En pocos días se cumplirá un mes del cambio de magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) y, hasta ahora, este inicio para nada llena las expectativas. En el ámbito político, lo notable de estas semanas son “esos momentos” protagonizados por Roberto Molina Barreto, interesado en influir en la selección de candidatos a fiscal general y seguir trabajando fuera de las instalaciones de la CC.

Las corrientes de opinión pública dominantes consideran que teme a la exposición pública, dados el rechazo que genera su desempeño desde el 2021 y su reelección impuesta por la “alianza multisectorial para el control de las instituciones y la impunidad”, con el apoyo de fuerzas políticas estadounidenses.

Por aparte, es preocupante el cúmulo de ataques directos contra la presidenta Anabella Morfín Mansilla, porque estos anuncian un año cuesta arriba, pleno de obstáculos y con un manejo espurio de la opinión pública en su contra. Su iniciativa de volver a las audiencias públicas y a las sesiones de pleno presenciales, son totalmente atendibles, coherentes con la exigencia de que haya publicidad de los actos de la CC; porque esperamos que, algún día, las cortes dejen de estar cerradas, abran sus actividades al escrutinio de la opinión pública, y comuniquen adecuadamente sus decisiones y resoluciones.

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Entonces, resulta lamentable que estos hechos sean los notables de este primer mes en la CC. En particular, la resolución que han tomado contra el derecho de los jueces de optar a altos cargos, en la fiscalía general de la República en esta ocasión, porque continúan aplicando al ejercicio de la judicatura una naturaleza diferente al del ejercicio de la profesión.

Un aporte relevante de la CC sería no quedarse solamente en otorgar amparos provisionales con efectos definitivos en este tema —2022 y 2026—, sino impulsar las acciones necesarias que acaben con esta violación al derecho de los jueces de optar a los más altos cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP).

El cambio de la alta autoridad en el MP tendrá lugar en pocos días. No será un hito menor; todo lo contrario. La expectativa es que, con el fin de la era antidemocrática de María Consuelo Porras Argueta acaben la persecución penal espuria; la criminalización de funcionarios de justicia independientes, críticos y opositores; las destituciones ilegales, y los traslados por motivos políticos.

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Es indispensable que el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, ponga fin a “la política criminal del MP” de garantizar impunidad a empresarios, contratistas, diputados, dirigentes partidarios y gremiales, criminales organizados que se enriquecen con los espacios de la academia, el narcotráfico, el lavado de dinero, entre otras actividades.

García Luna tiene una trayectoria sin tacha y con un desempeño que hace pensar en su inclinación por la democracia, la transparencia y el respeto de los derechos humanos y las garantías judiciales.

La tarea que tiene frente a sí es enorme, pero es necesario que priorice aquello que afecta la vida y la libertad de las personales, víctimas de Consuelo Porras, su equipo cercano y de los poderosos que la han cobijado y alentado en gestión como fiscal general.

Se requieren fuerza y estrategia para recuperar tanto el MP como la CC, lo cual requiere la participación de la población en apoyo del fiscal general y de los magistrados democráticos, a efecto de que la administración de justicia regrese poco a poco a la senda del respeto de la vida y la libertad de las personas, las prácticas democráticas y la modernización.