Ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), así como no alcanzar el grado de inversión en la calificación de riesgo país, son los efectos inmediatos que representantes del sector privado organizado señalaron sobre el avance de la iniciativa de ley 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

Representantes de más de 50 organizaciones empresariales nacionales y binacionales se pronunciaron durante una conferencia de prensa en el pleno ampliado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y demandaron a los diputados del Congreso de la República aprobar la iniciativa antilavado.

El apoyo del sector privado organizado fue unánime, y el pronunciamiento fue que avance la aprobación de la ley, lo cual deja clara la postura institucional.

Sector privado pide modernizar legislación

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif, remarcó que la aprobación de esta iniciativa de ley es una medida indispensable para fortalecer la institucionalidad, proteger la estabilidad económica del país y evitar que Guatemala continúe expuesta a riesgos que amenazan su reputación y competitividad institucional.

Reiteró que la actualización de la ley antilavado para incorporar de manera precisa las recomendaciones del Gafilat constituye un paso técnico, estratégico e impostergable que Guatemala debe asumir con responsabilidad.

“La falta de adecuación a estos estándares internacionales expone al país a sanciones, restricciones financieras y a un deterioro de la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos internacionales”, enfatizó.

En el peor de los casos, dijo, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris por no cumplir con los estándares internacionales del Gafilat.

Esta fue parte del mensaje expuesto durante el pleno ampliado del Cacif, este lunes 25 de mayo.

Fundesa advierte impacto en inversiones

José Miguel Torrebiarte, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que respaldan la posición del Cacif y están de acuerdo con la iniciativa, la cual debe ser una ley funcional y cumplir con los requisitos exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Gafilat, ya que no solo importa su aprobación, sino también su implementación.

Sobre los riesgos potenciales que han analizado desde Fundesa y la iniciativa Guatemala No Se Detiene (GNSD), Torrebiarte expresó que el impacto sería en la atracción de inversiones.

“Cualquier inversionista del mundo analizará dónde poner su dinero. Si Guatemala está en la lista gris, definitivamente no será una prioridad, y existen muchas deficiencias de competitividad, como infraestructura y capital humano. Esto se suma al problema de atraer más inversión extranjera”, puntualizó el directivo de Fundesa.

Añadió que, bajo estas condiciones, es imposible generar más empleo. Por otro lado, las remesas también serían golpeadas, además de las regulaciones en Estados Unidos y las deportaciones.

Torrebiarte agregó que los inversionistas extranjeros buscan claridad y certeza sobre cómo funciona el sistema financiero de un país, al ser consultado acerca de la importancia de avanzar en la aprobación de la iniciativa de ley.

El lavado de dinero genera competencia desleal y afecta por posibles costos adicionales en el comercio exterior, no solo en la inversión, sino también por los costos derivados de estos problemas, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica.

“No hay que repetir el mismo error, porque ya vimos lo que ha ocurrido con otros países. Toma seis años salir de ese estatus de lista gris”, puntualizó.

Sector privado pide modernizar ley

Hermann Girón, directivo de la Asociación Amigos del País, declaró que el sector empresarial está preocupado por los impactos que podría tener que Guatemala no cumpla con la legislación necesaria ni con las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Añadió que esta modernización de la legislación solo coloca a Guatemala al nivel de otros países de la región, al permitir procesos jurídicos y judiciales encaminados a cumplir con las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Recordó que la legislación vigente para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo fue implementada hace casi 25 años.

Dentro de la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera, es la institución encargada de supervisar el cumplimiento de la ley.

“Esta nueva legislación pretende dar mayor claridad y transparencia al funcionamiento del sistema, así como ordenar aspectos que quizá no están adaptados a marcos jurídicos que han cambiado en estos 25 años, incluido el funcionamiento del Ministerio Público y del sistema judicial guatemalteco”, afirmó Girón.

La propuesta de ley surgió en la Superintendencia de Bancos, que recibió asesoría de organismos internacionales y fue sometida a recomendaciones del Departamento del Tesoro, la Junta Monetaria y otras entidades internacionales de supervisión judicial y prevención del lavado de dinero.

El proyecto de ley cumplía con los 40 preceptos del Gafilat, considerados buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero, y fue sometido a dictamen en dos comisiones del Congreso de la República: Finanzas y Economía.

Ambas comisiones elaboraron una lista de enmiendas que fueron acordadas e incorporadas en los dictámenes. Posteriormente, en el pleno surgieron nuevas propuestas de enmienda que aún están en discusión.

Agregó que lo más importante es que las enmiendas que sean conocidas y debatidas no impidan el cumplimiento de las 40 reglas del Gafilat, ya que el objetivo es ajustarse a esos estándares.

Empresarios esperan aval a reforma

Los directivos aseguraron que esperan que el próximo martes 2 de junio, cuando la iniciativa sea conocida en el pleno, existan los consensos políticos necesarios para aprobar la ley.

Luego vendrá una etapa acelerada de implementación, en la cual la Superintendencia de Bancos (SIB), el Banco de Guatemala, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otros actores de la economía, como el sector financiero, deberán avanzar rápidamente para que, en febrero del 2027, cuando los auditores del Gafilat visiten Guatemala, el país ya tenga una ley implementada y pueda evitar cualquier consecuencia.

“El escenario optimista es que las enmiendas propuestas lleguen a una redacción consensuada que permita aprobar el proyecto de ley. Posteriormente, la Superintendencia de Bancos, la IVE y las entidades obligadas podrán adaptarse para que, en febrero del 2027, Guatemala tenga una revisión favorable por parte del Gafilat, lo que permitiría seguir siendo un país cooperante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ese es uno de los pasos más importantes para que Guatemala pueda alcanzar el anhelado grado de inversión”, agregó Girón.

Concluyó que alcanzar el grado de inversión depende también de que Guatemala sea considerada un país cooperante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo por las agencias calificadoras de riesgo.