Luego de que The New York Times informara que el Departamento de Justicia de EE. UU. buscará revocar la ciudadanía de más de 350 personas, la incertidumbre ha crecido sobre el plan de la administración de Donald Trump de expandir estos procesos.

El medio obtuvo declaraciones de dos funcionarios de la administración de Trump, quienes indicaron que pronto se presentarán las demandas civiles para iniciar el proceso de desnaturalización contra los señalados.

Se presume que las más de 350 personas a las que se les podría revocar su ciudadanía son individuos con supuestos nexos con el terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas o vinculados con fraude de ayudas públicas.

Sin embargo, ¿Cómo hace Estados Unidos para iniciar un proceso de desnaturalización contra una persona?

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De acuerdo con medios como EFE y el gobierno estadounidense, para que el gobierno pueda revocar la ciudadanía a una persona, se debe probar ante una corte que el individuo señalado la obtuvo de manera fraudulenta o ilegal.

Uno de los ejemplos que plantea la agencia EFE es cuando una persona habría ocultado sus antecedentes penales en crímenes o delitos que la habrían calificado como "alguien no apto" para tener la ciudadanía.

Sin embargo, este proceso solo puede llevarse a cabo con "ciudadanos naturalizados", es decir, individuos que no nacieron en EE. UU. y que obtuvieron la ciudadanía después de emigrar a territorio estadounidense.

Por otro lado, para que una persona pueda obtener la ciudadanía estadounidense, debe presentar "buen carácter moral", un término que, según expertos, no está del todo definido en la ley, lo cual puede llevar a que se revoque la ciudadanía por acciones como protestar.

Ahora, el Departamento de Justicia dijo a The New York Times que la administración de Donald Trump busca opciones para "lograr el volumen más alto" de revocaciones de ciudadanía en toda la historia del país.

No es la primera vez que el Gobierno de Trump busca opciones para agilizar estos procesos, ya que en julio del año pasado el Departamento de Justicia emitió un memorando en el que solicitaba a la División de Asuntos Civiles enfocarse en este tipo de casos.

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