La anulación del reglamento fue por mayoría, pero la magistrada María Eugenia Mijangos razonó su voto, donde expuso que el reglamento debió ser revisado porque considera que se deben preservar condiciones de igual “e ir dejando la costumbre de dar participación únicamente a los candidatos que se consideran punteros en la lid electoral”.

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El tercer considerando el acuerdo 115-2019, que anula el 99-2019, argumenta que los magistrados lo revocaron ante la posibilidad de que exista una interpretación distinta a lo regulado en el artículo 35 de la Constitución.

“En virtud de que pudiera existir la posibilidad de darse alguna interpretación distinta a lo regulado en el artículo 35 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley de Emisión del Pensamiento, Decreto 9 de la Asamblea Constituyente, referentes a la libre emisión del pensamiento sin censura no licencia previa”, señaló el acuerdo de revocatoria.

Los magistrados habían sometido a revisión el acuerdo por las denuncias de medios de comunicación que señalaban violación al derecho constitucional de emisión del pensamiento.

Mijangos razonó que el propósito del acuerdo era hacer un complemento al régimen de medios, lograr equidad e igualdad en los debates y contenidos sustanciales en época electoral, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de enterarse de las propuestas de todos y cada uno de los candidatos.

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“Ello es bueno para la democracia e ir dejando la costumbre de dar participación únicamente a los candidatos que se consideran punteros en la lid electoral; así también se tendría un efecto beneficioso en la capacidad de propuesta de las organizaciones políticas y prevenir que los debates y entrevistas se puedan prestar para violar el régimen de medios”, dijo Mijangos en el voto razonado.

“Estimo que el reglamento debió revisarse y rescatar su espíritu, y hacer las modificaciones que fueren necesarias; por ser indispensable establecer mecanismos con respecto a debates y entrevistas que se llevan a cabo a través de medios de comunicación en época electoral”, consideró Mijangos.

Voto razonado

Aplauden decisión

El vicepresidente de la Cámara de Medios de Comunicación, Mario Alejandro Sandoval, indicó que fue correcto que los magistrados del TSE entraran en razón y que hayan corregido está “gran equivocación” porque “ese tipo de acuerdos, como el que habían hecho, hacían un daño incalculable a la democracia y libertad de expresión”.

“Esperamos que no se repitan este tipo de errores. No he visto el voto razonado, pero creo que la magistrada Mijangos está equivocada en la forma en la que se estaba planteando. Este acuerdo hacía más daño de lo que se quería corregir, y me parece que -Mijangos- no está viendo el daño sino tecnicismos que no se cumplen”, dijo el directivo.

Renzo Rosal, exdirector de la Unidad de Medios del TSE, manifestó que la revocatoria era más que necesaria porque evidentemente levantó muchos cuestionamientos a pocos días del inicio de la campaña electoral.

“Lo que me parece digno para hacer preguntas es saber quiénes fueron los actores que motivaron esta acción, porque la magistrada -Mijangos- dijo que había sido por petición de algunas entidades. Me parece que ahí al pleno le pudieron haber jugado la vuelta y lo hicieron caer en una trampa, y la derogatoria ayudará a contener las críticas, pero tuvo alguna intencionalidad política para afectar la credibilidad del TSE”, dijo Rosal.

Mientras que el politólogo Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) e integrante de Mirador Electoral, indicó que era obligatorio que revocaran el acuerdo, ya que era necesario superar la mala decisión de haber aprobado el reglamento.

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“Consideramos que no es posible en el actual estadio de desarrollo en el cual tenemos nuestra democracia y cultura política, y lo que esta preceptuado en la Constitución, permiten la libertad de emisión del pensamiento y no es legalmente permitido restringir la libertad fundamental con el objetivo de promover cultura democrática en Guatemala”, dijo Hidalgo.

Durante esta jornada, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expuso que el TSE estaba imponiendo a los medios ciertos parámetros obligatorios de cómo deben hacerse las entrevistas, debates y foros, lo que constituye “un acto de injerencia que socava las libertades de expresión, prensa y de empresa”.

“Estamos hablando de censura previa si los medios tienen que someter a un organismo las preguntas que harían a los candidatos y políticos. Cabe entonces la pregunta de qué pasaría si el periodista siente necesario contra preguntar ante una respuesta del entrevistado. Las medidas del TSE coartan descaradamente la libertad del periodista y la autonomía periodística del medio”, expuso María Elvira Domínguez Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País.

Gremios de prensa local, como la Cámara de Medios de Comunicación, la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Periodismo se expresaron en contra del reglamento porque atentaba contra la libertad de emisión el pensamiento.

Mordaza

Según el acuerdo, vigente desde el 5 de marzo, el tribunal planteaba como objetivo facilitar la interacción entre los candidatos, y permitir “un intercambio de ideas y opiniones que favorezca la discusión”, buscando equidad e igualdad para los contendientes.

Pero con eso los medios de comunicación debían presentar su actividad programada en forma anticipada a la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, que sería la encargada de aprobarla las programaciones y mecánicas que le presenten sobre debates, entrevistas y foros.

Imponía limitantes en el tiempo de los eventos y las respuestas de los candidatos, así como requisitos para la persona que dirija el debate, situaciones que podrían atentar contra derechos constitucionales.

Establecía que los debates, foros o entrevistas debían centrarse en temas específicos, por ejemplo sus programas, proyectos, plan de trabajo que conforma su plataforma electoral, intercambio de puntos de vista diversos sobre temas de interés, fomento de la educación cívica, la cultura político democrática y la participación ciudadana.

Planteaba que los candidatos hablaran a los votantes sobre “aspectos relevantes sobre su vida, interés, experiencia y formación profesional”.

Además, condicionaba una estructura general que se debe seguir con el que se busca “garantizar las condiciones de equidad, igualdad y democracia para la celebración de los debates, foros o entrevistas.

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En el artículo 9 se imponía una estructura para el evento, que se componía de entrada, desarrollo, conclusiones y cierre, pero además precisaba qué se debe decir y hacer en cada uno de estos.

En el siguiente artículo establecía la selección de los temas, que se deben presentar ante la Unidad de Medios a más tardar diez días antes de la fecha de la realización del evento.

En ese sentido, establecía un catálogo de temas para discutir: sociales, económicos y de Gobierno, aunque indica que puede haber otros temas a discutir. Sobre eso, temas indica que los subtemas sociales a abordar pueden ser desarrollo social, seguridad pública y justicia; educación, cultura y recreación, pueblos indígenas y desarrollo sustentable; los subtemas económicos serán: desarrollo económico, ecología, inversión y empleo; los subtemas de gobierno serán: relación entre niveles de gobierno, desarrollo urbano, relación entre gobierno y sociedad, responsabilidad de servidores públicos, combate a la corrupción, servicios públicos e igualdad de género.

El acuerdo también señalaba que el tiempo máximo de duración de los debates serán 120 minutos y el tiempo de exposición, preguntas y respuestas será de 10 minutos.

Regulaba asimismo la preparación y desarrollo del evento, y requería que en el desarrollo del debate los candidatos en sus intervenciones debían ser a viva voz y no apoyados de ningún dispositivo electrónico.

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También que los candidatos debían respetar el contenido de los temas y los tiempos establecidos. Asimismo, debían evitar un discurso con palabras o señas que conllevaran agresiones a los demás participantes.

En el documento había incluso un capítulo entero dedicado al moderador de los eventos, donde imponía requisitos y funciones que debía cumplir.

Por ejemplo, que el moderador debía ser guatemalteco, que no desempeñara cargos en ninguna organización política o comité, ni ser de reconocida militancia o identificación partidista y no ser ministro de culto.

Exigía que no tuviera grado de parentesco en línea recta o ascendente o descendente con los candidatos, que no tuviera un contrato de trabajo vigente con el Estado o municipalidades, salvo la docencia.

Además, pedía que tuviera experiencia y conocimiento en áreas humanísticas, periodismo, investigación, docencia, ciencia política o sociología. Por último, especificaba sus funciones en el evento.

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Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, informó que solicitó control jurisdiccional y fue asignado Cruz mediante sorteo que hizo la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial.

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¿Sobre qué investiga el Ministerio Público (MP) a la exfiscal General? Medina dijo que se trata de un caso de contratación irregular, evitó dar detalles al respecto.

“Le voy a omitir nombre de la persona. Es un catedrático que fue contratado por la Unidad de Capacitación del MP. Se debe establecer si la persona prestó o no su servicio”, mencionó el fiscal Medina.

La denuncia llegó a la Fiscalía que dirige Medina a principios de febrero pasado, aunque el caso estaba en el MP desde noviembre del año pasado.

¿Cómo va el caso?

Según Medina, se pidieron informes al mismo MP sobre los servicios que prestó esa persona. “Ya tenemos el contrato y ahora tenemos que verificar con la Superintendencia de Administración Tributaria ciertas declaraciones para ver si estaba dentro del régimen correcto de contribuyente a la misma institución. Por ahí vamos”, dijo.

Al ser consultado de una eventual orden de captura contra Aldana, el fiscal Medina mencionó: “Por el momento no. Dependemos que nos fijen audiencia y lo que vaya a pasar. Puede ser que la auxiliar fiscal vaya y pida una primera declaración. Dependemos del control jurisdiccional y que nos fijen audiencia para ver qué nos autoriza el señor juez”.

La Fiscalía solicitó una fecha para audiencia privilegiada, donde solo ingresa el representante del MP y le hace los requerimientos al juez. Pueden ser allanamientos y hasta capturas.

Una fuente judicial informó que la supuesta contratación sería de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por alguna consultoría o capacitación en el MP sin que llegara a trabajar.

Otras denuncias

El año pasado, la CGC denunció la existencia de una plaza anómala adjudicada a José Carlos Marroquín, quien cobró Q1 millón. El señalamiento contra Aldana es por fraude, peculado por sustracción y abuso de autoridad.

El argumento de los auditores es que Marroquín está asilado en Estados Unidos, por lo que no podría haber hecho la consultoría que estaba en el contrato sin presentarse al Ministerio Público. Incluso él nunca se presentó al ente investigador a firmar el contrato, sino que un abogado lo representó.

La denuncia contra la exjefa del MP también incluye a Marroquín y a Rottman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP en tiempos de Aldana y ahora es uno de los colaboradores de sus aspiraciones políticas.

Postura

Consultado vía telefónica, Pérez, mencionó que es un intento para boicotear la participación de Aldana como candidata presidencial.

“No tenemos del todo la certeza que haya sido así. En caso confirmarse lo que ocurre, para nosotros es más que evidente, a dos días de la proclamación de Thelma Aldana, que el Pacto de Corruptos está en la absoluta disposición de utilizar a las instituciones para alcanzar los objetivos de bloquearle su participación”, mencionó.

Pérez aludió como otra muestra de los ataques contra Aldana lo que ocurrió el miércoles y el jueves último en el Congreso, donde diputados cuestionaron a Leopoldo Guerra, jefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Fernando Fernández, contralor en funciones, en torno al finiquito y a la eventual inscripción de ella.

“Es evidente la intención del Pacto de Corruptos de querer boicotear la participación de Aldana”, añadió.

En cuanto a Bonilla se ha intentado contactarlo aunque no ha respondido a las llamadas.

Tiene finiquito

Hasta ahora, Aldana no tiene inconvenientes para ser proclamada y solicitar su inscripción ya que cuenta con finiquito. Si bien la denuncia de la Contraloría habría revocado el finiquito, Aldana fue amparada por el Juzgado Primero Civil y el finiquito le fue restituido.

La resolución judicial dividió la opinión de abogados; algunos que ven un fallo político y otros que lo califican como legal y consecuente.

No obstante, una resolución de la Corte de Constitucionalidad a propósito de un ocurso de queja planteado en este caso por la Procuraduría General de la Nación ordenó que continúe la investigación contra Aldana por la supuesta contratación irregular de Marroquín.

El edificio de la zona 5

Otro señalamiento contra Aldana son supuestas anomalías que señalan diputados oficialistas por la compra de un edificio por Q35 millones en octubre de 2017, durante la gestión de la exjefa del MP.

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“El antejuicio 59-2019, cuyo denunciante es el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra Sandra Julieta Torres Casanova, quien goza de la prerrogativa de antejuicio por ser candidata presidencial, por mayoría, se rechaza in-limine por no tener elementos de racionabilidad suficientes”, informó Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial (OJ).

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Las claves del caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE que implicarían a Sandra Torres

El señalamiento contra la candidata fue por supuesto financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

El antejuicio también incluía a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, que también fue rechazado sin entrar a conocer.

Siekavizza informó que la magistrada Silvia García votó en contra, de forma parcial, debido a que pidió que solo se siga el caso contra Torres Casanova. También votaron en contra las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales.

La acusación del MP y la Cicig se centró en delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Se les indicó que se relacionaron bajo la instrucción de Torres Casanova para gestionar y recibir aportes por medio de las empresas Maariv, Promotora de Recursos Habitacionales S. A., y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S. A.

#OJInforma | Vocero del @OJGuatemala Mario Siekavizza se refiere a los antejuicios conocidos por el Pleno de Magistrados de la #CSJ.
Antejuicio 44-2019.#OJEsTransaparencia#Justicia24Horas pic.twitter.com/Bo2B6k6ESn

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) February 27, 2019

El antejuicio fue planteado por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, el 7 de febrero pasado. Al ser consultado vía telefónica por la resolución de la Corte respondió: “Utilizaremos las vías impugnativas…en este caso, la acción constitucional de amparo”.

En cambio, diputados de la UNE que estaban en sesión plenaria se mostraron contentos al enterarse del fallo de la CSJ.

El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

La candidata presidencial acusó a la anterior fiscal General, Thelma Aldana, de estar detrás de la acusación. “Es una denuncia espuria y totalmente política”, manifestó Torres.

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Justicia y política

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, comentó que el fallo de la CSJ favorable a Torres coincide con la convocatoria ayer para el proceso de elecciones de cortes de Apelaciones y de la misma CSJ.

“El Congreso ya anda cabildeando para elegir magistrados afines, así como ha funcionado todo. Bancadas oficiales están ávidas de querer elegir a sus magistrados”, reflexionó.

Cuestionó el hecho que la diputada Nineth Montenegro sí haya perdido el antejuicio y será investigada por el delito de financiamiento electoral ilícito y el caso de Torres es rechazado.

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“Ese es un mensaje muy claro, que la Corte Suprema de Justicia está jugando política. Hay decisiones políticas de los magistrados, eso es evidente”, dijo.

Para Balsells, otro elemento que hace pensar que hay una combinación de justicia y política es que el Congreso debía convocar a la elección de cortes en junio, pues la ley define que el proceso de postulación de magistrados debe convocar cuatro meses antes de la toma de los nuevos cargos, que debe ser en octubre.

“Creo que es una convocatoria muy prematura y habrá que analizarla y estudiarla si está en la legalidad”, acotó.

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Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, que fiscaliza las elecciones de órganos de justicia, consideró que lo resuelto por la Corte es un evidente interés de los magistrados de asegurar los votos de la UNE ante una eventual reelección.

Aseveró que la alianza oficialista ya no es suficiente para alcanzar 80 votos y tomar decisiones, en cambio la UNE puede aportar los votos necesarios para desatascar ciertas elecciones, como la de contralor, relatores contra la Tortura, entre otros cargos que le corresponden.

“Esto -resolver a favor de Torres- es más bien operar en favor de ellos mismos -los magistrados-. Nadie escapa de que la UNE va a jugar un papel central en la elección de magistrados, ya quedó probado en lo que va del año que sin el concurso de la UNE no avanza la agenda legislativa”, dijo la activista.

También observó que, en aras de la estabilidad del actual contexto electoral, los jueces no deberían cubrir a nadie o hacerse de la vista gorda de presuntos delitos, sobre todo, ante señalamientos como los hechos contra Torres.

Aseveró que el hecho de que haya algunos candidatos a la Presidencia y a diputados con antejuicios no desestabiliza nada, debido a que hay mecanismos establecidos en la reglamentación interna de los partidos, en la Ley Electoral y la Constitución, de cómo proceder en caso de que alguien ya no pueda serlo.

Espuria y política

Carlos Barreda, subjefe de la bancada uneísta, señaló que la decisión de la Corte confirma que lo hecho por el MP era “una acción espuria y política”.

“Se quiso utilizar un delito que ya no existe y es una buena lección para Thelma Aldana para que entienda que no se puede usar la justicia y el MP con fines políticos”, afirmó el legislador.

Agregó que “este es un tema importe porque las elecciones se ganan en las urnas y no en los tribunales y que Guatemala tiene derechos a elegir”.

Se le consultó si analizan la posibilidad de tomar alguna acción legal en contra e Aldana debido a que la han señalado como responsable de esta situación. “Está será decisión del Comité Ejecutivo Nacional y del secretario general en funciones, si se toman o no estas acciones”, afirmó Barreda.

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Ampliaremos

Luis Fernando Chávez Martínez, de 27 años, y Byron Felipe Gutiérrez Gutiérrez, 25, son las dos personas que murieron en el ataque armado. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) manifestaron que desconocen el motivo del hecho, el Ministerio Público (MP) investigará el ataque.

En otros tres hechos diferentes resultaron heridas de bala seis personas más, entre los heridos se encuentran cuatro mujeres. Los incidentes armados fueron en la zona 6, 18 y en Quetzaltenango.

Madre he hija son heridas de bala frente a campos de col.Nueva Jerusalén z18 @BVoluntariosGT las trasladan al HG. pic.twitter.com/Bz5vqJJVVf

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) March 6, 2016

En la zona 18, Norma Solares, de 38 años, y su hija Dayana Solares, de 18, fueron atacadas por desconocidos. Según testigos el ataque fue directo hacía las mujeres. Fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Las dos víctimas se encontraban observando un encuentro de futbol, cuando fueron atacadas, según William González, vocero de los Bomberos Voluntarios.

Sobre el puente Belice, en la zona 6, en el carril que viene de la zona 18 para la zona 1, fueron baleados dos jóvenes, uno de ellos identificado como Edwin Orlando Zamora, de 22 años, mientras su acompañante no fue identificado. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

En el municipio La Esperanza, Quetzaltenango, dos mujeres fueron atacadas a balazos; las víctimas no han sido identificadas.

Durante la tarde en dos hechos distintos fueron atacadas a balazos cuatro mujeres, a escasas horas de celebrarse del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Violencia hacia féminas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló que en el 2015 en el laboratorio se hicieron 766 evaluaciones a cuerpos de mujeres que murieron por la  violencia.

El reporte del Inacif establece que 490 fueron baleadas, 87 apuñaladas, 13 desmembradas y el resto por algún tipo de asfixia.

La cifra en el 2014 fue de 774  cuerpos de féminas examinados; del total 507 fueron baleadas, 66 murieron por heridas de arma blanca, 12 desmembradas y el resto por algún tipo de asfixia.

A las 15.00 horas familiares, vecinos y amigos despidieron entre lágrimas y gritos de desesperación a Hermelinda Barahona de 61 años quien fue la víctima número seis que fue inhumada en el cementerio de la localidad, por el deslave ocurrido el jueves último en horas de la noche en el caserío El Cambray 2, Santa Catarina Pinula.

Unos niños de entre 8 y 10 años lloraban por la partida de su abuelita el resto de sus familiares no quisieron hablar sobre la tragedia, que lleva medio centenar de víctimas mortales.

Familiares y amigos acompañan el sepelio de Hermelinda Barahona, la 6a.víctima de #TragediaElCambray @prensa_libre pic.twitter.com/SaaYvhgoxC

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 3, 2015

Un pastor evangélico elevó una plegaria por la familia de Hermelinda para que les de fortaleza y resignación para que puedan sobrepasar la pérdida de su familiar, además pidió para que el municipio salga adelante.

En el transcurso del día han sido seis las víctimas que han sido inhumadas en el cementerio de Santa Catarina Pinula.

Otras víctimas

Alex López desconsolado indicó que murieron sus dos hijas María Fernanda López  de 20 años y Masciel Alexandra López, 23 y su nieto Ángel Efraín González López de 2 años.

Los tres están siendo velados una iglesia Antioquia que les dio un espacio para la velación. López aún daba vueltas en la morgue provisional ubicada en las bodegas de la comuna de Santa Catarina Pinula debido a que aún no aparece el cuerpo de exesposa Gloria López Vicente.