condenó explícitamente a Colombia. La OEA decidió también “reafirmar el principio que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”.

Colombia y EE. UU. lograron bloquear la condena, pero Latinoamérica demostró que la mayoría de sus gobiernos no acepta imposiciones. A propuesta del Mercosur, Venezuela, Bolivia y varios países centroamericanos, se impulsó que la discusión de la crisis —que ya había provocado ruptura de relaciones y hasta una retórica peligrosamente agresiva— se llevara al Grupo de Río. La principal diferencia entre éste y la OEA no es el grado de institucionalidad, sino que aquél es un ámbito de coordinación de 20 países latinoamericanos, y allí no está EE. UU.

El 7 de marzo se realizó en República Dominicana la reunión del Grupo de Río. Después de una dura y franca discusión, inusual para la diplomacia clásica —cuando quedó claro que Colombia quedaba completamente aislada en su defensa de la relatividad de la soberanía en la lucha contra el terrorismo—, Uribe ofreció disculpas a Ecuador y se comprometió a no repetir una operación similar.

La resolución del conflicto colombiano sigue pendiente, la recuperación del nivel de relaciones políticas y diplomáticas también, pero América Latina se mostró ante el mundo capaz de resolver sus problemas, con diálogo y fuera de la histórica injerencia de EE. UU. En esto tiene mucho que ver la multiplicación de gobiernos de izquierda y progresistas en todo el continente.