Expertos advierten riesgos fiscales y clientelismo por subsidio a combustibles en Guatemala
Una primera cobertura de subsidio ante la crisis energética se destinó este año, pero existe un vacío en la formulación de planes de emergencia. Uno de los riesgos es la ampliación de los apoyos con fines políticos al acercarse la campaña del 2027.
El Ejecutivo presentó una propuesta de subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina durante tres meses, la cual fue aprobada por el Congreso de la República en abril pasado por un monto de Q2 mil millones. (Foto Prensa Libre: María Renee Barrientos)
La emergencia colectiva por el alza del barril de petróleo comenzó en Guatemala en mayo, cuando se destinó una cuantiosa suma de dinero para cubrir un subsidio de Q8 para el galón de diésel y Q5 para las gasolinas, por un período de tres meses que concluirá el 31 de julio. El programa es temporal y equivale a un promedio diario de Q22 millones.
La respuesta estatal aún no incluye otras áreas de apoyo, como seguridad alimentaria o transferencias monetarias focalizadas para personas que pueden verse afectadas por el constante incremento de los productos refinados que Guatemala importa y que generarán presión inflacionaria.
Guatemala, al igual que otros países de la región, ha entrado en una fase para hacer frente al impacto social y económico en las familias vulnerables, el sector informal y la conservación del empleo.
Crisis energética amenaza estabilidad económica
La sostenibilidad y la conservación de un programa de subsidios estatal tiene varios matices y pone escenarios económicos para 2026 y del 2027, pero está sujeto a que si el conflicto continuo en el segundo semestre del año en un escenario pesimista.
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Un panel de analistas consultados por Prensa Libre, expusieron que en esta coyuntura se están juntando una presión en la inflación, alza a los productos energéticos como diésel, gasolina, propano, energía eléctrica, fertilizantes entre otros, efectos del fenómeno del Niño que puede prolongar la sequía y afectar a la agricultura e industria, así como problemas en la seguridad alimentaria.
Por otro lado, se acerca el proceso electoral del 2027 y el llamado a las elecciones generales será en enero próximo, en un contexto de crisis energética.
Subsidios elevan presión fiscal
Sergio Recinos, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat), declaró que ya se aprobaron Q2 mil millones para cubrir subsidios a las gasolinas y al diésel, tomando como ejemplo lo que han hecho otros países. Añadió que se debe mantener un equilibrio para evitar un mayor impacto en las finanzas públicas y, al mismo tiempo, frenar el efecto en la población.
Ejemplificó que, en este caso, el subsidio aprobado es generalizado, por lo que también beneficia a propietarios de vehículos de alta gama o yates, pero que al final “hay que verlo más despacio, porque termina afectando las finanzas públicas”.
En esta ocasión, los indicadores señalan que hay disponibilidad de recursos por parte del Gobierno central y que no se ha observado una mayor ejecución del gasto público, sobre todo en proyectos de gran envergadura, como carreteras, puertos o aeropuertos, y otros que generan efectos multiplicadores y derrame en la economía y en la población en general.
Crisis energética expone vacío estatal
Para Maynor Cabrera, economista y consultor de la Fundación Economía para el Desarrollo (Fedes), el costo de la energía ya comenzó a impactar directamente en los precios de las gasolinas, a pesar de que se aplica un subsidio. Aún no se tiene claro cuál será el impacto para el consumidor final ni los costos para las empresas.
En esta coyuntura se están juntando una presión en la inflación, alza a los productos energéticos como diésel, gasolina, propano, energía eléctrica, fertilizantes entre otros, efectos del fenómeno del Niño que puede prolongar la sequía y afectar a la agricultura e industria, así como problemas en la seguridad alimentaria.
Por otro lado, habrá efectos indirectos que se manifestarán con el transcurso del tiempo, ya que, además del factor geopolítico, está el fenómeno de El Niño, que tendría implicaciones en el costo de alimentos como maíz, frijol y algunos productos de exportación, así como en la generación de electricidad por medio de plantas hidroeléctricas.
“Ahí hay un problema delicado y de mayor impacto en el nivel del costo de vida para la población y la afectación climática, sobre todo en poblaciones que dependen de cultivos de autoconsumo y que comprometan la seguridad alimentaria, problemas de hambre y de impacto social”, enfatizó.
Cabrera advirtió que el Gobierno central debe contar con un plan de emergencia y que no sean los diputados del Congreso de la República quienes decidan qué se puede hacer, tal como ocurrió con la aprobación del subsidio al diésel y a la gasolina en abril último.
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“El gobierno tiene cuadros técnicos y puede plantear una respuesta focalizada, mucho más económica y efectiva, para los sectores de la población que podrían verse afectados con esta situación. El corredor seco es un candidato principal que podría verse afectado. Es cierto, en general toda la población se verá afectada por los precios, pero otro punto es que el subsidio está pensado para un problema muy transitorio, pero es un subsidio muy oneroso y qué se va a hacer”, expuso Cabrera.
También puede haber problemas por la falta de acceso a algunos bienes para sectores de la población en determinadas áreas geográficas, aseveró el representante de Fedes.

Piden reacción del Ejecutivo
Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), remarcó que es preocupante que el Gobierno central no tenga propuestas concretas surgidas del Ejecutivo para hacer frente a la crisis.
“Dejar que el Congreso de la República lleve la batuta tendrá su legalidad democrática, pero técnicamente la propuesta debe surgir del Ejecutivo y luego negociarse. ¿Quién va a liderar? ¿Finanzas o Economía? El problema es el futuro del precio del petróleo y las incongruencias que habrá en materia salarial. Para eso está el Gabinete Económico y le puede corresponder al Ministerio de Finanzas, por tener el mayor peso e ir liderando”, consideró.
Maul remarcó que todo esto cae en un “tono populista” porque comenzó el proceso electoral y se empezará a ofrecer un montón de promesas, lo cual representa un alto riesgo.
Cabrera recalcó que las propuestas que están surgiendo del Congreso son completamente “clientelistas”, con un enfoque de congraciarse con la población, sin ninguna evaluación de cuál podría ser su impacto en el futuro.
“El Legislativo le está apuntando a la campaña electoral del próximo año e intentando lavarse la cara ante el rechazo general de la población por el aumento salarial”, añadió Cabrera.
El gobierno tiene cuadros técnicos y puede plantear una respuesta focalizada, mucho más económica y efectiva, para los sectores de la población que podrían verse afectados con esta situación.
Añadió que, por parte del Gobierno central, ya se cuenta con experiencia y que es importante asumir el liderazgo, porque en la crisis actual inciden muchos factores y lo mejor es contar con programas de contingencia más focalizados y adecuados a la realidad del presupuesto general, además de reconocer que los precios seguirán subiendo en los próximos años.
Citó como ejemplo que en el Ejecutivo hay cuadros técnicos que bien pueden reordenar la discusión, socializar los asuntos con la población para la implementación de medidas y orientar, “que es un rol que por el momento se ve vacío”.
Maul añadió que hay buenos técnicos en el Gobierno central, como en la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), y que ellos pueden liderar un programa emergente.
Prevén más presión por subsidios
El analista independiente Douglas González brindó un escenario político sobre la respuesta del Gobierno ante la crisis energética y la proximidad de las elecciones generales.
¿Cómo se interpreta la respuesta del Ejecutivo y la aprobación del subsidio por parte de los diputados del Congreso de la República respecto de la existencia real de un programa de emergencia?
El Ejecutivo sí propuso el subsidio a los combustibles. Sin embargo, varias bancadas plantearon eliminar el IVA y el impuesto a los hidrocarburos. Otro bloque legislativo propuso un fondo revolvente de Q1 mil 500 millones más un 1% al impuesto a los combustibles, que sirviera para recapitalizar ese fondo. De hecho, varias bancadas se oponían al subsidio a los combustibles justamente porque era una propuesta del Ejecutivo.
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¿Qué puede suceder al finalizar el subsidio de Q2 mil millones al diésel y a la gasolina, a las puertas del proceso electoral del 2027?
El conflicto apunta a extenderse por varios meses más, lo que supone que los precios de los combustibles no bajarán en el corto plazo.
Por ello, es muy probable que el efecto real de los Q2 mil millones del subsidio se diluya.
El gran problema que supone este subsidio es que muy probablemente perderá su efecto incluso antes de que se terminen los Q2 mil millones, lo cual representaría un golpe muy fuerte una vez concluyan los tres meses. A las puertas de un año electoral, seguramente la población estará pasando por una situación económica cada vez más difícil. No solo serán los precios de los combustibles, sino también los de la canasta básica y los fertilizantes, lo cual alerta sobre una posible crisis de seguridad alimentaria.
¿Qué actitud pueden adoptar los diputados del Congreso, conociendo que hay saldos de caja fiscal sin utilizar?
Los diputados, bajo la presión de los ciudadanos, podrían verse nuevamente obligados ya sea a ampliar el monto y el plazo de un nuevo subsidio o bien a plantearse la posibilidad de otorgar un bono directo a las familias guatemaltecas, similar al que se entregó durante la pandemia del covid-19 en el 2020 y el 2021.
Durante el segundo semestre de este año se tendrá un mejor panorama sobre los saldos de caja y la subejecución que registren los diferentes ministerios. Con ese gran bolsón se podrían adoptar algunas medidas para paliar la escalada de precios y la crisis de seguridad alimentaria que se avecina.
A su criterio, ¿qué riesgos fiscales puede implicar?
Si los fondos que se utilizan provienen estrictamente de saldos de caja y de subejecuciones de los diferentes ministerios, no tendría por qué haber una mayor presión fiscal.
Esta podría ocurrir si se recurriera nuevamente a préstamos para financiar subvenciones en tiempos de crisis o bien si se aplicara la cláusula constitucional que permite la emisión inorgánica por parte del Banco de Guatemala en momentos de crisis.