Las peticiones que retrasan destapar por completo el caso Caja de Pandora

Siete procesados en el caso Caja de Pandora, solicitaron a la jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán medidas sustitutivas y cambios de delitos.

Audiencia de primera declaración de las personas acusadas de varios delitos de corrupción en el caso Caja de Pandora. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Audiencia de primera declaración de las personas acusadas de varios delitos de corrupción en el caso Caja de Pandora. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En diciembre del 2017, de las 13 personas ligadas a proceso por el caso Caja de Pandora, 10 sindicados fueron enviados a prisión preventiva y tres quedaron con medida sustitutiva.


La jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán favoreció, en ese entonces, con fianza de Q15 mil a Patricia Orozco y Militza Viera Juárez, mientras que a Dora Pineda debió pagar caución.

Este martes, siete procesados en el caso Caja de Pandora, solicitaron a la jueza Aifán medidas sustitutivas y cambios de delitos.

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Las peticiones son de los siguientes señalados:

  • Zorayda Azucena Herincx Soto Fraude y peculado por sustracción
  • Luisa María Salas Bedoya. Fraude y peculado por sustracción
  • Militza Lorena Viera Juárez. Peculado por sustracción
  • Luis Alberto González Pérez. Asociación ilícita y tráfico de influencias
  • Marco Antonio Rossell Orozco. Lavado de dinero y otros activos
  • Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Lavado de dinero y otros activos
  • Amado Randelí Valdez Castillo. Enriquecimiento ilícito

La togada conocerá las solicitudes y luego resolverá si las acepta o no.

Antejuicio de Arzú

Por aparte, la Sala Tercera de Apelaciones aún no resuelve el antejuicio en contra del alcalde capitalino Álvaro Arzú, por su presunta vinculación con el caso Caja de Pandora.

A pesar que el expediente fue entregado el 16 de febrero del presente año por parte de la jueza pesquisidora, Judith Secaida que recomendó que no se le retire el antejuicio al jefe edil.

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Según el expediente Arzú habría recibido bienes y servicios para su campaña política de la cooperativa Torre Fuerte, que era propiedad del fallecido Byron Lima, los cuales fueron pagados con fondos de la comuna capitalina.

Por tal motivo el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron que se le retire la inmunidad  por la posible comisión de financiamiento electoral ilícito y peculado.


En la audiencia de primera declaración de los sindicados, la Fiscalía indicó que Arzú había solicitado playeras, pelotas y otros objetos con el logo del Partido Unionista. No obstante, los mismos habían sido cancelados con fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana.

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