Ante la escalada de precios de los combustibles en el país y la búsqueda de opciones para un subsidio o aporte económico para paliar su impacto, se consultó a expertos en finanzas acerca de las opciones que puedan ser viables o no, y sus efectos.

Las opciones explicadas van desde rechazar el subsidio generalizado hasta mencionar un subsidio focalizado, transferencias monetarias o cupones para personas vulnerables, eliminar el impuesto de distribución del petróleo y sus derivados (IDP) o incluso no entregar los aportes directamente a distribuidores o transportistas.

Rechazan subsidio generalizado

Los analistas de economía y finanzas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Fundación Libertad y Desarrollo coinciden en que no apoyan un subsidio generalizado.

El Cien mantiene su postura emitida desde hace tres meses al no apoyar el subsidio ni cualquier otro tipo de apoyo económico relacionado con los altos precios internacionales del petróleo y sus derivados, explicó Hugo Maul, analista económico de la entidad.

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Tanto Maul como Érick Coyoy, analista económico de Asíes; Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo; y Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, coincidieron al argumentar que no es justificable subsidiar a poblaciones no vulnerables.

Expusieron su desacuerdo con abarcar áreas urbanas con ingresos que les permiten acceder a uno o varios vehículos, ya que no son los grupos más vulnerables y, al ser un subsidio generalizado, se beneficia más a quien más consume por tener varios vehículos.

Con un subsidio generalizado "se beneficia más una familia que tiene cuatro carros que una familia que tiene una moto", expresó Coyoy.

Subsidio focalizado

De decidirse por un subsidio, debería ser focalizado y dirigido exclusivamente a los hogares y trabajadores de bajos ingresos, ya que esa es la finalidad de este tipo de ayudas sociales, considera Coyoy.

Sin embargo, considera que el principal obstáculo es la falta de un registro único de beneficiarios, el cual, según Coyoy, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) debió haber implementado desde hace varios gobiernos.

Además, Coyoy señala que tendría que ser el Mides el que lidere la política de apoyo, derivado de sus facultades, ya que considera que un subsidio debe ser una política social y que se deben diseñar e implementar mecanismos de asistencia focalizada. Añade que no debe ser una medida administrada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), porque su función es ser rector del tema de combustibles.

Barrientos indicó que el Gobierno debe implementar medidas paliativas y temporales; a su juicio, podría ser un subsidio, pero temporal y focalizado.

Focalizado en transporte de carga y público de personas

Al consultarle sobre la idea que manejaba el exministro de Energía, Víctor Hugo Ventura en mayo pasado, acerca de que el MEM analizaba un subsidio que fuera focalizado para el transporte de carga —principalmente de alimentos— y el transporte colectivo, Coyoy dijo que podría ser otra opción, pero que abarcaría solo diésel, porque la mayoría de unidades de ese transporte usa ese combustible. Sin embargo, advirtió que muchas personas vulnerables también usan motocicleta o vehículo para su trabajo, los cuales utilizan gasolina.

Boteo considera que, si el Gobierno decide otro apoyo, tampoco es conveniente entregar los recursos a las empresas distribuidoras de combustibles ni a las empresas de transporte, ya que podría presentar problemas de transparencia y no existe garantía de que el beneficio llegue de forma íntegra al consumidor final.

Transferencias monetarias o cupones

Derivado de su comentario anterior, Boteo mencionó que podría hacerse la entrega del apoyo económico mediante transferencias monetarias directamente a las familias de menores ingresos, tanto urbanas como rurales. Ese mecanismo elimina intermediarios y permite que cada hogar utilice el apoyo para enfrentar el aumento del combustible o de otros productos afectados por la inflación, explicó. Sin embargo, coincidió en la dificultad de contar con un registro de beneficiarios.

Coyoy añade, por ejemplo, que existen sectores vulnerables, como repartidores y mensajeros, cuyos ingresos dependen directamente del uso de motocicletas. En estos casos comenta que podría haber mecanismos más específicos, como cupones o vales entregados únicamente a personas previamente verificadas como de bajos ingresos.

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Eliminar el IDP

La eliminación del impuesto sobre distribución de petróleo y sus derivados (IDP) es una opción que mencionaron Boteo y Maul. Aunque este último aclara que no lo aconsejan, sí tiene la ventaja de que sería fácil identificar de dónde provienen los recursos para mantener el precio relativamente bajo, y el costo se paga en términos de obra pública en carreteras.

Este impuesto se aplica al consumidor final por Q4.70 al galón de gasolina superior; Q4.60 a la regular y Q1.30 al diésel.

Boteo considera que eliminar o suspender el impuesto sería una acción con efectos inmediatos y sin intermediarios. Aunque refiere que esto tendría un efecto en los ingresos fiscales, también se debe tener en cuenta que las personas no perciben bienestar por ese pago, que parcialmente debería ir dirigido a la infraestructura vial.

Sin embargo, Barrientos no está de acuerdo con la eliminación o la suspensión temporal del IDP, porque se dejaría de recibir ingresos fiscales y el efecto por galón, en especial en el diésel sería bajo.

Maul indica que son opciones que incomodan, pero que “los diputados se pueden armar de coraje” y eliminar el impuesto. O, si se buscan recursos disponibles, se pueden analizar la refacción escolar, la distribución de fertilizantes u otros.

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Cómo aplicarlo

Al comentar cómo entregar el subsidio o el apoyo de manera directa a ciertos beneficiarios específicos, Maul indicó que es un “arte” en el que diputados y Mides deberían trabajar juntos para diseñar el mecanismo.

Finanzas del Estado

Coyoy considera que, de aprobarse otras opciones, como un subsidio o aportes económicos, estos deben ser focalizados, pero sin afectar otros programas importantes.

Si se trata de un subsidio o aporte temporal, cree que no representa un problema para las finanzas públicas desde una perspectiva macroeconómica, ya que el país tiene un presupuesto de más de Q160 mil millones y que podría manejarse sin problemas un monto similar al ya ejecutado de Q2 mil millones.

Sin embargo, advirtió que no se debe financiar recortando recursos de otras instituciones o programas importantes, como ocurrió con el Ministerio de Agricultura (MAGA) para el tema de fertilizantes y la Dirección General de Caminos.

🚨 #Actualizado: Transportistas anuncian manifestación y piden tarifa temporal de hasta Q7

Operadores de la capital y Mixco esperan una respuesta de la Municipalidad de Guatemala. Si no hay acuerdo, movilizarán unos 200 buses el viernes 24 o el lunes 27 de julio.

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— Prensa Libre (@prensa_libre) July 23, 2026

Considera que la forma más adecuada de financiar un nuevo apoyo sería mediante una ampliación presupuestaria, para evitar desfinanciar otras áreas prioritarias del gasto público. Argumenta que, con la recaudación actual de la SAT, el Estado cuenta con margen para hacerlo sin generar mayores desequilibrios fiscales.

Boteo señala que el incremento en los combustibles responde a una situación mundial y que ningún Gobierno puede evitar completamente que los consumidores enfrenten ese aumento. Además, expuso que mantener el mismo esquema de subsidio anterior comprometería las finanzas públicas.

El primer programa representó un costo cercano a Q2 mil millones, y una extensión implicaría otros Q2 mil millones, lo que elevaría el gasto a alrededor de Q4 mil millones, agregó Boteo. Recursos que, a su consideración, no solo representan un problema por el monto, sino también por el costo de oportunidad, ya que podrían utilizarse para financiar proyectos de infraestructura que reduzcan la dependencia del transporte individual y mejoren la competitividad del país, como un sistema de metro para el transporte de pasajeros o un tren de carga que haga más eficiente la logística nacional.

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En tanto, Maul refiere que, en todo caso, si se toma la decisión política de otorgar un subsidio, se debe ser muy claro respecto del origen de los fondos para financiarlo y su ejecución. Comentó que, si se argumenta que favorecerá a grupos vulnerables, entonces que se le retiren fondos al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al cual le corresponderían estas políticas, ya que el objetivo de esa institución es expandir los derechos sociales de los guatemaltecos, con prioridad en los segmentos de la población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

Transitorio y no político

“En todo caso, si van a recurrir de nuevo a este mecanismo, que se comprometan a que sea transitorio. O bien, que sean honestos y que digan que será permanente y que se abra una discusión pública al respecto. Esto de subsidios ‘por poquitos’ es querer ‘maquillar’ un problema de tipo estructural y permanente que afronta el país con analgésicos que no van a la raíz del problema”, agregó Maul, quien mencionó que otro aspecto importante son los tiempos políticos, ya que esos problemas han sido siempre utilizados por los políticos “para llevar agua a su molino”, sobre todo en épocas electorales o cercanas a la época electoral.