La Comisión de Comunicaciones y, por aparte, la Comisión de Economía del Congreso emitieron sus respectivos dictámenes con algunas diferencias para la iniciativa de ley general del sistema portuario, que unió dos iniciativas que había recibido ese organismo.

El pleno del Congreso admitió el de la sala de Economía, el cual en la actualidad, se encuentra con el segundo debate completado el 24 de febrero de este año.

Al respecto de su contenido, el viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Fernando Suriano, refirió que la iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo fue un trabajo técnico con expertos nacionales e internacionales, para lo cual se conocieron buenas prácticas de otros países.

Refirió que la ley contiene aspectos positivos y que la iniciativa era mejorable, pero expresó que, desafortunadamente, hubo un momento complicado en el contenido que ha avanzado.

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Agregó que la semana pasada enviaron a diputados sus comentarios relacionados con 14 artículos que pueden ser mejorados de forma sustancial; de lo contrario, considera que se tendrá una ley con debilidades importantes. Opina que los cambios planteados pueden permitir tener mejores oportunidades en los siguientes 10, 15 o 20 años.

Uno de los artículos para los cuales se enviaron observaciones es el relacionado con la parte de la gobernanza, un tema complejo que se ha mejorado en sus propuestas, explicó. Otra parte se refiere a la estructura de la institucionalidad y, además, a la forma en que se le da a un privado la parte que le corresponde administrar.

Añadió que dentro de la propuesta dictaminada se confunden algunos artículos entre la parte operativa y la normativa, ya que la ley propuesta no busca crear temas operativos, sino dar el marco normativo para que los operadores, ya sean públicos, privados o público-privados, puedan desempeñarse.

Son observaciones a 14 artículos que se han enviado para consideración de los tomadores de decisión, que en este momento es el Congreso, añadió.

Explicó que, aunque la ley no aborda la parte de seguridad de los puertos, es un tema importante porque parte de lo que no se comprendía en su momento es el rol del Ministerio de la Defensa Nacional en la gobernanza de la autoridad portuaria. Por medio del viceministerio de la Marina tiene un rol eminentemente técnico en la parte de gobernanza, en temas de profundidad de los mares, de las normativas y convenios internacionales, pero también en la seguridad del lecho marítimo, citó como ejemplo.

Por ello, consideran que ese tipo de atribuciones que el marco jurídico ya le da deberán estar en perfecta coordinación con el tema portuario.

Entre las observaciones van mejoras a artículos relacionados con los roles de las diferentes instituciones, indicando que es importante respetar las autonomías institucionales para que, a la hora de una emergencia, pueda entrar el Estado en su máxima expresión, derivado de posibles amenazas que existen en el mundo o puedan existir. Tener el adecuado rol de instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y varios ministerios, así como la cooperación con otros países cuando se trate de amenazas, es importante que quede a nivel de la ley.

“La ley es importante desde hace muchos años y décadas. Los marcos jurídicos tanto portuarios como aeroportuarios datan del 95 al 2013 en la región”, pero Guatemala no ha tenido ninguno de esos dos marcos jurídicos, añadió.

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Sin embargo, refirió que también es importante que la ley sea aprobada de una mejor forma, por lo que vale la pena que los parlamentarios la revisen en esta última etapa, en tercera lectura y en la lectura por artículos, para que se pueda mejorar lo que haga falta.

Suriano explicó que, como ya pasó la fase de discusión en las comisiones, empezaron a enviar a partir de la semana pasada observaciones las han enviado a diferentes diputados que han mostrado interés, y se les han dado a conocer aspectos para cumplir las mejores prácticas y lograr el marco jurídico adecuado.

El funcionario dijo que es importante la integración de un comité de usuarios a la junta directiva, porque se compone de diferentes tipos de usuarios como Cutrigua, que es el usuario de la carga, el naviero, el transportista y el sector empresarial. También se integró al Ministerio de la Defensa Nacional; en este caso, por aspectos constitucionales, quedó con voz pero sin voto, pero es importante que quede en dicha directiva, además de los ministerios de Economía, Comunicaciones y Gobernación.

Ese tema inicialmente no estaba de esa forma, pero se dialogó y la observación ya va de una forma más acordada, en el sentido de que pueda ser funcional la junta directiva, dijo Suriano.

En cuanto a la parte organizacional de la institución, se mezclaba la parte operativa con la normativa en algunos temas. Por ejemplo, las gobernanzas de asuntos internos y auditoría dependen de la junta directiva, pero las habían puesto a cargo del gerente. Se trata de un diseño institucional que puede hacer realmente la diferencia a la hora de aplicar una norma.

En tanto, José de la Peña, presidente de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, dijo en un foro organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), acerca de “Puertos de Guatemala: hacia un sistema logístico competitivo y moderno”, que consideran que la propuesta dictaminada tiene inconstitucionalidades.

El directivo dijo que es preocupante ver la propuesta de ley de puertos que va en segunda lectura, y calificó el texto como malo.

Refirió que el texto que remitió la Presidencia de la República fue elaborado por la autoridad portuaria nacional junto con expertos, pero que quienes están legislando emiten uno diferente. Uno de los problemas que detectaron es que se permite crear un puerto privado nuevo o que cuente con participación privada, sin embargo explicó que para ello se requieren reglas específicas para la concesión del servicio público; de lo contrario, considera que sería peligroso.