Un teleférico turístico, un parque lineal, una zona hotelera y una mini hidroeléctrica son algunos de los proyectos que se podrían construir en Sololá bajo la modalidad de alianza público-privada, por medio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El municipio se encuentra ubicado a 137 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a aproximadamente dos horas y media en vehículo, y cuenta con uno de los destinos más emblemáticos del país: el lago de Atitlán.

De acuerdo con el alcalde de Sololá, Andrés Iboy, en entrevista con un equipo de Guatevisión que visitó el lugar, la propuesta surge como una alternativa para generar oportunidades en el municipio. “Tienen que dejar a su familia para buscar una oportunidad. La finalidad del proyecto es crear oportunidades para la juventud y darle un destino turístico no solo a los turistas nacionales, sino también a los extranjeros”, indicó.

El jefe edil agregó que el complejo turístico se desarrollaría en la finca El Jaibal, cuya extensión es de aproximadamente 5.12 caballerías y fue adquirida por la comuna por un monto de Q29.8 millones. El terreno cuenta con al menos un kilómetro de playa pública. “Estas condiciones nos dan la posibilidad de crear un complejo turístico. Es una oportunidad para nuestros jóvenes y migrantes que buscan una mejor oportunidad”, señaló.

Iboy mencionó que la municipalidad no cuenta con los recursos financieros necesarios para desarrollar proyectos de gran magnitud. “Estamos conscientes de que, con el capital municipal, no es posible trabajar estas propuestas macro de proyectos. Son inversiones sumamente altas y tendremos que buscar alianzas para poder lograr estos objetivos”, señaló.

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Una oportunidad para obras turísticas

Según Mario Catalán, director de fiscalización interino de la ANI, el país cuenta con potencial en áreas como turismo cultural, arqueológico, gastronómico y natural, pero carece de infraestructura articulada. “Las alianzas público-privadas permiten articular esos esfuerzos para poder desarrollar proyectos a nivel regional”, explicó.

Catalán indicó que este modelo permite trasladar riesgos y responsabilidades al sector privado. “Si el proyecto está en manos de una entidad del Estado y requiere innovación, debe pasar por la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), lo que puede implicar plazos de hasta un año. En una APP, los tiempos están definidos para cumplir niveles de servicio y las mejoras pueden implementarse de manera más inmediata”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), señaló que las municipalidades pueden participar mediante este modelo o a través de concesiones. “Las APP son una ventaja porque no se necesita contar con los fondos para hacer la inversión. La municipalidad puede recibir regalías por autorizar y promover el proyecto”, indicó.Siero añadió que la operación puede ser desarrollada por el sector privado para transparentarla. “Si se opera desde la municipalidad, tiene que hacerse a través de la Ley de Contrataciones, lo cual es tardado y engorroso. Al final de cuentas, eso hace que los procesos se vuelvan más caros que si se hace de forma privada”, explicó.

Cecilia Pivaral, integrante de la mesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, señaló que este tipo de alianzas pueden facilitar el desarrollo de infraestructura turística. “Las alianzas público-privadas atraen capital privado a proyectos que originalmente podrían ser públicos, pero por diversas razones no suelen avanzar. Además, permiten desarrollar infraestructura que atraiga más turismo, lo cual genera más divisas y desarrollo en el área donde se ejecuten los proyectos”, indicó.

Agregó que las APP pueden ser viables en obras donde exista una buena demanda, es decir, que haya mercado con el cual se puedan repagar los proyectos con tarifa o que exista la voluntad del Estado de hacer un pago para que se desarrollen a través de un privado.

¿Dónde se pueden desarrollar proyectos turísticos?

De acuerdo con Catalán, las regiones con mayor potencial para desarrollar proyectos turísticos bajo este modelo se encuentran en el occidente y el norte del país. “El mayor potencial que se tiene está en el área de occidente. También en la parte norte, con Tikal, que por su naturaleza turística es uno de los principales atractivos del país”, explicó.

Añadió que también existen oportunidades en áreas como Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango y Quiché, aunque en algunos casos la demanda aún es un factor por desarrollar. “Huehuetenango tiene potencial natural, pero todavía no cuenta con la demanda necesaria para impulsar un proyecto bajo APP”, señaló.

Catalán indicó que estos proyectos pueden incluir distintos componentes, como infraestructura de movilidad, centros turísticos y de convenciones, miradores o senderos. “Se pueden desarrollar proyectos que integren varios elementos y que no solo beneficien un punto específico, sino todo el territorio alrededor”, explicó.

Comentó que Tikal es un destino donde se podría desarrollar un proyecto integral que incluya movilidad, restaurantes y un centro de convenciones dentro del parque. “Hoy se tienen esos servicios de manera dispersa, y eso permitiría mayor funcionamiento del proyecto”, dijo.

Por su parte, Pivaral señaló que Guatemala cuenta con diversos recursos turísticos que requieren infraestructura asociada. “Tenemos bellezas naturales, arqueológicas y coloniales, pero se necesita infraestructura de acceso y de uso para que puedan ser aprovechadas y conservadas”, indicó.

Agregó que estos proyectos pueden incluir espacios como museos, teatros, encaminamientos, malecones, centros de convenciones o vías de acceso. “Se pueden desarrollar proyectos que funcionen a través de tarifas o modelos mixtos, donde el sector privado tenga a su cargo la operación y el mantenimiento”, explicó.

Procedimiento y duración

Catalán explicó que el desarrollo de un proyecto bajo alianza público-privada inicia con la evaluación de la demanda y el potencial del área. “Primero evaluamos si el proyecto es viable a nivel financiero, si tiene potencial turístico y si existe la voluntad de las partes, incluyendo el gobierno local y las comunidades”, indicó.

Añadió que estos proyectos pueden desarrollarse a largo plazo. “Las reformas a la ley de la ANI permiten contratos de hasta 50 años, aunque un proyecto turístico local podría desarrollarse en plazos de 15 a 20 años”, explicó.

De acuerdo con Pivaral, el desarrollo de proyectos bajo el modelo de alianzas público-privadas inicia con la identificación de iniciativas viables. “Primero es trabajar en una cartera de proyectos, es decir, identificar aquellos que puedan ser viables bajo esta modalidad, donde exista interés tanto del sector público como del privado”, explicó.

Añadió que, a partir de esa identificación, se debe coordinar con las instituciones del Estado encargadas del proceso. “Se trabaja con las autoridades relacionadas, que en la ley se denominan instituciones contratantes del Estado, para estructurar un perfil del proyecto y definir cómo se invitaría al participante privado a formar parte”, indicó.

En cuanto a los tiempos que un proyecto de esta índole podría demorar, Catalán explicó que, con las reformas a la ANI, esta institución cuenta con un fondo de preinversión para contratar estudios y asesorías, tanto a nivel local como internacional.

“Eso facilita y reduce los tiempos de manera sustancial. Luego, también hay proyectos municipales donde, si un proyecto es autosostenible, la propia municipalidad aprueba ese proyecto. Ya no tendría que pasar por el Congreso, como se hacía con la versión anterior de la ley”, enfatizó.

Según Catalán, el proceso de estructuración y aprobación puede tomar alrededor de dos años. “Desde que se solicita el proyecto hasta que se desarrollan los estudios de factibilidad y se aprueba el contrato, el proceso puede durar aproximadamente dos años”, señaló.

Indicó que el tiempo final dependerá de la complejidad del proyecto y de los estudios requeridos. “Podríamos estar hablando de licitaciones en los próximos dos años, dependiendo de las condiciones del proyecto”, agregó.

Ven beneficios

De acuerdo con Catalán, los proyectos desarrollados bajo alianzas público-privadas pueden generar impactos en distintos niveles. “Hay dos niveles de beneficios. Primero, el beneficio económico directo al desarrollar un territorio a nivel turístico con la infraestructura que puede proveer una APP, y luego existe una derrama económica en los territorios cercanos”, explicó.

Añadió que estos efectos pueden extenderse a distintos ámbitos del desarrollo local. “Esto nos lleva a un desarrollo integral de la población, no solo en el aspecto financiero, sino también en oportunidades de trabajo y de expansión en el territorio urbano”, indicó.

Por su parte, Pivaral señaló que este modelo también representa una oportunidad para fortalecer capacidades a nivel local. “Es una oportunidad para las municipalidades y mancomunidades de fortalecer sus equipos técnicos en proyectos que tienen potencial de desarrollarse bajo esta modalidad y que pueden atraer inversión privada a largo plazo”, afirmó.

Pivaral agregó que las reformas a la ley brindan condiciones para contratos de mayor duración. “La figura de alianza público-privada da certeza jurídica para trabajar contratos de largo plazo, lo que permite repagar las inversiones en periodos de 10, 15, 20 o hasta 25 años”, explicó.

Privados pueden presentar proyectos

Pivaral destacó que las reformas a la ley incorporaron la figura de iniciativas no solicitadas. “Son proyectos que no necesariamente tienen que haber sido identificados previamente por una institución del Estado. Pueden surgir desde un participante privado interesado en desarrollar una iniciativa”, señaló.

Explicó que, en estos casos, la propuesta puede presentarse ante la institución correspondiente o ante la ANI. “La entidad rectora trabaja junto con la institución contratante para verificar si existe interés en desarrollar el proyecto. Con la autorización de ambas partes, el proponente puede avanzar en estudios que permitan determinar su viabilidad”, afirmó.

Agregó que el participante privado que impulsa la iniciativa puede tener condiciones para participar en etapas posteriores. “Al haber invertido previamente en estudios, puede contar con ciertas condiciones cuando el proyecto salga a licitación”, indicó.

Por su parte, Catalán señaló que los proyectos también pueden ser impulsados desde el sector público. “Los proyectos se pueden solicitar a través de las municipalidades o de las entidades del Estado”, explicó.

Asimismo, confirmó la incorporación de las iniciativas no solicitadas dentro del modelo. “Esta figura establece que un privado puede proponer un proyecto a través de una entidad rectora para que esta lo presente ante la agencia”, mencionó.

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