La elección del próximo fiscal general volvió a reconfigurarse tras la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC), que obligó a repetir parte del proceso y dejó sin efecto la nómina anterior. La resolución impactó directamente los criterios de evaluación utilizados por la Comisión de Postulación.

Con ese ajuste, la postuladora integró este 24 de abril una nueva lista de seis aspirantes, que será remitida al presidente Bernardo Arévalo, encargado de hacer la designación final.

El fallo de la CC introdujo un cambio determinante: ordenó modificar la forma en que se valoraba la experiencia profesional, lo que alteró las calificaciones y el resultado previo del proceso.

En este nuevo escenario, los perfiles incluidos en la nómina vuelven al centro del debate, tanto por sus trayectorias dentro del sistema de justicia como por decisiones pasadas que han generado cuestionamientos públicos.

Gabriel Estuardo García Luna (15 votos a favor y ninguno en contra)

En el 2022 fue candidato a fiscal general. Actualmente es integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. Durante su presidencia en esa junta fue suspendida 20 días sin goce de sueldo la jueza Rocío Murillo, por falta administrativa, al incumplir con una exhibición personal en el caso por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el 2018.

Se registra una denuncia en su contra en la Procuraduría de los Derechos Humanos, del 2015 a 2018.

Presentó un antejuicio junto con Mildred Azucena Mejía Ábrego, contra Víctor Leonel López del Valle, juez de Paz en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, que fue admitido para trámite por la CSJ.

Fue magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz. Ingresó al Organismo Judicial en 1997, donde ocupó cargos de oficial, secretario, juez de Paz, juez de Primera Instancia y magistrado de sala en el área penal.

Ha sido docente universitario en la licenciatura y en la maestría, en la Universidad Rafael Landívar y en la Escuela de Estudios Judiciales (EEJ). Tiene una maestría en Derecho Penal por la Usac.

Beyla Adaly Estrada Barrientos (12 votos a favor y tres en contra)

Es magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones Penal. Es esposa de Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación Social durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, lo que ha generado atención sobre posibles cruces entre su entorno personal y casos de alto perfil político.

En su carrera ha conocido expedientes relacionados con figuras relevantes entre ellas, el propio Jimmy Morales, cuyo gobierno enfrentó múltiples investigaciones. Entre sus resoluciones más citadas está el beneficio de arresto domiciliario otorgado al hermano del exmandatario, Samuel Morales y de su hijo José Manuel Morales, quienes fueron procesados en el caso Botín Propiedad, una investigación por supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos de la que quedaron absueltos.

En su trayectoria, conoció expedientes de otras figura relevantes del sistema político y judicial. Entre ellas, Gustavo Alejos, señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dentro del caso Cooptación del Estado por su presunta rol como intermediario entre empresas y funcionarios para la adjudicación de contratos públicos y obtención de financiamiento político irregular durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

En ese contexto, la Sala Tercera de Apelaciones Penal —de la que formaba parte Estrada— conoció recursos dentro de su proceso y confirmó medidas sustitutivas a su favor, pese a que la Feci había impugnado ese beneficio, lo que generó cuestionamientos por tratarse de un actor en una investigación de corrupción relevante.

En el 2018, la Sala Tercera de Apelaciones Penal —integrada por Estrada Barrientos— otorgó un amparo a favor del ciudadano ruso Igor Bitkov, con el que dejó sin efecto la resolución de la jueza Éricka Aifán que lo había enviado a juicio por el uso de documentos presuntamente falsificados. La Sala consideró que la juzgadora no había cumplido con lineamientos previos y le ordenó emitir una nueva resolución.

El fallo tuvo implicaciones directas para Aifán, ya que no solo revirtió su decisión, sino que derivó en acciones legales en su contra por parte de los magistrados, quienes cuestionaron su actuación por un supuesto incumplimiento de amparo. Este episodio evidenció tensiones entre juzgados de mayor riesgo y salas de apelaciones en casos de alto impacto.

Julio César Rivera Clavería ( 10 votos a favor y cinco en contra)

Inició su trayectoria en 1976 como detective en la Sección Judicial de la Procuraduría del Estado, dando paso a una carrera ligada a la seguridad pública y la administración estatal.

Durante el gobierno de Vinicio Cerezo ocupó cargos clave como director de Presidios, y posteriormente fue viceministro de Gobernación y director de la Guardia de Hacienda.

Su nombre fue mencionado en informes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), retomados por investigaciones periodísticas, por supuestos vínculos indirectos con la Red Moreno, una estructura dedicada al contrabando y la defraudación aduanera en los años 80 y 90.

El señalamiento se basa en el testimonio de un colaborador eficaz que lo ubicó en entornos relacionados con operadores de esa red, sin que se le atribuyera un rol dentro de la estructura ni se derivaran cargos penales en su contra.

Clavería ha rechazado estas versiones y sostiene que nunca fue investigado formalmente por estos hechos.

En el ámbito político, fue candidato presidencial en el 2023 por el partido Mi Familia y, desde el 2010, ha buscado en varias ocasiones ser designado como fiscal general, sin lograr su nombramiento.

Néctor Guilebaldo de León (10 votos a favor y cinco en contra)

Es un juez de carrera con trayectoria en el ámbito penal. Entre el 2014 y el 2023 se desempeñó como magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal, y desde el 2016 integró como magistrado suplente el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el 2020 avaló dar trámite a una solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata Vela y Gloria Porras, promovida por la defensa de la familia Bitkov en el caso Migración, lo que generó debate en el ámbito jurídico.

También actuó como juez pesquisidor en el antejuicio contra el diputado al Parlacén Gilmar Othmar Sánchez Herrera, vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad. En esa función, recomendó que la solicitud continuara su trámite, permitiendo que el proceso avanzara para que la CSJ resolviera sobre el retiro de inmunidad.

Ha enfrentado cuestionamientos puntuales. El abogado Alfonso Carrillo lo ha señalado por resoluciones vinculadas al caso de Blanca Stalling, especialmente por decisiones adoptadas en Sala de Apelaciones que —según el jurista— incidieron en etapas clave del proceso y resultaron favorables para la exmagistrada. Estos señalamientos han sido públicos, aunque no han derivado en sanciones en su contra.

En 2022 integró la nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público.

Carlos Alberto García Alvarado (11 votos a favor y cuatro en contra)

Se postuló a magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el proceso que concluyó este año.

Ha sido fiscal distrital de Petén desde el 2021 y también ha participado en los procesos de postulación para una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso del 2024, pero fue excluido por inclumpir con los requisitos formales.

También estuvo en la fiscalía municipal de Livingston, Izabal, como fiscal de distrito adjunto entre el 2017 y el 2021, en la fiscalía de sección contra el Crimen Organizado entre 2015 y 2016 y auxiliar fiscal en la fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural.

César Augusto Ávila Aparicio (11 votos a favor y cuatro en contra)

Actual magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa. Antes había ocupado ese cargo en la sala de Chiquimula.

Es esposo de Heidy Hichos Posadas, sobrina del exdiputado Baudilio Hichos, quien declaró a este rotativo en el 2014 que había sido operador de jueces y magistrados para los extintos partidos Líder y Patriota.

En la Sala Mixta de Chiquimula, Ávila Aparicio intentó inhibirse de conocer el antejuicio contra el entonces alcalde de Ipala Esduin Javier Javier, señalado en el asesinato de tres personas.

Trabajó en el Juzgado Primero de lo Económico de Guatemala como auxiliar de servicios, notificador y oficial.

Fue asesor jurídico en el Ministerio de Ambiente y en la Municipalidad de Chiquimula.

También ha sido parte de la junta directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, y en el 2023 integró la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceso en el cual fue incluido en la lista de 40 aspirantes que obtuvieron maestrías y posgrados en poco tiempo.

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