EDITORIAL

El galope de la nueva inquisición

Las caras de ingenuidad, estulticia y de descaro que mostraron el pasado martes los cinco diputados que intentan implementar la censura y castigar con cárcel a quien critique a los políticos, reflejaban algo más: desesperación. En el fondo es la imagen de figuras abyectas de la política que pretenden resucitar esperpentos jurídicos con fuerte tufo a tiranos.

Todos los intentos que desde los regímenes más intolerantes se han dado en las últimas décadas en el país han fracasado, pero no por eso el peligro está conjurado. El descaro de los impulsores de esa iniciativa no cesará y seguramente ni siquiera han comprendido la dimensión de su maligna intención, la cual simplemente no puede proceder pues está en contra de la Constitución de la República.

Solo en cerebros atrofiados por el abuso continuado desde el poder puede caber la idea de limitar el derecho ciudadano de criticar a los políticos. Guatemala sería la única democracia, junto a los países dominados por tiranos, en las que tal derecho ciudadano estaría vedado, como ocurre en Venezuela, Nicaragua y en muchos países africanos.

El intento de los representantes de uno de los órganos de poder más desprestigiados de Guatemala intenta menoscabar la libertad de expresión, que no es privilegio de los periodistas, sino es un derecho humano universal que incluye a todos los guatemaltecos, aunque algunos ineptos crean que su manotazo está dirigido sólo contra los periodistas.

Los ponentes tienen corta memoria y olvidan que en el 2006 la Corte de Constitucionalidad, correctamente, declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que castigaban el desacato, al considerar que dicha figura, aplicable a poder criticar a los funcionarios, atentaba contra la libre expresión del pensamiento.

En esa ocasión también corrió igual suerte otro intento de agregar un artículo al Código Penal que pretendía detener cualquier crítica a las más altas autoridades. Con esto salió del sistema jurídico guatemalteco la figura de la injuria en cuanto a libertad de expresión contra los burócratas, porque la Corte de Constitucionalidad consideró que dichas estipulaciones limitaban la expresión ciudadana y nunca debía investirse de protección especial a dichas personas.

En las postrimerías del gobierno patriotista, de infame memoria, el Ministerio de Gobernación creo la Fundación Contra el Terrorismo Mediático, en un intento por acosar a los medios de comunicación y a todo ciudadano con postura crítica a los funcionarios y representantes del sistema político. Dicho decreto fue derogado un mes después.

Para comprender la gravedad de la propuesta planteada por los diputados Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Eva Monte Bac, Dolores Beltrán y Delia Bac, todos oficialistas o afines al Gobierno, se debe recordar que iniciativas de esa naturaleza han surgido siempre en contextos de corrupción desbordada y de regímenes totalitarios, como es el caso de los golpistas Ríos Montt y Serrano Elías, que intentaron esconder sus tropelías.

La libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa son las piedras angulares de cualquier democracia genuina y cuando esos derechos no existen se abre la puerta a regímenes totalitarios.