Conflicto legal mantiene en suspenso pago por arrendamiento de locales en Antigua Guatemala

Diez arrendatarios del Portal de la Calzada Santa Lucía mantienen un conflicto legal con la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, porque desde su inauguración en 1990 han pagado Q500 por arrendamiento mensual, pero el Concejo aprobó aumentar la cuota, lo cual rechazan. 

El Portal de la Calzada de Santa Lucía cuenta con 11 locales municipales y siete privados. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán).
El Portal de la Calzada de Santa Lucía cuenta con 11 locales municipales y siete privados. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán).

Según los inconformes, en noviembre de 2016 las autoridades ediles decidieron actualizar la cuota a Q5 mil mensuales a partir del 2017, pero esa resolución no fue notificada a los interesados, lo que ha generado conflicto legal entre ambas partes y mantiene en suspenso desde hace 18 meses el pago del aumento de la cuota. 

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El Concejo ordenó al Departamento Jurídico elaborar nuevos contratos con la nueva asignación a partir de enero de 2017, según consta en el acta 122-2016, pero los interesados no fueron informados.

Algunos concejales lamentaron que durante los últimos 18 meses de mora la municipalidad dejó de percibir más de Q930 mil por el arrendamiento, por lo que acordó el 25 de junio último ordenar al Departamento Jurídico el cobro de ese monto, pues actualmente los comerciantes pagan los Q500 de alquiler en el Juzgado de Paz y el recurso no ingresa a las arcas de la comuna. 

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Los concejales María Eugenia Contreras y Roberto Orozco culparon a la jefa edil, Susana Asencio, de no seguir el proceso administrativo, a pesar de que habían tomado una decisión. Esto lo indicaron ambos funcionarios durante una reunión del Concejo, pero Asencio no se pronunció. 

Suzanne Brichaux, representante de la Comisión por la Transparencia de Sacatepéquez, exigió al Concejo que sancione a los arrendatarios porque cabe la posibilidad del subarrendamiento y afecta los intereses del municipio.

Reacciones

Según un acta, un arrendatario aceptó la nueva cuota de Q5 mil y en un solo pago canceló en las cajas municipales Q60 mil correspondiente al 2017, pero a partir de este año ya no hizo los pagos respectivos.

Mientras que el resto de los arrendatarios, entre estos un exalcalde, rechazaron la resolución del Concejo y lo denunciaron ante el Juzgado de Paz, donde hasta la fecha hacen el depósito respectivo de los Q500 mensuales. 

Verónica Salazar, arrendataria, aseguró que no fueron informados de la decisión del Concejo, por lo que, al no poder hacer los pagos en las cajas municipales, se solicitó al Juzgado de Paz resolver el conflicto. Además, argumentó que rechazaron el aumento del arrendamiento, porque lo consideran ilegal debido a que la municipalidad no es una entidad lucrativa.

El Concejo conoció el lunes último un recurso de reposición que interpuso el grupo de los 10 arrendatarios en contra de la resolución del Concejo, contenida en el punto octavo del acta 56-2018 del 25 de junio último y lo admitió para su trámite, por lo que a los comerciantes se les concedió audiencia en los siguientes cinco días ante el Juzgado de Asuntos Municipales.

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Préstamo

La municipalidad hizo un préstamo por Q1 millón 241 mil 900 al Instituto de Fomento Municipal para la construcción de esos locales comerciales el 20 de marzo de 1995 a una tasa de interés anual de 14 por ciento hasta el 19 de diciembre de 2020. Al 21 de mayo último, la comuna tenía un saldo de Q100 mil 204.42.

Héctor Vides, exalcalde y copropietario de los siete locales, explicó que el terreno donde está una parte del centro comercial era propiedad de su padre y que a sugerencia del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala la estructura del edificio comercial debía mantener la unidad con el proyecto municipal, por lo que ese edificio aparenta ser uno solo, pero pertenece a dos propietarios con documentación legal.

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