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Observadores piden al presidente verificar la honorabilidad del futuro fiscal general y cuestionan las entrevistas a puerta cerrada
El Ejecutivo tendrá entrevistas con los candidatos a fiscal general del martes al jueves pero los puntos a abordar en las entrevistas no serán públicos.
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El presidente Arévalo y el partido Movimiento Semilla, que lo llevó al poder, han sido cuestionados por el actual MP. Fotografía: Prensa Libre.
La renovación del fiscal general ahora está en manos del presidente Bernardo Arévalo, pero sus últimas decisiones levantaron sospechas entre algunos observadores que le piden priorizar la honorabilidad del futuro fiscal general.
El 17 de mayo debe de asumir el nuevo jefe del Ministerio Público (MP) tras dos periodos continuos a cargo de María Consuelo Porras, que buscó sin éxito, un tercer mandato.
La comisión de postulación envió a la presidencia, el pasado 24 de abril, una nueva lista de seis candidatos que se conformó para cumplir con una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó reconducir el proceso.
Ahora que la presidencia tiene la elección a su cargo, programó entrevistas con los seis candidatos a dirigir el MP, encuentros con el presidente que serán a puerta cerrada, sin acceso a la prensa u observadores sociales.
Los candidatos para el puesto son Gabriel Estuardo García Luna; Beyla Adaly Estrada Barrientos; Carlos Alberto García Alvarado; César Augusto Ávila Aparicio; Julio César Rivera Clavería; y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
García Luna y Estrada Barrientos serán entrevistados este 28 de abril; García Alvarado y Ávila Aparicio el 29; dejando para el 30 de abril a Rivera Clavería y de León Ramírez.
Pese a las consultas hechas por periodistas y grupos de observación, Arévalo tomó la decisión de reunirse en privado con cada uno de los candidatos.
El periodo de Arévalo ha estado marcado por investigaciones del MP que sugieren un supuesto fraude electoral, el mismo llevó a la cancelación de Movimiento Semilla y que algunos militantes del desaparecido partido enfrentaran cargos penales.
¿Falta transparencia?
El proceso de renovación de fiscal general se desarrolló por parte de una comisión de postulación, que, pese a las dudas, mostró transparencia y reuniones públicas, compartiendo los documentos oficiales de las decisiones que eran tomadas.
Pero esa transparencia quedó relegada ahora que el proceso está en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien optó por celebrar entrevistas privadas, algo que es cuestionable según el observador independiente, Alejandro Solórzano.
“Se puedan dar planteamientos ideológicos y políticos por los que se abstienen de hacerlo público. Un punto central es que el futuro fiscal opere sin presiones políticas”, señaló Solórzano.
Para el observador, el hermetismo de Arévalo podría darse a que busca tener una lectura clara de como el potencial fiscal general ve al gobierno y a sus autoridades, que al menos con este MP han sido objeto de investigaciones.
“Yo creo que el presidente debería de pensar en un cambio de la política criminal, eso creo que no lo ve; creo que más bien ve la relación con autoridades de turno y sectores externos al gobierno, sector privado, aliados de Guatemala”, dijo.
Por su parte Pablo Escobar Guerra, coordinador de incidencia estratégica del Movimiento Cívico Nacional (MCN), también cuestiona el hermetismo que esta utilizando Arévalo para entrevistar al futuro fiscal general,.
“El hecho que las entrevistas sea fuera del escrutinio público no es un detalle menor, si le tenemos que poner atención y ex preocupante. La postuladora dio publicidad a sus sesiones, ahora se retrotrae la transparencia del proceso”, señaló.
La principal duda que genera en Escobar es la tensión que existe entre el gobierno y el MP, institución que ha investigado al propio presidente y que mantiene casos abiertos contra personas cercanas al oficialismo.
“La decisión del presidente debe de pasar por la confianza ciudadana y la legitimidad, eso da con decisiones públicas. El MP investigo al partido oficial, impactó directamente al oficialismo, y eso genera tensiones”, indicó.
Alejandro Rodríguez, analista de Impunity Watch, explica que pese a que las entrevistas son un proceso habitual en estos procesos, no existe una obligación legal que haga que las mismas se desarrollen de manera pública.
“La ley no establece la forma como se debe de hacer la entrevista, hemos visto que esta ha sido la tónica general de todos los presidentes. El presidente actúa conforme a lo que se ha establecido tradicionalmente”, indica.
Arévalo esta tomando los mismos pasos que sus antecesores, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, para nombrar un fiscal general: entrevistarlos a puerta cerrada. Las charlas de Giammattei con los candidatos se divulgaron en el canal de gobierno.
“Siempre sería más conveniente que se pudieran tener discusiones públicas, pero la ley faculta para hacer de esta manera”, reafirma el analista Rodríguez sobre el proceso de entrevistas.
Premiar la honorabilidad
Entre las seis opciones que tiene el presidente para nombrar al nuevo jefe del MP, tanto Solórzano, Escobar y Rodríguez, coinciden que el presidente tiene que priorizar la honorabilidad de los candidatos.
“Debe analizar la trayectoria de independencia, capacidad técnica y le ética. No debe revisar CV, eso ya lo hizo la comisión, debe valorar la historia en el sistema de justicia del aspirante”, explicó Solórzano.
Llegar a ese análisis de honorabilidad, indica, se puede hacer evaluando a las personas cercanas al candidato. “Ver con que círculos se reunió para detectar posibles conflictos de intereses y un entendimiento del sistema democrático institucional. Hay que recuperar la confianza pública y eso depende mucho del futuro fiscal general”.
Los antecedentes recientes que quedan en el MP no son los mejores, según Escobar. Por eso considera vital que la decisión del presidente cuente con un respaldo técnico y objetivo.
“El presidente no debería de tomar decisiones a partir de afinidades o coyuntura política. La independencia debe de ser fundamental, no basta que un candidato lo diga, se debe de evaluar su trayectoria. Un buen fiscal no es el que más persigue sino el que mejor investiga”, señaló.
Rodríguez también espera que el presidente ponga como una prioridad la honorabilidad del futuro fiscal general, ya que estará a cargo del MP por los próximos cuatro años por no existir procesos agiles para una posible destitución.
“El presidente puede preguntar por las desestimaciones, él debe ver que política es la más eficiente y responsable frente al pueblo de Guatemala. Sería conveniente abordar estos temas para ver que se espera del nuevo fiscal y que se reviertan decisiones de impunidad”, concluyó.
El presidente debe nombrar al futuro fiscal general antes del domingo 17 de mayo, fecha que se espera el último informe de María Consuelo Porras frente al MP y la toma de posesión de su sucesor.
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