El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) anunció durante la presente semana que se realizaron algunos cambios en el portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala, conocido como Guatecompras, los cuales, según indicó la cartera, buscan “optimizar” la funcionalidad en la búsqueda de proveedores para agilizar las consultas de información vinculada con las contrataciones públicas.

Según indicó la cartera, este ajuste aplica criterios de consulta que están “orientados” a una búsqueda precisa de personas individuales o jurídicas que registren vinculación con procesos de adquisición o contratación pública en Guatecompras, principalmente de aquellas que han sido adjudicadas en eventos competitivos identificados con un Número de Operación Guatecompras (NOG), que se encuentran vinculadas con adquisiciones públicas mediante un Número de Publicación Guatecompras (NPG), que hayan realizado ventas al Estado o tenido calidad de contratistas.

Sin embargo, estos cambios no han sido bien recibidos por distintos sectores que mantienen una continua fiscalización de los procesos y eventos de contratación del Estado, ya que según indican, además de restringir la información de los proveedores, también se limitó el acceso al módulo del Sistema Informático de Gestión (Siges), por medio del cual se podía llevar a cabo la consulta de documentos relacionados con ampliaciones, cambios y prórrogas efectuadas a los diferentes contratos y que también permitía verificar precios y condiciones originales, así como las modificaciones finales para los eventos. Además, permitía conocer detalles sobre las autoridades que habrían autorizado los cambios.

Opacidad en contrataciones del Estado

El cuarto secretario del Congreso e integrante del bloque legislativo VOS, Orlando Blanco, afirmó que citarán al viceministro de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, Carlos Augusto Melgar Peña, para solicitar explicaciones acerca de los cambios realizados en el portal, ya que estos limitan el acceso a la información que por derecho es pública, lo que representa un retroceso en la transparencia por parte del Gobierno.

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“Para nosotros es lamentable esta situación. Nosotros vamos a hacer una citación para que el encargado de Transparencia del Ministerio de Finanzas nos llegue a explicar por qué tomaron esa medida y quién dio las instrucciones para esta situación que nos parece a nosotros un contrasentido en la lucha por lograr que la gente tenga acceso a la información pública, pues son herramientas de consulta para el tema de la rendición de cuentas y es lamentable que el Gobierno, pues, haya implementado estas restricciones”, afirma.

Según el congresista, cualquier cambio o modificación al portal de Guatecompras por parte del Ministerio de Finanzas debió haberse realizado con previo aviso a la ciudadanía. También comentó que esta situación provocará una mayor opacidad, impunidad y corrupción en los procesos de adquisición y contratación por parte del Estado.

“Esto promueve la opacidad en el ejercicio de rendición de cuentas, promueve la corrupción, promueve impunidad de proveedores de servicios del Estado, fundamentalmente, quienes, en este marco, pues, van a tener la posibilidad de tener un ámbito de acción más opaco, menos accesible a la información, ya que se le está restringiendo a la ciudadanía el acceso a poder monitorear a quién se le está comprando, en qué tipo de proveedores es el que está ofreciendo servicios de diferente naturaleza dentro de las contrataciones del Estado”, puntualizó Blanco.

El congresista afirmó que también analizan si es viable interponer alguna acción legal por medio de la cual se pueda revertir este cambio realizado en Guatecompras. También aseguró que la decisión de restringir esta información va en la línea de otras entidades que limitan el acceso a la información a los ciudadanos.

"Hemos visto que hay algunas entidades públicas que se resisten al tema de dar la información, pues, quizás las más simbólicas es la Universidad de San Carlos, actualmente, el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social, la Municipalidad Capitalina, la Municipalidad de Guatemala, se resisten a entregar información y a esto, pues, se suma ahora esta acción del Ministerio de Finanzas que, al final de cuentas, a nosotros nos parece que es una limitación al derecho ciudadano de tener acceso a la información pública", aseguró Blanco.

Deben dar marcha atrás

Por su parte, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), afirmó que las medidas implementadas por el Minfin en el portal de Guatecompras perjudican la transparencia en los procesos de adquisición por parte del Estado. En este sentido, explicó que con estas modificaciones ya no se puede verificar o cruzar información sobre si un abogado que es representante legal de alguna empresa que está participando en algún concurso está vinculado con una o varias empresas que ya son contratistas del Estado.

“Yo creo que deberían de dar marcha atrás, pues es un retroceso, sobre todo que son acciones, son medidas que toman, sin comunicarlas, sin informarlas y sin evaluarlas. Porque debieron haber convocado a los usuarios de Guatecompras, obviamente a la sociedad civil, periodistas, activistas y observatorios sociales y hacer la consulta. Y sí afecta porque es una medida con buenas intenciones, pero con muy malos resultados de percepción, esa percepción ya se instaló en los usuarios y lejos de apoyar la transparencia está dificultándola”, asegura Marroquín.

Mejorar su comunicación

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que hacen un análisis de las medidas que han sido implementadas por parte del Ministerio de Finanzas en el portal Guatecompras.

Barrientos afirmó que, aunado a este análisis, también han constatado que en semanas y meses anteriores se han hecho cambios en el Siges, así como restricciones de información en el sistema del Registro Tributario Unificado (RTU), este último a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Lo primero que quisiera comentar es que estamos tratando todavía de identificar y de entender bien todas las implicaciones y los efectos que esto pueda tener en todos los sistemas que están siendo modificados. Ahora, específicamente en lo de Guatecompras, lo primero que podría conceder es una recomendación al Ministerio de Finanzas Públicas para que redoble sus esfuerzos de comunicación social”, afirmó Barrientos.

Según el experto, si bien el Ministerio de Finanzas ya emitió un comunicado sobre el asunto, este solo aporta algunos elementos de carácter técnico, pero no termina de despejar las dudas existentes.

“No logra comunicar de alguna manera para lograr mayor tranquilidad y confianza. Lo que hemos entendido y lo que yo le escuché a la directora general de Adquisiciones del Estado —Xiomara Morales— en una entrevista radial es que Guatecompras proveía información de personas que tenían número de identificación tributaria, pero que nunca habían sido ni son proveedores o contratistas del Estado. El tema es que no hay justificación legal para que el sistema Guatecompras provea información de carácter personal de personas que no tienen nada que ver con los procesos de adquisición pública”, indicó Barrientos.

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No hay justificación

A criterio de Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), no hay razón justificada para que el Ministerio de Finanzas haga modificaciones al sistema Guatecompras, debido a que las últimas modificaciones a la ley y su reglamento se hicieron hace 9 y 10 años, respectivamente.

“Lo que llama la atención es que justifiquen los cambios al sistema en función de ciertos artículos de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Los cambios a la ley se hicieron en 2015 y al reglamento en 2016. No hay cambios recientes en la norma que justifiquen cambios al sistema para supuestamente ajustarse a las nuevas normas”, asegura Coyoy.

Además, señaló que este año el Minfin inició la ejecución de un nuevo préstamo del Banco Mundial para la modernización de los sistemas de información financiera del Estado, para lo cual supuestamente hay una estrategia específica y cualquier cambio debiera darse en ese marco, y no bajo una justificación fuera de tiempo.

“Limitar el acceso a información que se venía publicando regularmente sin una base legal concreta genera dudas sobre el objetivo real que se persigue”, concluye el experto.