Por segunda ocasión en el año, el Gobierno central se ve forzado a financiar un programa temporal de apoyo por el alza de los precios de los combustibles en el mercado local mediante un subsidio estatal de Q12 por galón de diésel y de Q3 por galón de gasolina regular. La medida surge como respuesta a las protestas registradas esta semana en varias carreteras del país en demanda de soluciones.

Los precios del galón de gasolina superior y regular, así como del diésel —el combustible de mayor consumo para el transporte de personas y de carga—, superan, en promedio, los Q41 y Q42 en las estaciones de servicio del área metropolitana. En el interior del país alcanzan entre Q45 y Q46, lo que representa un golpe para la economía de las familias.

Con la reactivación del conflicto geopolítico internacional y la interrupción del tránsito de buques petroleros en el golfo Pérsico, los precios del crudo en el mercado internacional han registrado una tendencia al alza, que se refleja en Guatemala debido a que el país depende cien por ciento de las importaciones de combustibles y de las cotizaciones internacionales.

Con el primer subsidio, otorgado a finales de abril y que concluyó a principios de julio, por Q2 mil millones, más la nueva propuesta, se destinarían en conjunto Q5 mil 480 millones, lo que representa el 3.2% del presupuesto vigente, de Q168 mil 715 millones. O sea, cerca del 0.6% del producto interno bruto (PIB).

Es decir, si el Congreso aprueba el nuevo subsidio, este equivaldrá a casi la totalidad del presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional, que asciende a Q5 mil 602 millones. Además, superará el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, de Q3 mil 232 millones, y el del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de Q2 mil millones.

Gobierno destinará Q3 mil 480 millones

Durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo, en la que participaron el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, informó que la medida sería similar al primer programa temporal de apoyo aplicado a finales de abril. En esa ocasión, el subsidio fue de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina superior y regular.

Explicó que la medida se diseña para que concluya al finalizar el año. De aplicarse a partir del 1 de agosto, tendría una vigencia de cinco meses, hasta diciembre, lo que representaría un costo aproximado de Q700 millones mensuales.

En la conferencia de prensa, el presidente aseguró que el objetivo es proteger la economía familiar, ya que el diésel es el principal combustible para el transporte de personas y mercancías, por lo que tiene una incidencia directa en la economía.

Los ministros expusieron que, durante la vigencia del subsidio anterior, el nivel general de precios se redujo y presentaron comparaciones de los precios de los combustibles antes y después de la aplicación de la medida.

Ejecutivo readecuará el presupuesto

En la conferencia de prensa, el presidente explicó que las asignaciones provendrán de una readecuación interna del presupuesto vigente, por lo que no se solicitará una ampliación presupuestaria. También justificó por qué no es viable eliminar de manera temporal o suspender el impuesto a la distribución de petróleo (IDP) ni el impuesto al valor agregado (IVA).

"Estamos haciendo un trabajo con cada uno de los ministerios del Gobierno para reorganizar sus planes y sus finanzas, a fin de identificar los fondos que pueden ser utilizados para este proyecto", resaltó Arévalo.

La Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) busca espacios dentro del presupuesto que no tengan asignaciones comprometidas, por lo que se garantizará el pago de salarios a los trabajadores del sector público, de pensiones, del servicio de la deuda pública, así como de las contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según se detalló.

"Básicamente lo que hemos buscado son subejecuciones, economías y espacios sin comprometer que permitan atender esta emergencia. Ahora comenzará el proceso para solicitar esos espacios presupuestarios a las entidades involucradas", añadió el ministro Menkos.

Reiteró que no se verán afectados los presupuestos de los ministerios de Salud Pública y de Educación y Comunicaciones.

Subsidio presiona la política fiscal

Sobre las medidas anunciadas han surgido las primeras reacciones. Los analistas económicos consultados por Prensa Libre indican que habrá consecuencias para la política fiscal, ya que será necesario financiar ese subsidio estatal.

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), brindaron su análisis.

Barrientos recalcó que, sea cual sea el mecanismo de financiamiento público que se emplee, el alza de los combustibles responde a un choque externo derivado del conflicto geopolítico y que no existe ningún subsidio estatal que pueda sostenerse de manera permanente. Por ello, insistió en que la medida debe ser temporal y, de ser posible, focalizada.

Ejemplificó que no existe garantía de que el conflicto concluya en los próximos dos meses, por lo que la solución de fondo es que cesen las tensiones.

Lavarreda considera que, desde el punto de vista técnico, las readecuaciones presupuestarias solo deben realizarse si existen asignaciones en el presupuesto con una menor rentabilidad social que el programa propuesto para atender el alza en el precio de los combustibles. La ampliación presupuestaria correspondería únicamente al monto que aún falte cubrir, en caso de llegar a partidas con la misma o mayor rentabilidad social que la medida propuesta.

Ejecutivo traslada presión al Congreso

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Junta Directiva del Congreso, criticó la propuesta del Ejecutivo y la calificó de "un lavado de manos". Añadió que, cuando la iniciativa llegue al Legislativo, será objeto de una amplia discusión.

Para el martes 28 de julio está convocada una sesión plenaria a las 14.00 horas para continuar con una interpelación, la cual solo puede suspenderse por causas constitucionales. Por ello, considera difícil modificar la agenda, ya que una propuesta de readecuación presupuestaria no afecta el funcionamiento del Estado.

En todo caso, la Comisión Permanente del Congreso debería convocar a una sesión, que podría celebrarse el miércoles o el jueves de la próxima semana, para conocer la propuesta del Ejecutivo e iniciar la discusión, ya que, a su criterio, siempre habrá posiciones encontradas.

Al tratarse de una readecuación, el tema será objeto de un amplio debate, ya que este año quedarían sin ejecutar alrededor de Q15 mil millones del presupuesto vigente, agregó.

Además, la discusión dependerá del contenido de la propuesta y de la decisión que adopte el Congreso.

"La lectura es política porque el Gobierno central quiere salir del problema y lanzar la brasa al Congreso, cuando la responsabilidad directa es de ellos", apuntó Blanco.

En todo caso, el proceso será difícil, ya que no hubo un proceso de rendición de cuentas sobre el subsidio de Q2 mil millones que fue aprobado. "Somos de la idea de que primero se debe rendir cuentas antes de conocer otro subsidio y definir la focalización del apoyo", reiteró.

Insistió en que una de las propuestas es que el subsidio se aplique en la bomba de despacho al consumidor final y no al momento de la importación de los combustibles.

Subsidio reduce el espacio fiscal

Este segundo programa de apoyo estatal en el año tendrá implicaciones para las finanzas públicas, ya que requerirá reasignar recursos públicos.

Jorge Lavarreda, analista del Cien, advirtió que la medida reduce aún más el espacio fiscal para atender otras necesidades. Como ejemplo, mencionó los recursos que podrían requerirse para enfrentar, en lo que resta del año, los daños ocasionados por desastres naturales.

"Se incurre en un alto costo de oportunidad por dejar de asignar recursos para otros fines. Incluso puede representar una pérdida social si se dejan de destinar recursos a actividades con una mayor rentabilidad social", añadió.

El director ejecutivo del Icefi, Ricardo Barrientos, recomendó que lo ideal sería utilizar recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que tienen una asignación de Q15 mil 425 millones y una ejecución del 16%, por lo que aún permanece disponible el 84% de esos recursos, que podría destinarse a financiar este apoyo temporal.