Estados Unidos
Ley de Competencia en Guatemala necesita una autoridad sólida, afirma experto
Una ley de competencia, por sí sola, no garantiza resultados, explicó el abogado y académico costarricense Guillermo Rojas, al indicar que el éxito de la ley dependerá de que se logre construir una autoridad técnica, independiente, con los recursos suficientes y bien administrados.
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Los países pueden tener una ley bastante solvente, bastante sólida desde la óptica técnica, pero hay claves que se deben poner en práctica para ponerla en práctica de forma eficiente, comenta experto. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).
Guillermo Rojas, abogado y académico, experto en derecho de la competencia, expuso que una buena ley no basta sin una autoridad de competencia sólida, la cual será clave para aplicar la Ley de Competencia en Guatemala, cuya segunda fase, relacionada con la investigación y la sanción, iniciará en diciembre del 2026.
Sin embargo, también aclaró que las leyes de competencia no nacen para bajar los precios sino generar eficiencia económica para que a la población el dinero le alcance más.
Rojas, de nacionalidad costarricense, explicó la experiencia de su país, donde la ley en esa materia data de 1995 y ha sido reformada varias veces.
Guatemala está en el proceso de conformación de la institucionalidad nacional de la autoridad de competencia, en este caso de la Superintendencia de Competencia. ¿A qué aspecto se le debe poner atención y cómo ha visto el proceso?
Los países pueden tener una ley bastante solvente, bastante sólida desde la óptica técnica; sin embargo, la clave reside en tres cosas:
Primero, la construcción de una institucionalidad que sea lo suficientemente solvente, no solo a nivel ético, sino también a nivel técnico.
Segundo, que también haya un compromiso del propio Estado de darle todos los recursos necesarios para que esa buena ley pueda ser eficazmente práctica en el día a día.
Y, en tercer lugar, que tenga la capacidad de generar cultura de competencia. Que sea una autoridad que pueda enseñar a la población por qué es indispensable para la República de Guatemala tener una ley de competencia y por qué esa ley debería reflejarles la posibilidad de que sus excedentes y sus ahorros sean mejor aprovechados a través de empresas en las cuales compitan, haya mayor diversidad, haya diferenciación de precios, que el consumidor tenga la posibilidad de escoger en función del criterio que mejor le convenga, sea calidad, precio o innovación, y que se garantice que, efectivamente, las empresas, entre ellas, puedan disciplinar el mercado.
La construcción de eso no es fácil. Conlleva realmente un compromiso para que las personas a cargo puedan ejecutar esa toma de decisiones, pero principalmente administrando adecuadamente los recursos destinados para el desarrollo de esa ley.
¿Qué experiencias se han observado en otros países?
La experiencia ha dicho en muchos países que usted puede tener la mejor ley del mundo, pero que, si no tiene los recursos y una buena administración de estos, la ley se puede quedar simplemente en un papel.
¿Cómo ha visto la experiencia de Guatemala?, ¿qué fortalezas y debilidades ha visto en el proceso de crear la institucionalidad?
El principal aspecto por destacar es la aprobación de la ley misma. Viví muy de cerca los procesos fallidos anteriores, en los cuales no había un compromiso legislativo para aprobar la ley, y finalmente se logró un acuerdo de país para poder impulsar una muy buena ley, muy moderna, que logró articular lo que toda norma de competencia contemporánea debe tener.
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El control previo de concentraciones creo que va a ser el primer reto que tenga la autoridad, porque a partir de ahí es donde se va a poder determinar el establecimiento de límites para la compra de empresas que busquen concentrar indebidamente el mercado. De esa manera, usted ya puede ir previniendo monopolios, exclusividades o concentraciones en sectores expresamente muy vulnerables de la economía, y prevenir, de esa manera, que siempre haya suficiente oferta para todos los consumidores.
Para mí, el reto mayor va a estar en esa capacidad principal de cómo analicen bien los primeros expedientes de notificación previa que les lleguen.
Uno de los puntos que está causando preocupación es que en diciembre próximo inicia la vigencia de la segunda fase de la ley, que se refiere a la investigación y sanción, pero se ha tenido problemas en la conformación de esa institucionalidad. ¿Esto puede debilitar la entidad o la institucionalidad?
No me puedo aventurar a crear hipótesis. Soy extranjero y no tengo un criterio detallado de qué ha sucedido como para poder dar una opinión fundamentada o involucrarme en una situación política interna sobre cómo construir la autoridad. Pero lo que sí le puedo decir es que, independientemente de esos problemas, la ciudadanía sí demanda la necesidad de que haya una autoridad completamente comprometida con el desarrollo y la ejecución de la ley.
Tuvieron un vacatio legis (plazo que transcurre entre la publicación oficial de una norma jurídica y su entrada en vigor obligatoria) de un año para cobrar vigencia ahora en diciembre. La ciudadanía espera, precisamente, que en diciembre se empiece a cumplir adecuadamente con esa fase. Pero es entendible que sea un proceso muy novedoso para todos.
Con la experiencia que conoce de otros países, ¿qué se debería hacer para tener una institucionalidad fuerte y qué se debería evitar?
La primera es utilizar los recursos para tener tres estructuras principales: un área de investigaciones, un área de concentraciones y un área de promoción y cultura de competencia. Los recursos tienen que ser muy bien aprovechados para fortalecer esas tres áreas.
Al hablar de qué manera se garantiza que la puesta en marcha de la ley se mantenga eficiente por mucho tiempo, es a través del cumplimiento de los cánones de la ley en cuanto a las sanciones, la transparencia sobre cómo se llegó a sancionar a una empresa, por qué se le sancionó, la transparencia para generar una cultura de competencia y cómo transmitir a la población la importancia del porqué se aprobó o se prohibió una concentración y cómo eso se refleja en el día a día para el ciudadano, y cuál es el impacto que genera que a dos empresas de un mismo producto, que se querían concentrar, se les prohíba esa compra de una hacia otra. Explicar por qué eso es positivo y por qué repercute en el bolsillo del ciudadano.
Al final es una ley de un tema que es bastante simple, es decir, generar eficiencia económica para que a la población el dinero le alcance más. Para eso existe una ley de competencia. Pero si ese mensaje no se transmite bien, el sostenimiento de una ley tiende a caerse.
Muchas personas creen en Guatemala que, al existir una ley de competencia, van a bajar los precios y que puede ser casi de inmediato. ¿Qué experiencia se tiene en estos casos?
Es falso. Las leyes de competencia no nacen para bajar precios. Subir o bajar los precios de un bien o un servicio se determina por la libre oferta y demanda.
Las normas de competencia lo que tienen que garantizar es que la formación de los precios sea de acuerdo con las condiciones de mercado y no por una intervención unilateral o coordinada de agentes económicos que artificialmente busquen manipular esa oferta y demanda.
En tanto se garantice que la oferta y la demanda tengan una formación de acuerdo con las condiciones de cada mercado y sus características, el ciudadano puede esperar precios de toda naturaleza.
Entonces, si el Estado utiliza esa fórmula para cualquier tipo de bien en cualquier mercado, usted tiene una garantía de que el consumidor va a encontrar diferentes precios de acuerdo con sus necesidades.
Según la experiencia de Costa Rica, ¿cuánto tiempo le llevó conformar esa institucionalidad y que esta empezara a funcionar, a tener resultados y luego sentir que ya se había ganado la confianza de la gente?
Es costosísimo. La primera ley que hubo en Costa Rica fue la de 1995. Fue una ley que tomó mucho de la legislación mexicana y, en algunos casos, lo hizo mal, porque eran comisionados que no estaban a tiempo completo, no había control previo de concentraciones y únicamente se sancionaban prácticas monopolísticas.
La parte positiva, le puedo mencionar, es que hubo muchas sanciones. Expresamente se atacó la parte de cárteles, que es lo más sensible en cuanto al precio de los bienes, especialmente de aquellos de naturaleza muy sensible para la población, porque hablamos de arroz, frijoles, granos básicos, aceites y servicios financieros; o sea, productos muy sensibles para la población.
Luego viene una segunda etapa, que fue la notificación previa de concentraciones. Eso ocurrió en el 2016-2017. Con eso se permitió, entonces, que hubiese un control directo en el mercado de los negocios jurídicos que se estaban llevando a cabo cada vez que se pretendía adquirir una empresa y generar una concentración que pudiera llevar a que los precios se formaran artificialmente. Fue un buen paso porque ya se empezó a evitar eso.
Y el tercer paso más trascendental se dio en el 2019, cuando Costa Rica ingresó a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Uno de los requisitos era modernizar su legislación de competencia. Desde el 2014, la OCDE ya le había dado a Costa Rica recomendaciones de que tenía que mejorar tres cosas.
Primero, su institucionalidad; es decir, que tenía que contar con comisionados a tiempo completo, con un proceso de selección técnica mediante un concurso público de antecedentes, un examen, una prueba técnica y una ratificación de la Asamblea Legislativa. Eso generó transparencia en la población, al buscar que las personas elegidas pasaran por esa fase de análisis de sus atestados.
La legislación (en Costa Rica) es muy clara: se necesitan ocho años de experiencia en materia de competencia y ser abogado o economista con experiencia destacada en temas de economía y política de competencia. Eso ya va construyendo la posibilidad de que quienes integran el órgano superior sean personas no solo de solvencia ética, sino que además sepan del tema y conozcan cómo instaurar y construir una autoridad.
En el caso de Costa Rica, el principal problema que ha tenido y enfrentado es que no le han dado todos los recursos que la ley establece.
Rojas participó como expositor principal en la conferencia para periodistas acerca de la implementación de la Ley de Competencia realizada en Guatemala como parte de la iniciativa Compite Guate y convocada por el Consejo Nacional Empresarial.
En proceso elección de Superintendente
- En Guatemala, la Superintendencia de Competencia (Sicom) se encuentra en el proceso de elección de un nuevo superintendente, luego de la renuncia de quien había sido designado como primer funcionario en ese cargo.
- En esta ocasión recibió 39 postulaciones, de los cuales 34 pasaron a la fase de presentación de planes de trabajo y entrevistas individuales, la cual se está realizando este 16 y 17 de septiembre.
- Según el cronograma se prevé que la próxima semana los aspirantes efectúen los exámenes de conocimiento y psicométrico.
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