El abogado Ramón Cadena afirmó que el mandatario no dio argumentos para justificar la decisión de no continuar con la Cicig en el país.
“Nuestra tesis es que la decisión del presidente fue anticipada, unilateral y sin la debida fundamentación o bien motivación y constituye un fraude de Ley que transgrede el orden interno e internacional”, explicó Cadena.
El abogado indica que esto “representa una grave amenaza a la justicia y al estado de derecho” por lo que debe ser declarado nulo.
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“La decisión del presidente Jimmy Morales afecta el principio de legalidad y sorprendió a la población, a la comunidad internacional y afecta a la ciudadanía y causa un daño grave”, señaló Cadena.
El abogado también indicó que es necesario que el presidente”repare el daño” que causó al no renovar el mandato de la Cicig, pues el país se queda en situación de desamparo en la lucha contra la impunidad.
Cadena también indicó que la comisión es considerada en todo el mundo como una institución exitosa en la lucha contra la corrupción y que el mandatario no dio evidencias de que las instituciones del Estado están preparadas para continuar esa lucha por sí solas.
“Los corruptos que no se someten a la Ley iban a reclamar, por esos se estableció como un acuerdo de Derechos Humanos”, afirmó el abogado.
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Decisión es legal
Por su parte, Sosa afirmó que la PGN actúa como tercero interesado y solicitó a los magistrados de la CC que declaren sin lugar la solicitud del amparo.
Los argumentos del profesional indican que el presidente, en el caso de la no renovación de la Cicig, actuó bajo el artículo 183 de la Constitución Política, que le da la facultad de dirigir la política exterior del país.
Además, según Sosa, en el caso de no permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez, el mandatario siguió la recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, que estimó que se ponía en riesgo la seguridad nacional.
El abogado también recordó que la Ley de Amparo no permite la acción popular y que esto es lo que ocurre en el caso de la solicitud de Cadena, el profesional dijo que cuando hay una colectividad que se siente afectada, es el Ministerio Público o la Procuraduría de Derechos Humanos la que debe actuar en representación.
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