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Aceptación de cargos: una de cada tres sentencias en 2025 se logró por esta vía
A cuatro años de implementarse la aceptación de cargos, crece la resolución de casos por esta vía y violencia contra la mujer concentra el 41%, según informe del Cien.
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La Ley de Aceptación de Cargos permite resolver procesos penales mediante un procedimiento especial ante un juez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La resolución de casos bajo el procedimiento que establece la Ley de Aceptación de Cargos ha ganado terreno en el sistema de justicia penal desde 2023, cuando las sentencias emitidas mediante este mecanismo comenzaron a aumentar de forma acelerada.
Un informe presentado hoy por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), a cuatro años de la aplicación de la ley, señala que la violencia contra la mujer concentra la mayor proporción de las sentencias por esta vía: 5 mil 057 casos, equivalentes al 41% del total acumulado.
El dato coloca a este delito por encima de otros como portación ilegal de armas, lavado de dinero, extorsión y robo de terminal móvil.
La investigadora del CIEN, Corinne Dedik, explicó que la Ley de Aceptación de Cargos fue aprobada mediante el Decreto 10-2019 y entró en vigor en junio de 2022, después de diversas acciones ante la Corte de Constitucionalidad. Su propósito es reducir la duración de los procesos penales y contribuir a descongestionar el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario.
“Desde 2023, aumentaron las sentencias por aceptación de cargos y disminuyeron las emitidas mediante los procedimientos común y abreviado. En 2025, una de cada tres sentencias registradas por el Ministerio Público correspondió a aceptación de cargos. El 40% se relacionó con violencia contra la mujer (5 mil 057 casos), seguido por portación ilegal de armas (1 mil 278)”, señaló Dedik.
La aceptación de cargos es un procedimiento especial que permite a una persona ligada a proceso aceptar voluntariamente los cargos ante un juez y obtener una rebaja de la pena, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley, a cambio de cumplir también con la reparación digna a la víctima.
En 2022 se registraron 514 sentencias por aceptación de cargos, equivalentes al 5.5% de las 9 mil 267 sentencias contabilizadas ese año. Para 2023, la cifra aumentó a 2 mil 823, de un total de 11 mil 913 sentencias.
El crecimiento continuó en 2025, cuando se registraron 3 mil 496 sentencias por aceptación de cargos, de un total de 10 mil 790. Esto equivale al 32.4%, es decir, una de cada tres sentencias.
Hasta mayo de este año se contabilizaban 1 mil 328 de un total de 3 mil 572 (37.2%).
El CIEN señala que este crecimiento coincide con una reducción de las sentencias emitidas mediante los procedimientos común y abreviado, aunque advierte que la información disponible no permite establecer por sí sola todos los efectos de la ley sobre el sistema de justicia.
Diferencias y reparación
El uso de la Ley de Aceptación de Cargos también presenta diferencias entre departamentos. Guatemala concentra el mayor número de sentencias acumuladas, con 4 mil 105 casos, mientras que Jutiapa registra la tasa más alta al ajustar por población, con 170.6 por cada 100 mil habitantes. En contraste, Totonicapán registra 17.3.
La ley permite rebajas de 50%, 30% o 20% de la pena y, cuando esta queda por debajo de cinco años, puede ser conmutada. El CIEN también identificó diferencias en las tasas de conmutas y señaló que la mitad de estas se concentra en Guatemala.
Otro de los aspectos analizados es la reparación digna. Aunque la legislación contempla indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, el informe señala que en la práctica suele limitarse a la indemnización económica.
También identifica diferencias entre lo solicitado por la Procuraduría General de la Nación y lo que finalmente recibe el Estado cuando figura como agraviado.
Riesgos y conclusiones
El CIEN señala que la rapidez de este mecanismo convive con riesgos que todavía requieren mayor control. Entre ellos menciona la posible recalificación de delitos para acceder a la aceptación de cargos, la acumulación de beneficios y la falta de información para medir el cumplimiento de la reparación digna o la revocatoria de las rebajas de pena.
El informe también registra una reducción de la prisión preventiva, que pasó de representar el 47% de las personas privadas de libertad en 2020 al 29% en 2026. Sin embargo, el CIEN advierte que los datos disponibles no permiten atribuir directamente esa reducción a la Ley de Aceptación de Cargos.
Como conclusión, el centro señala que la ley ha ganado relevancia y agiliza los procesos, pero sus efectos sobre la prisión preventiva, la carga procesal, la reparación digna y la responsabilidad penal todavía son difíciles de determinar debido a deficiencias de información.
Qué recomienda el CIEN
Ante estos hallazgos, el CIEN recomienda crear un sistema unificado de información que permita dar seguimiento a las imputaciones, recalificaciones, penas, rebajas, reparación y recursos relacionados con la ley.
También plantea realizar un análisis específico sobre la aplicación de la aceptación de cargos en casos de violencia contra la mujer, fortalecer los criterios y mecanismos para determinar y ejecutar la reparación digna, y mejorar el control judicial para garantizar que la aceptación sea voluntaria e informada y que exista respaldo probatorio suficiente.
Finalmente, recomienda medir de manera sistemática el impacto de la ley en la carga de los juzgados y la prisión preventiva, así como realizar una evaluación legislativa basada en evidencia sobre su aplicación, las rebajas de pena, la acumulación de beneficios y las exclusiones previstas en la legislación.
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