Las comisiones de postulación en Guatemala han logrado sostener, con relativa consistencia, el cumplimiento formal de los procesos. Sin embargo, ese cumplimiento no necesariamente se traduce en decisiones que respondan al fondo de lo que el país necesita.

Hoy, la evaluación de los aspirantes se basa principalmente en la revisión de expedientes que privilegian variables cuantificables: años de ejercicio profesional, títulos académicos y cargos desempeñados. Estos elementos son importantes, pero resultan insuficientes cuando no se analizan en su dimensión cualitativa.

El problema no es que se evalúe la experiencia, sino cómo se evalúa.

Tomemos como ejemplo la elección de un fiscal general. Más allá de cumplir con requisitos legales y acumular años de trayectoria, el cargo exige competencias específicas: liderazgo institucional, capacidad de gestión, conocimiento técnico en materia penal y constitucional, y experiencia comprobada en la dirección de equipos complejos. La pregunta clave no es cuántos años ha ejercido un aspirante, sino qué tipo de experiencia ha construido durante ese tiempo y cómo esa experiencia se traduce en capacidades reales para dirigir una institución nacional.

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Sin embargo, estos aspectos rara vez se discuten con la profundidad necesaria dentro de las comisiones. El análisis tiende a quedarse en la superficie del expediente, sin abrir espacios sustantivos para evaluar la calidad del ejercicio profesional ni las competencias que demanda el cargo.

Esta debilidad no es nueva. Desde el 2012, en el Congreso de la República de Guatemala se han presentado al menos ocho iniciativas de reforma a la Ley de Comisiones de Postulación. Es decir, el diagnóstico sobre las limitaciones del modelo existe desde hace más de una década. A pesar de ello, el sistema permanece prácticamente intacto.

Por ello, una vez finalizado el proceso de elección del contralor general de Cuentas, resulta indispensable abrir un espacio serio de discusión sobre el diseño de estos mecanismos. No se trata únicamente de ajustar procedimientos, sino de repensar cómo garantizar evaluaciones más integrales que permitan identificar no solo trayectorias, sino capacidades.

El fortalecimiento de las comisiones de postulación no puede seguir siendo una tarea pendiente. Requiere voluntad política, articulación entre sectores y, sobre todo, un compromiso real del Congreso de la República para impulsar reformas que respondan a las debilidades ya identificadas.

Porque en la elección de funcionarios clave para el país, cumplir con la forma nunca será suficiente si se deja de lado el fondo.

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