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Guatemala se ha conver- tido en el país de las prisas para otorgar concesiones que afectan los recursos naturales del país, o para someterse a presiones exteriores, actitud contrastante con la lentitud en emitir disposiciones protectoras del ambiente natural o las compensaciones sociales que la población necesita y demanda.

Pero también hubo, y hay, prisa en otras cosas. Una de ellas fue la forma rápida del reconocimiento de la independencia de Belice, en 1993 —después de casi 200 años de controversia con el Reino Unido—, y el nombramiento de un embajador que, tiempo después, pretendía ser presidente de Guatemala, quién sabe para qué.

Después, se puso en escena la firma del Tratado de Libre Comercio, con el metrónomo al tope, en tanto otros países como Costa Rica se daban tiempo antes de ratificarlo.

Hace pocos meses, había presión sobre los legisladores para que aprobaran una ley de adopciones —presión explicable y justa—, pero surgieron argumentos no a favor de la protección de los niños, la mayoría de ellos robados o comprados, sino para satisfacer intereses de personas que formaban fila para obtener autorización para exportar bebés.

Y en estos días, hemos presenciado una maratón extenuante por otorgar, mediante licitación, prórrogas de concesiones petroleras en Petén y en cualquier otro punto del país donde existan indicios de que puede brotar el oro negro. Lo que no sería malo, si el Estado recibiera suficientes regalías para mejorar un poco la infeliz situación de millones de guatemaltecos, a fin de que Guatemala salga de la casilla que ocupa en la base de datos de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, según la cual “los indicadores sociales de Guatemala son los peores de los países que están en su categoría” —Prensa Libre 08.05.08 p. 22—.

Algunos de esos asuntos, como la independencia de Belice, el Tratado de Libre Comercio y las concesiones petroleras, son de especial trascendencia para Guatemala, por lo que merecerían una consulta popular, de las contempladas en nuestra legislación, pero solamente se ha dado curso a consultas populares sobre materias municipales y después de que los vecinos se pronuncian en contra, el Estado no les hace caso, como sucede con las explotaciones mineras a cielo abierto y otorga las concesiones, se pierda lo que se pierda.

En medio de esa oscuridad del poder político, surgen destellos de conciencia que alimentan esperanzas. Uno de ellos es el anuncio de que la Procuraduría General de la Nación no se apresurará en dar su visto bueno a la exportación en masa de dos mil 960 niños “adoptados” por generosas personas extranjeras, sino que analizará caso por caso, porque puede haber “padres adoptivos”, como ese Brian Richard Kloosterman, que adoptó cuatro niños guatemaltecos y ahora está procesado por golpearlos, casi desde que los recibió. Uno de ellos tiene apenas 3 años de edad —Prensa Libre, 10.05.08 Pág. 12— y lo malo es que la suspensión de adopciones fue programada para un mes —plazo que ya se venció—. ¿Pudo analizar la PGN todos esos casos en 30 días? ¿Noventa y nueve expedientes cada 24 horas, en el supuesto de que hubiese trabajado sábados y domingos? No. El cálculo fue malo, y es que el interés superior del niño no tiene plazo alguno. Se debe tomar todo el tiempo que sea necesario.

Pero hay algo más. En una explosión de conciencia nacional, ha sido desechada una iniciativa de ley para crear un fondo para el desarrollo petrolero, “porque no aumenta la regalías, sino solamente pretende favorecer a las empresas petroleras”.

Vamos bien, entonces. Algún día, los líderes políticos admitirán que durante cientos de años nuestro territorio ha sido saqueado constantemente, sin que eso haya beneficiado a la población. De lo contrario, los pobres serían menos, los menesterosos menos y los índices de subdesarrollo no serían tan deprimentes como lo fueron ayer y lo son hoy en día.