Con la convocatoria a elecciones por parte del TSE, inicia “oficialmente” el sprint político que organizaciones como el PP, la UNE, Líder, Todos, Unionista, Creo y otros han emprendido desde 2012, posicionando candidatos ilegalmente, incumpliendo su obligación de analizar los problemas nacionales y de formar cívicamente a sus afiliados, creando fundaciones parapolíticas para hacer campaña electoral, alterando listados de afiliación e irrespetando los límites de gastos de campaña electoral; toda la Cosa Nostra con el mismo objetivo: enriquecerse ilícitamente a través de los negocios en y desde la Administración Pública, así como ejercer el monopólico poder público sobre los bienes y servicios soberanos/estratégicos del Estado para el beneficio de grupúsculos privados.

La manifestación ciudadana del pasado 25 de abril tuvo un sinnúmero de significados explícitos, tácitos, simbólicos, reales, etcétera, que demuestran en buena medida el rompimiento del paradigma inmutable (apatía e indiferencia ciudadana), miedos fundamentados producto de las atrocidades del conflicto armado interno para participar ciudadana y políticamente en la discusión, propuesta, movilización e incidencia pública sobre aquellos fenómenos de realidad nacional que afectan nuestros intereses individuales (libertad de expresión) y colectivos (rendición de cuentas).

Aplaudo el operativo que realizaron la Cicig y el MP para desarticular La Línea, dedicada a la defraudación aduanera y contrabando, dirigida por Juan Carlos Monzón (achichincle y testaferro prófugo de la vicepresidenta Roxana Baldetti), Salvador González (directivo de Siglo Veintiuno), Francisco Ortiz, alias Teniente Jerez (forajido colmilludo), Carlos Muñoz (exjefe de la SAT) y Omar Franco (jefe último de la SAT), cuatreros del hampa que se han beneficiado del desmantelamiento que hizo el Ejército durante el conflicto armado en instituciones como el Mingob, Minfin, SAT, SIB, OJ, MP, etcétera.

Hace poco el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente (CPO) presentó los lineamientos para la construcción del proyecto político Un nuevo Estado para Guatemala: Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas, un documento provocador que reaviva el debate en torno al reconocimiento e inclusión sociopolítica y jurídica de las naciones históricas y ciudadanías indígenas en la naturaleza y diseño del Estado de Guatemala, pero donde también debemos interpelar a los pueblos indígenas como sujeto colectivo en crisis: fragmentado socialmente, globalizado económicamente, desideologizado históricamente y folclorizado políticamente.

La formación histórica del Estado ha estado plagada de flagelos sistémicos de corte colonial como la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, la desigualdad y el racismo, que han sentado las bases del enriquecimiento ilícito —a costas del erario público—, de un grupo de oligarcas y ahora de un séquito de empresarios/políticos emergentes que tienen coludidas las instituciones gubernamentales, corroído el Estado de Derecho y descuartizada la fantasmagórica democracia criolla.

Recientemente el canciller ruso Serguéi Lavrov realizó una gira por Cuba, Colombia, Nicaragua y Guatemala, donde los principales temas abordados fueron la seguridad —combate del narcotráfico—, el comercio —inversiones energéticas— y la cooperación al desarrollo —becas—.

Los procesos de migración huma- na han sido una característica inherente al desarrollo de las sociedades (desde la Prehistoria hasta la Revolución Informática), las migraciones han sido históricamente un fenómeno social, producidas por el acceso a materias primas, por la conquista de nuevos territorios, por la apertura de nuevos mercados, entre otras.

Luego de tirar la casa por la ventana en el Teatro Nacional —el equipo SWAT tropical, evitando un segundo autoharinazo de la vicepresidenta—, la ciudadanía crítica pregunta: ¿qué pasó con el K’atun 2032? ¿Cómo se va a operativizar? ¿Pasará al olvido con el cambio de gobierno? ¿Quiénes son los ganadores con el K’atun 2032?

Más allá del saturado marketing político y la atomizada partidocracia representada por 28 partidos políticos inscritos (las matufias del PLP en cuanto a los falsos afiliados), la ciudadanía no visualiza una luz esperanzadora al final del túnel lúgubre que supone la existencia de un sistema político-electoral ausente de ideologías, monetarista, sin sustancia programática, con dirigentismo reciclado, sin vida orgánica en los territorios y dominado por la narcocultura, sobre todo cuando las alternativas como los Comités Cívicos Electorales (CCE) reproducen dichos vicios sistémicos o compiten con una fuerte asimetría ante las maquinarias electoreras.

Estados Unidos recientemente presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, cuyo principal lineamiento es evitar la emigración ilegal a la Unión Americana, a través de la implementación de proyectos productivos, el desarrollo del capital humano, la mejora en la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y el fortalecimiento de las instituciones públicas.