El Ministerio Público (MP) informó que Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, ligó al excongresista por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada. El caso está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Pérez se había entregado este 10 de febrero al juzgado. Tenía orden de captura desde el 16 de julio de 2019.
Durante la presentación del caso, la Feci señaló a Pérez de la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
La investigación
De acuerdo con el MP, entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se conformó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales; durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados.
El MP estimó en julio de 2019, en la presentación del caso, que los sobornos fueron de Q50 millones.
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La investigación está fundamentada en miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.
En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.
En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina. Entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, fueron un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco por entre Q75 millones y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, hijo de Pérez Molina, era el alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo.
La investigación seguía para esclarecer los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.
El caso también relaciona al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente Pérez Molina. Rodríguez, presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios.
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