Justicia

Estado de Sitio en Zacapa e Izabal pone bajo investigación la extracción ilegal de oro y jade

El Gobierno despliega fuerzas policiales y militares durante 30 días para combatir estructuras criminales y actividades extractivas sin licencia. La medida abre interrogantes sobre su aplicación tardía, las restricciones de derechos y la seguridad después del estado de sitio.

El estado de Sitio decretado en Zacapa e Izabal durante 30 días, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, busca recuperar el control territorial frente a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que en Izabal se han identificado explotaciones de oro y jade sin las licencias correspondientes del Ministerio de Energía y Minas, cuya posible relación con el financiamiento del crimen organizado está bajo investigación.

La estrategia incluye patrullajes terrestres y marítimos, vigilancia de carreteras, ríos y lagos, erradicación de cultivos ilícitos de coca y marihuana, así como la ejecución de órdenes de captura contra objetivos identificados por las autoridades. Villeda supervisó las operaciones junto con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y mandos policiales y militares.

En Izabal, las acciones se concentrarán en Puerto Barrios, Morales y El Estor, mientras que el despliegue conjunto busca fortalecer la presencia institucional en ambos departamentos.

¿Por qué se decretó el estado de sitio hasta ahora?

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se cuestionó si la respuesta gubernamental llegó tarde, después de una escalada de ataques armados en el oriente del país, entre ellos el asesinato del diputado Julio César Portillo en Zacapa. El análisis también abordó la cercanía entre la declaratoria y la decisión de Estados Unidos de designar como terroristas a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza. Sin embargo, no se ha establecido que el anuncio estadounidense haya determinado la decisión del Gobierno guatemalteco.

Otro de los puntos debatidos fue el alcance de las restricciones a garantías constitucionales durante el estado de sitio y su efecto sobre la población. También surgieron cuestionamientos sobre la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de ejecutar los operativos, ante señalamientos relacionados con hechos violentos anteriores.

El estado de sitio en Zacapa e Izabal genera cuestionamientos sobre la respuesta tardía ante la violencia, las restricciones de derechos y la capacidad de mantener la seguridad después de los 30 días. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En ese contexto, se destacó la importancia de que las intervenciones respeten los límites legales y permitan distinguir entre las personas ajenas a actividades delictivas y los objetivos de las investigaciones.

El desafío: mantener la seguridad después de los 30 días

El análisis planteó que la presencia temporal del Ejército y la PNC no garantiza por sí sola una reducción sostenida de la violencia. Entre las principales interrogantes figuran la capacidad de las instituciones para investigar las redes de financiamiento criminal, ejecutar capturas y mantener el control de las zonas intervenidas cuando termine la medida excepcional.

El resultado del estado de sitio dependerá de las acciones verificables contra las estructuras investigadas y de la continuidad de la seguridad para los habitantes de Zacapa e Izabal.


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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.