Estados Unidos
Guatemala
Ley de aguas: CACIF pide mesa técnica y diputados plantean socializar la iniciativa antes de dictaminar
La iniciativa 6816, que propone regular el uso del agua y crear una Superintendencia, genera posturas entre el sector privado y diputados de la Comisión de Ambiente, que ahora deberán analizar sus 215 artículos.
|
La planta de captación de agua El Teocinte, ubicada en San José Pinula, abastece a varias zonas de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)
Luego de que la iniciativa 6816, que propone una Ley de Aguas en Guatemala llegara al Congreso, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) busca abrir una discusión técnica con los diputados. La propuesta fue conocida por el pleno y remitida el pasado martes 11 de agosto a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, donde continuará su discusión.
La iniciativa de ley plantea la creación de una Superintendencia del Agua como ente rector técnico. En esa línea, el CACIF cuestiona que el sector privado no haya sido tomado en cuenta en la elaboración de la iniciativa y plantea que la discusión continúe en el Congreso.
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del CACIF, explicó a Prensa Libre que el sector privado busca que la Comisión de Ambiente , Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, establezca un espacio de discusión para plantear sus observaciones y dudas técnicas sobre la iniciativa.
Aclaró que el sector privado no se opone a una regulación del agua, sino al contenido de la propuesta presentada por el Ejecutivo.
“El sector privado no está en contra de una ley de aguas, lo que estamos en contra es de esta iniciativa de ley que hace un muy pobre trabajo de resolver el problema en Guatemala, excluyendo a las municipalidades que son claves”, señaló.
Según el presidente del CACIF, las reuniones sostenidas previamente con el Ejecutivo no permitieron una discusión técnica sobre el contenido de la propuesta. “Lo que hubo fue un acercamiento sin intención de generar acuerdos y discusión”, sostuvo.
“Es una ley muy importante que debe ser abordada técnicamente y que tristemente el Ejecutivo nunca tomó en cuenta los aportes del sector privado”, afirmó.
Añadió que el texto legal fue compartido con el sector privado hasta una etapa avanzada del proceso y que sus observaciones no fueron incorporadas.
“Lo que nosotros queremos es el espacio, de la forma en que la comisión considere mejor, para entrar de lleno a los temas técnicos y explicarles cuáles son las grandes preocupaciones”, indicó.
Arias Bouscayrol advirtió que, a su criterio, la iniciativa podría generar efectos negativos si se aprueba en los términos actuales. “La ley como está le haría un daño tremendo al país. Y lejos de ayudar, lo que va a hacer es crear un problema, incluso de confrontación, que no se necesita en el país”, afirmó.
Diputados plantean socialización antes de dictaminar
La iniciativa 6816 llega al Congreso en un segundo semestre marcado por otros procesos legislativos, entre ellos la elección del próximo contralor general de Cuentas. A partir de enero comenzará un año marcado por el proceso electoral.
Sin embargo, diputados que integran la Comisión de Ambiente consideran que la propuesta debe ser analizada y socializada antes de avanzar hacia un dictamen.
Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso e integrante de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 2026-2027, señaló que la discusión debe priorizar el análisis técnico y la búsqueda de acuerdos.
“Considero que la prioridad debe ser la responsabilidad técnica y el consenso, por encima de las presiones del calendario electoral”, afirmó.
Rivera destacó que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), encabezado por Patricia Orantes, quien ha impulsado la propuesta, realizó previamente actividades de socialización en distintas regiones del país y recibió propuestas de comunidades y sectores productivos.
“La Iniciativa 6816 responde a una deuda constitucional de 40 años, y sus 215 artículos requieren que la Comisión continúe ese diálogo de forma seria, abierta y sin prisas con todos los sectores”, indicó.
El diputado agregó que una metodología de mesas técnicas permitiría avanzar en el análisis, aunque descartó que la discusión deba acelerarse por razones de calendario.
“Lo que Guatemala necesita es una ley de país, técnicamente sólida y consensuada”, sostuvo.
Por su parte, Karina Paz, también integrante de la comisión, consideró necesario que primero se conozca y analice el contenido de la propuesta con los distintos sectores antes de que la sala legislativa emita un dictamen.
“Creo que sí es pertinente hacer una socialización primero al respecto de esta iniciativa, darla a conocer, que los sectores la lean y la analicen, luego invitar al Congreso de la República a ver observaciones y luego de ese proceso de socialización ya poder dictaminarla”, explicó.
Paz indicó que todavía debe revisar la versión finalmente presentada, debido a que el borrador que había recibido semanas atrás presenta diferencias con el texto remitido al Congreso.
Qué propone la ley de aguas
La iniciativa 6816 contiene 215 artículos y plantea crear una Superintendencia del Agua, bajo el principio de que es un bien de dominio público y reconociendo el derecho humano al agua.
La Superintendencia que propone sería la autoridad rectora encargada, entre otras funciones, de regular los aprovechamientos, otorgar licencias, controlar el cumplimiento de la normativa y administrar los cobros establecidos en la ley.
Uno de los principales cambios es la creación de un canon, entendido como el pago por el derecho de aprovechamiento especial del agua, principalmente cuando esta se utiliza como insumo en actividades que generan un beneficio económico.
La entidad tendría a su cargo determinar y cobrar este canon conforme a los criterios establecidos en la iniciativa. Su aplicación sería gradual durante siete años: comenzaría con el 10% del monto el primer año, aumentaría progresivamente y llegaría al 100% a partir del séptimo año. La propuesta también establece un canon distinto por el vertido de aguas utilizadas al medio natural.
ESCRITO POR:
