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“Podríamos decir que ya vamos tarde”: SIB explica por qué es urgente para Guatemala aprobar ley antilavado
La Superintendencia de Bancos detalló por qué es importante para Guatemala aprobar la ley contra el lavado de dinero.
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Saulo de León, superintendente de la Superintendencia de Bancos (SIB), en entrevista en Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Saulo de León, superintendente de la Superintendencia de Bancos (SIB), y Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, se refirieron este lunes 25 de mayo, en entrevista en Prensa Libre Radio, a la urgencia de aprobar la Ley Antilavado en Guatemala.
De León indicó que hay entusiasmo por contar con una nueva ley contra el lavado de dinero, pues esta busca modernizar el sistema de prevención de ese delito y del financiamiento del terrorismo.
Remarcó que la ley es ambiciosa porque abarca asuntos importantes y coyunturales a escala mundial.
Recordó que Guatemala tiene desde hace al menos 25 años una ley anacrónica, mientras que en la actualidad existe un mundo de transferencias, criptomonedas e inteligencia artificial.
“Necesitamos una ley que marque un parteaguas y que nos permita tener un mecanismo de protección en muchos ámbitos”, indicó.
Dijo que están entusiasmados por el apoyo de sectores y de la población a esta iniciativa de ley, que tiene amplia influencia en el sector privado y financiero, así como en la economía formal e informal y en los usuarios que reciben remesas, pues todos se verán beneficiados con una ley moderna.
Monroy indicó que este lunes tendrían una reunión, la segunda en esta nueva ronda de revisión de enmiendas, en la que un cuerpo técnico de la Superintendencia de Bancos, específicamente de la Intendencia de Verificación Especial, trabajará con jefes de bloque y de bancada para discutir las tres enmiendas pendientes.
Añadió que, una vez haya consenso y una definición clara sobre el tratamiento que debe darse a estas enmiendas, habría vía libre para lograr una votación positiva el próximo 2 de junio.
Dijo que la urgencia de la aprobación radica en que Guatemala enfrentará una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2027.
En febrero de ese año, una misión de Gafilat vendrá a Guatemala para evaluar el compromiso del país, reflejado en una ley moderna y eficaz en la lucha contra el lavado de dinero.
Advirtió que, de no contar con una ley moderna, Guatemala no estaría apta para superar esta evaluación.
“Podríamos decir que ya vamos tarde, vamos muy tarde en la aprobación de la ley. Nosotros teníamos proyectado diciembre del 2025 como fecha límite para contar con todos los mecanismos que puedan demostrar ante la misión y superar la evaluación”, indicó.
En la entrevista se destacó que, a partir de la ley, surgirán reglamentos, oficios circulares y otras comunicaciones que la Superintendencia de Bancos dirigirá a las personas interesadas, quienes deberán implementarlos en manuales de cumplimiento y establecer políticas y procedimientos.
Se advirtió que no sería útil para el país contar con una ley que no cumpla los requisitos mínimos exigidos por el estándar internacional. En ese sentido, los acercamientos en el Congreso de la República con distintas bancadas y jefes de bloque buscan explicar si alguna de las enmiendas podría generar un impacto negativo en el cumplimiento de esos estándares.
También se resaltó que las enmiendas deben mantener el cumplimiento técnico de dichos estándares.
Se alertó de que las últimas enmiendas presentadas restan importancia a la autonomía que debe tener el delito de lavado de activos.
Es decir, si alguien debe probar que el dinero lavado proviene de una actividad ilícita o de la comisión de un delito previamente determinado, esto dejaría a los entes investigadores con las manos atadas para investigar propiamente el lavado de activos.
Se indicó que en este proceso Guatemala ya juega tiempos extras y que, si la ley no se aprueba el 2 de junio, el país no tendrá tiempo suficiente para implementarla y reglamentarla.
Hasta ahora hay un 75% de avance en la elaboración del reglamento, a la espera de conocer cómo quedará finalmente la ley si es aprobada en el Congreso.
También se anunció que en junio llegará una delegación de Gafilat para efectuar la primera interacción con funcionarios de instituciones públicas y privadas, con el fin de capacitarlos sobre la ronda de evaluación que llevarán a cabo.
Añadieron que supervisarán al Estado guatemalteco, sus instituciones y al sector privado, por lo que es importante que el país comprenda que superar esta evaluación podría abrir la puerta para alcanzar el grado de inversión.
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