Agregó que le informaron que Pérez Crua no está en Quetzaltenango y que 31 de enero estuvo de visita en la ciudad y ofició una misa. “Ciertamente no me explico cómo si tenía una suspensión del ejercicio del ministerio le permitieron aquí celebrar esa misa, eso no me lo explico”, aseguró el arzobispo.
De acuerdo con Molina, cuando se trata de un religioso franciscano, salesiano, paulino o agustino, el superior directo no es el obispo sino el superior canónico quien dictamina la suspensión, por lo que aseguró que él desconoce los detalles de la suspensión y solo sabe que está señalado por un caso de abuso sexual de niños. “No sé si es una cosa de tocamiento o algo más grave, pero ciertamente la política de la iglesia es de mucha rigurosidad”.
El arzobispo de Quetzaltenango y Totonicapán explicó que, en la Arquidiócesis de Los Altos, no se conoce ninguna acusación contra sacerdotes o religiosas por pederastia o agresiones contra niños. De recibir alguna denuncia explicó se deberá seguir el protocolo de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
“Para tratar estos casos de acusación de pederastia, diciéndolo muy rápidamente, cuando al obispo le llega una noticia de que algún sacerdote a cometido un tipo de abuso debe constituir un consejo investigador para indagar la veracidad ya que puede ser invento para dañar a un padre”, explicó Molina.
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El religioso informó que el consejo puede estar constituido por un psicólogo, un abogado y un sacerdote. “Personas que de una manera creíble dictaminen la verdad, si el dictamen es verosímil y se determina que puede ser cierta la acusación, el obispo debe suspender al sacerdote y denunciar el hecho al Ministerio Publico. Cuando se demuestre la responsabilidad del sacerdote el obispo debe dar aviso a Roma a la Santa Sede y esta le prohíbe seguir ejerciendo como sacerdote”, explicó.
El escándalo en Quetzaltenango por la permanencia del sacerdote salesiano, Pérez Crua, de origen salvadoreño quien está siendo investigado en el vecino país por aparentemente enviar fotografías de carácter sexual a una estudiante el año pasado, alertó a las autoridades de educación de Xelajú quienes manifestaron que revisan el tema relativo a la seguridad de los menores en internet.
El asesor jurídico de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc), Luis Galicia, confirmó que el año pasado la dirección departamental conoció casos –sexting– que le Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) les remitió.
“En casos como estos se debe aplicar el reglamento de convivencia pacífica que ofrecen las comisiones de disciplina”, expresó Galicia.
El fenómeno de fotografiarse en actitud provocativa para enviar las imágenes por celular preocupa a las autoridades del Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO) que el año pasado detectaron casos de estudiantes acosadas por redes de trata de personas.
“Hemos tenido serios problemas donde intervinieron la dirección de educación y Procuraduría General de Nación. Contra las señoritas –estudiantes– ha habido delitos graves, nos enteramos que unas estudiantes se tomaron fotos y las subieron a una red social”, dio a conocer la directora del centro educativo, Aidé López.
Desde hace dos semanas la PDH comenzó una jornada de charlas informativas con estudiantes de todos los niveles en las escuelas e institutos públicos sobre temas de ciberseguridad y acoso, informó la delegada de la auxiliatura en Quetzaltenango, Flor Gómez.
“Concienciamos a los estudiantes sobre el buen uso de las redes sociales, de la buena comunicación que deben mantener con sus padres y de riesgos que hay si hacen mal uso del internet”.
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