Estados Unidos
Pandillas en Guatemala: la inteligencia no anticipó su salto al poder desestabilizador
Motines simultáneos y ataques a la PNC revelan nueva dimensión de las pandillas en el mapa de riesgos y amenazas para la gobernabilidad en Guatemala.
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Imagen de carácter ilustrativo con simbología asociada a pandillas, utilizada para contextualizar un análisis sobre seguridad institucional y gobernabilidad en Guatemala.
El Gobierno dispone de un sistema de inteligencia encargado de identificar riesgos y amenazas que podrían poner en peligro la seguridad y la estabilidad nacional. Cada año, con información de diversas fuentes de inteligencia estatal, se elabora la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA), la cual identifica y dimensiona dichos riesgos.
Hasta el 2025, las maras o pandillas no habían sido reconocidas como un peligro directo para la gobernabilidad, sino como una amenaza cotidiana a la seguridad pública, que se manifiesta en extorsiones, homicidios y control territorial.
No obstante, los motines simultáneos ocurridos el fin de semana en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres de la zona 18, así como los ataques que causaron la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llaman a revisar el escenario.
Antes de esos hechos, a las pandillas no se les consideraba capaces de alterar el orden constitucional; ahora, pueden ser vistas como “una amenaza mayor”, según Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
La ola de violencia que estos grupos, declarados como “terroristas”, desataron en las cárceles y en las calles llevó al Ejecutivo a declarar estado de sitio por 30 días, y luto nacional por la muerte de los policías.
Si bien el actuar de las maras ha estado vinculado a la violencia cotidiana y a disputas por territorio, ahora se extiende a otros ámbitos. En marzo del 2025, Francisco Jiménez, quien entonces ocupaba el cargo de ministro de Gobernación, las señaló como los actores detrás de los bloqueos provocados por la obligatoriedad del seguro contra terceros.
“Hemos identificado que la mayoría de las personas que están generando estos bloqueos y los problemas son los dueños de taxis piratas, quienes están ligados a las pandillas”, dijo el entonces funcionario.
De León va más allá al señalar “un vínculo” entre pandilleros y “actores políticos oscuros” para coordinar ataques simultáneos como los del fin de semana, que causaron caos en la seguridad pública.
Agrega que estos grupos no suelen tomar acciones políticas; sin embargo, se observó a reclusos pidiendo la renuncia del presidente Bernardo Arévalo. Hay “una conjunción extraña” entre quienes buscan generar caos en la gobernabilidad y utilizan la organización de las pandillas, que, por sí mismas, no tomarían la decisión de orquestar un golpe de Estado.
Por ello, indica que, con ese poder de causar daño a un nivel sistémico, las maras pasan a convertirse en una amenaza mayor.
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre el giro en la ANRA para este año, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Análisis de riesgo
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) es la encargada de analizar información clave para que el Ejecutivo tome decisiones y, en algunos casos, se pueda prevenir riesgos contra la seguridad de la población, como los motines y ataques del fin de semana.
Sin embargo, en la Agenda Nacional de Riesgo y Amenazas del 2025 no se identificó a las maras o pandillas como una amenaza más allá del fenómeno de las extorsiones, de las cuales son responsables del 9%; el 91% restante se atribuye a “imitadores”.
Este flagelo genera “percepción de inseguridad” y “desconfianza” en las instituciones públicas, según el documento. Añade que “una buena parte” de las extorsiones se ejecuta desde los centros carcelarios, por lo que es “crucial” tomar el control del sistema penitenciario para reducir esta amenaza.
Además, se relaciona a las pandillas de forma indirecta con la violencia barrial y el sicariato, hechos que representan una amenaza cotidiana para la población, pero que no escalan a un nivel que desestabilice al Estado.
Por otro lado, el informe señala a la captura institucional como “la mayor amenaza” para la gobernabilidad democrática y la seguridad nacional. Esta se refiere a grupos y redes que capturan instituciones y buscan cooptar el Estado para mantener cuotas de poder, principalmente en el sistema de justicia.
La SIE tuvo en el 2025 un presupuesto de Q45 millones, y desde julio pasado está bajo la dirección de Otto Argueta Ramírez, tras la salida de Christian Espinoza Sandoval.
¿Falló la inteligencia?
“La inteligencia nos provee de información y nos adelanta y da ciertos escenarios que pueden ocurrir dependiendo del contexto de la situación”, dijo el fin de semana en conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, horas después de los ataques de pandilleros a las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, reconoció que “no hay inteligencia suficiente” para anticipar escenarios como los motines simultáneos registrados el fin de semana.
“Quisiéramos tener un mecanismo científico para prever cualquier acción a futuro que pudiera ocurrir; lamentablemente no se tiene”, agregó.
De León menciona que, días previos a la toma de las cárceles, las autoridades policiales recibieron alertas sobre actividades inusuales de las pandillas. Los datos de inteligencia se tenían, pero no hubo un análisis que previera que la situación podía escalar, ya que estos grupos no suelen realizar acciones simultáneas, y menos con una visión de atacar la gobernabilidad del país.
Eso cambió con los hechos recientes, por lo que ahora las pandillas deben incluirse en el esquema de inteligencia, previendo que se repitan.
¿Cómo debe verse ahora a estos grupos terroristas? La respuesta de De León va en tres dimensiones que elevan el nivel de riesgo para el Estado: amenaza criminal cotidiana ―extorsión, homicidios y el control territorial―, amenaza a la seguridad institucional ―con capacidad de provocar motines sincronizados en prisiones y de atacar a las fuerzas del orden― y amenaza potencial a la gobernabilidad.
Añade que las pandillas no tienen una estrategia política explícita per se, pues actúan en función de la obtención de recursos, pero sí pueden ser utilizadas o generar tensiones, percepción de crisis e influir en ciclos políticos o elecciones importantes, como la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Para un análisis estratégico de amenazas, las maras deben ser consideradas en una categoría superior de riesgo operativo, y las evaluaciones de inteligencia deben ajustarse a una visión más amplia de lo que son capaces de hacer, incluso alianzas estratégicas con actores políticos que sí podrían tener la intención de impactar en el sistema de seguridad, el orden público y la gobernabilidad, refiere la entrevistada.
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