adquisiciones públicas
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El ministerio de Finanzas prepara modificaciones urgentes al reglamento de la ley de contrataciones
La cartera del Tesoro también presentará una iniciativa para modernizar el decreto 57-92, ley que regula las adquisiciones estatales, informó ayer el viceministro Carlos Melgar.
El Ejecutivo propondrá reformas a la normativa del sistema de adquisiciones pública con cambios al reglamento y una nueva ley en el mediano plazo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
La introducción de reformas al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, antes de iniciar una discusión para modificar la ley respectiva (decreto 57-92) con enfoque anticorrupción, se autorizará en breve por medio de la publicación de las disposiciones en el diario oficial.
Según el sistema Guatecompras, durante el ejercicio fiscal 2023, el gobierno adjudicó la compra de productos y servicios, así como la contratación de obras por Q14 mil 307.1 millones.
Tras un evento realizado ayer para lanzar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas, el viceministro de Finanzas, Carlos Melgar, declaró que los cambios estarían dirigidos a dos aspectos: el primero consiste en readecuaciones al reglamento, por medio de un acuerdo gubernativo; y el segundo, cambiar la actual normativa, tras una discusión con diferentes actores, para presentar al Congreso de la República una iniciativa de ley, lo que sería a mediano plazo.
El funcionario añadió que los cambios a la normativa indicada obedecen al propósito de crear un sistema nacional de adquisiciones públicas, lo que estaría en la línea gubernamental de gestionar leyes que son de su interés, tal como ocurrió con la iniciativa 5074, ley de competencia, que se encuentra en segunda lectura en el Legislativo.
Bajo análisis
Melgar informó que, con el apoyo de algunos centros de pensamiento económico, ya se recibió un primer pliego de sugerencias para llevar a cabo cambios al reglamento, lo que conduciría a una discusión interna para evaluar las propuestas, aparte de agregar temas que la Dirección de Adquisiciones del Estado considera importante incluir, por lo que es un proceso que apenas está comenzando. Por ejemplo, se estarían incluyendo conceptos nuevos como el valor por el dinero, según estándares internacionales.
“Lo que se propuso como reformas al reglamento es un conjunto de artículos para hacer más eficientes y ágiles los procesos y algunos cambios para aumentar transparencia; en total, se propone modificar 20 artículos"
Érick Coyoy, analista Asíes
Por aparte aclaró que durante este año ya no hay tiempo suficiente para discutir las reformas a la Ley de Contrataciones, pero “lo importante es que tiene que debe ser un proceso bien planificado porque por ejemplo, se necesitará que intervengan otros actores como la Comisión Nacional Anticorrupción, las mismas entidades públicas que son las usuarias de la ley, centros de pensamiento y con elemento del diálogo con el Congreso de la República”.
Luego remarcó que, en última instancia, con estas reformas se persigue fortalecer la lucha contra la corrupción, agilizar los procesos de compra según el tipo de productos y servicios, por las diferencias normales de los compradores y proveedores. Además, no se descarta el análisis de alguna iniciativa de ley que ya esté en el Congreso, como sucedió con la ley de competencia.
Planteamientos
Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quienes asistieron a la presentación indicada, expusieron sus puntos de vista al respecto:
“Lo que se propuso como reformas al reglamento es un conjunto de artículos para hacer más eficientes y ágiles los procesos y algunos cambios para aumentar transparencia; en total, se propone modificar 20 artículos y el Minfin indicó que va a evaluar la propuesta y definir qué cambios considera aceptables”, declaró Coyoy.
En tanto, Barrientos, reconoció que la actual ley está bastante anacrónica y obsoleta, pues la mayor reforma ocurrió en 2015, cuyo propósito era introducir mecanismos de transparencia y anticorrupción en el contexto de los eventos políticos de ese año.
Recordó que las disposiciones que se introdujeron ahí han tenido efectos varios, pero en opinión del Icefi, durante los últimos dos gobiernos, el de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei Falla, se utilizó esa reforma como excusa para justificar la incapacidad de ejecución de los recursos de manera transparente y ágil, “por lo que se decía que dicha normativa pone demasiados controles”.
Aclaró que eso no es del todo cierto y en buena medida “es una resistencia de funcionarios y gobiernos corruptos a acatar las indicaciones de un mecanismo anticorrupción”.
A su juicio, se necesita una reforma integral al sistema de adquisiciones públicas que incluya tres ámbitos:
- Marco institucional: Hay debilidades detectadas en las unidades de compras en todo el sistema, como ministerios, secretarías, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas, aparte de que hay desconocimiento sobre los procedimientos y debilidad institucional.
- Marco normativo: En el reglamento se bloqueó el procedimiento de subasta inversa como un mecanismo ágil de adquisición pública, y por ejemplo la ley no contempla que para las adjudicaciones a través de este mecanismo debe haber una junta calificadora, como la tiene el contrato abierto y la licitación.
- Ley de competencia: El Minfin y el Registro de Adquisiciones es la institucionalidad pública del lado público, para regular a las entidades que compran y contratan. Falta la regulación de los mercados privados, que tiene que ver con la parte de contratistas y proveedores del Estado “y la institucionalidad para regular es la ley de competencia”.
Aporte a la economía
Según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) titulado “las adquisiciones públicas” estas representaron un 3% del producto interno bruto (PIB) en el período 2010-2020, con una tendencia estable.
Sin embargo, en los primeros dos años del nuevo decenio se observa un alza y se estima que las compras públicas alcanzaron el 8% del PIB al cierre del año 2022, según la muestra publicada en enero del 2023.
Uno de los hallazgos es que la mayor cantidad de gasto se adjudica por medio de licitación, pero la directa ha ganado participación en detrimento de la libre competencia.
Modalidades de adquisiciones:
- Compra directa con oferta electrónica.
- Licitación pública.
- Cotización.
- Procedimientos regulados en la ley de Contrataciones (casos de excepción).
- Convenios y tratados internacionales.
- Baja cuantía
Estándar de datos abiertos
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE), en colaboración técnica con la asociación civil Red Ciudadana, anunció la implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS, en inglés) en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), https://ocds.guatecompras.gt/.
"Con el apoyo de algunos centros de pensamiento económico, ya se recibió un primer pliego de sugerencias para llevar a cabo cambios al reglamento, lo que conduciría a una discusión interna para evaluar las propuestas"
Carlos Melgar, viceministro de Finanzas
De acuerdo con la información presentada, esta iniciativa se originó desde 2016 y se desarrolló con el apoyo de Open Contracting Partnership (OCP), por lo que constituye una herramienta para transparentar las contrataciones públicas realizadas por las diferentes entidades del Estado, ya que facilita la accesibilidad a la información y fomenta la participación ciudadana al proporcionar datos en línea en formatos abiertos, entre estos CSV, Excel y JSON, lo que permite su uso, reutilización y redistribución para un mejor análisis.
“Con el OCDS en el Sistema Guatecompras, la apertura de datos permitirá recopilar, difundir, compartir, analizar información y generar herramientas que propicien un cambio sistemático a las contrataciones públicas, para que se desarrollen en un marco de transparencia, certeza, eficiencia y competencia, lo que además abonará en el fortalecimiento de la auditoría social”, indica el comunicado oficial.
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