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La compra de US$100 millones que el Gobierno quiere realizar en Brasil presenta muchos interrogantes difíciles de responder. Lo que es peor, cada vez que los funcionarios tratan de justificar la compra suscitan más interrogantes que las que intentan aclarar.

Al principio iban a comprar aviones para combatir el narcotráfico, luego resultó que los aviones sólo eran el 20 por ciento de la compra y que el resto era para un equipo de radares. Ahora resulta que no sólo son radares, sino también “sensores”, y que ya no es un sistema de seguridad para combatir el narcotráfico, sino también para la “protección de nuestro legado”, y hasta metieron a la minería en el paquete. No me extrañaría que la próxima vez que traten de defender lo indefendible nos salgan con que poco falta para que sea la solución al “cambio climático”…

La realidad es muy distinta. En el mundo existen pocos proveedores de sistemas de radar, los cuales no son generalmente compatibles entre sí. En el caso de Latinoamérica, la gran mayoría de radares (más del 90 por ciento) son de una empresa española (filial de una gringa). Los únicos distintos son, casualmente, los brasileños, cosa que no debe extrañar si uno conoce un poco de historia y se recuerda que durante muchos años Brasil mantuvo una política de “sustitución de importaciones” hasta en el ámbito de la tecnología, al grado de que los brasileños, para tener acceso a computadoras debieron elaborar incluso sus “propias versiones” de los sistemas operativos.

La cosa es que en Guatemala, tanto el radar primario como los tres secundarios existentes son de la empresa española, incompatibles con los brasileños. Adicionalmente, Cocesna, que es el sistema de radares que controla el tráfico aéreo comercial regional, también utiliza esos sistemas. Pero el problema no sólo es de compatibilidad, sino también de costos.

Si lo que se quiere hacer es tener “controlado” todo el espacio aéreo guatemalteco, esto se puede lograr añadiendo cinco radares primarios en lugares estratégicos, conectados al sistema ya existente. A ojo de buen cubero, cada radar podría costar unos US$5 millones, con lo que la compra no debería ser mayor a los US$25 millones. Aviones de alcance, que son los que se necesitaría aquí si lo que quieren es “combatir el narcotráfico”, se pueden conseguir en poco más de US$1 millón cada uno. Si van a comprar seis aviones, ya vamos por unos US$33 millones. La pregunta es: ¿En qué se van a gastar los otros US$67 millones?

Todavía más, la pregunta debería ser: ¿Para qué gastarse ese dinero en un sistema “contra el narcotráfico”, cuando para principiar, ni es nuestra guerra y, además, ya los gringos tienen controlado el espacio aéreo de la región con sus Hawkeyes? Si no hacen más contra los aviones de los narcos, no es exactamente porque carezcan de información…

Si lo que quisieran es resolver los problemas de violencia y criminalidad, sería una mucho mejor inversión la compra de helicópteros policiales, que con una inversión menor de los US$5 millones podrían tener el suficiente equipo para tener las 24 horas, los 365 días del año, un helicóptero siempre sobrevolando la ciudad y listo para llegar a cualquier escena del crimen en pocos segundos.

Pero pareciera ser que esa no es la motivación. Lo único importante parece ser cómo justificar un gasto de US$100 millones. Mientras los gobernantes no aclaren todas estas interrogantes, la duda principal será: ¿estamos presenciando un robo a ritmo de Bossanova?

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