El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, afirmó que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo utiliza la discusión sobre el decreto 7-2025 — que contiene la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) — como justificación para promover una nueva ley enfocada en la distribución del gasto para las municipalidades. Sin embargo, aseguró que, en realidad, lo que se busca es debilitar su liderazgo y ganar influencia de cara a las elecciones de la asociación, programadas para el 31 de enero, que se realizarán en la Anam.

Según Siero, en las reuniones convocadas por el mandatario con alcaldes en el Palacio Nacional de la Cultura — que se desarrollan a puerta cerrada y de las que, aseguró, ha sido excluido — se estaría planteando sustituir el decreto que el propio presidente Arévalo vetó, bajo argumentos que el también jefe edil de Santa Catarina Pinula considera inadecuados.

“El presidente les dice que no está de acuerdo con el decreto 7-2025, que va a proponer una ley nueva y les meten un montón de falacias de que hay un montón de riesgos legales y demás”, afirmó Siero, basado en testimonios de ediles que sí asistieron.

Siero aseguró que la normativa vetada era una solución a ese problema crónico, y que la promesa de una nueva ley es, en realidad, una “cortina de humo” para desviar la atención y presionar políticamente a los alcaldes.

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“Muchos alcaldes en las reuniones del presidente han manifestado su malestar con la retención de estos fondos de parte de los gobernadores, que es el problema real y que este decreto 7-2025 viene a arreglar ese problema”, explicó.

Frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo para controlar la Anam, Siero aseguró que, por el momento, “no ha pensado” en su reelección como presidente de la entidad, pero afirmó que cuenta con el respaldo de 288 jefes ediles.

El alcalde también confirmó la presentación de un amparo contra el presidente Arévalo y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, por la asignación presupuestaria destinada a las municipalidades para el ejercicio fiscal del 2026. Denunció que, en la propuesta aprobada por el Congreso, se asigna menos del 6% del presupuesto nacional a los municipios, lo que aseguró, viola el mandato constitucional que establece un mínimo del 10%.

“El amparo va exclusivamente destinado a la asignación del 10% constitucional, ya que el ministro de Finanzas —Jonathan Menkos— con el presidente —Arévalo— asignaron menos del 6%, lo cual es inconstitucional”, precisó Siero, con el fin de desmentir algunas versiones que aseguran que dicha acción busca bloquear todo el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026.

El recorte, según el presidente de la Anam, afecta directamente el pago de obligaciones laborales municipales como el aguinaldo y el bono 14, ya que, asegura, “el Gobierno descuenta indebidamente esos montos de las transferencias municipales para cubrir sus propios compromisos en ministerios”.

“Desde la Anam vamos a seguir haciendo la lucha legal, porque presentamos este amparo y vamos a tomar todas las acciones necesarias para ver que se respete el 10% constitucional”, puntualizó el jefe edil.

Sobre las declaraciones del presidente de la Anam, Sebastián Siero, se solicitó la postura del Ejecutivo a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, (SCSP), pero al cierre de la presente nota no se obtuvo respuesta.