¿Cómo percibe la CNEE la situación de rechazo o conflictividad para proyectos de energía eléctrica?
La conflictividad es un fenómeno bien complejo por las causas, raíces e historia de nuestro país. A nivel nacional es casi pareja en cuanto a sus efectos. En el sector eléctrico impacta negativamente en las inversiones que se han propiciado y que ha sido el éxito del modelo regulatorio del sector. Además, impacta el mismo desarrollo de las zonas afectadas.
¿Y cómo ve el futuro de la energía con esta problemática?
Se detuvieron las nuevas inversiones en generación, prácticamente a nivel nacional, desde que comenzaron los focos de conflictividad. Es un impacto negativo y afecta el desarrollo del país.
Al paralizarse no podemos determinar en cuántos años sería, pero a mediano plazo se tendrían problemas para cubrir la demanda de energía del país.
Por el momento tenemos sobreoferta y un sistema robusto, pero si ya no se continúan las obras que se determinan en los planes de expansión que emite el Ministerio de Energía Eléctrica (MEM), vamos a comenzar otra vez con los problemas de calidad en transporte y en generación eficiente, por plantas que se dejaron de construir.
Tenemos actualmente la mejor condición de la región. Guatemala es un país declarado como exportador. Además tiene buenos precios, calidad y un sistema robusto.
Ellos —los inversores— indican que necesitan certeza jurídica.
¿Qué propone la CNEE para enfrentar la problemática?
Es un tema serio e involucra a muchas instituciones. Se debe seguir trabajando en las mesas de diálogo. Como CNEE participamos en las que somos convocados por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Presidencial de Diálogo. (En esa discusión) se ve desesperación de la población, la cual toma medidas, muchas veces radicales, y detiene por completo la actividad económica del país.
Desde el lado del sector eléctrico deberían propiciarse aspectos como orientar a la comunidad, informarla de sus derechos y obligaciones y que permita a la distribuidora realizar sus ciclos comerciales. Para que puedan dar un buen servicio se necesita que tengan libre acceso a las áreas en conflicto.
Sobre el cobro de alumbrado público —que también es motivo de rechazo—, ¿cuál es la postura de CNEE?
Se participó en 29 reuniones, en una mesa de discusión —convocada por la Comisión de Energía del Congreso—, en el 2017, y se hizo una propuesta integral.
La propuesta se basó en buscar un valor medio de alumbrado público por regiones y aplicarlo de manera porcentual al consumo, como se hace en el área central. Eso tendría un impacto equitativo el usuario. Se trabajó hasta llegar a la propuesta técnica, pero luego ya no hubo avance.
Se apoya esa propuesta porque fue la más trabajada por diferentes partes, apoyamos que pueda seguir avanzando. Claro que tendrá revisiones en el Congreso y la Comisión.
¿En qué consiste?
Se trataría como un arbitrio único. —Para determinarlo— se calcularán dos componentes, uno es el pago de la energía de las lámparas, y para ello la distribuidora calcularía el costo medio de la energía que consumen las lámparas del sistema.
El otro componente es lo que respecta a la operación, mantenimiento y expansión de los sistemas que serían calculados para cada municipio.
Con este modelo, el 85% de los municipios quedaría con tasa de entre 10% a 20% y el promedio de país en 14.7%. Eso ayudaría a ser transparentes y a que sea pagable y sostenible.
Al hacer esa diferencia la distribuidora recuperaría su costo de la energía y permitiría que cada municipalidad fuera más responsable y transparente en la gestión de alumbrado público.
Lo que nos queda es seguir trabajando con el MEM, ya que fueron a presentar el proyecto a la comisión del Congreso, pero hay otras instancias. Hay una iniciativa que circula en segunda lectura pero no sabemos cuál sería la que avanzaría.
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