Los alcaldes y el concejal fueron excluidos por un informe de la Contraloría General de Cuentas que determinó que eran contratistas del Estado al momento de inscribirse como candidatos a elección popular.

El Código Municipal establece que no puede ejercer funciones de alcalde, síndico o concejal quien tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros, con o por cuenta del municipio (artículo 45, Código Municipal).

La resolución de la CC, en el cuarto considerando, determinó que el TSE se extralimitó en el uso de las facultades que el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos le confiere, porque “el artículo 45 del Código Municipal es puntual en establecer el procedimiento para declarar la vacante al cargo de alcalde de una corporación municipal”.

La CSJ amparó a siete alcaldes en definitiva y a tres de manera provisional. Por aparte, un concejal, quien también fue excluido, resultó beneficiado en definitiva.

Los integrantes del Concejo serán quienes determinen en última instancia si el jefe edil es contratista del Estado.

Resolución preocupante

Los magistrados del TSE consideran que son preocupantes las resoluciones  emitidas por la CC y la CSJ, si se toma en cuenta que aunque estas se apelen, sobre todo de la Corte Suprema, la CC beneficiará al resto de  los alcaldes.

En su oportunidad, los magistrados calificaron de “fraude de ley” lo que hicieron los alcaldes excluidos, ya que dejaron de ser contratistas y posteriormente regresaron a dirigir las empresas.

Podría generar violencia

El politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que hay que evaluar principalmente a nivel local los efectos que la resolución pueda tener en la gobernabilidad del municipio.

“Hace más de un año que tomaron posesión. Se han dado procesos y cambios administrativos y la gestión municipal ha avanzado en muchos casos y habrá que ver que esto, en principio, no genere conflictividad a nivel local”, expuso.

El experto señaló que el hecho de que los magistrados no hayan entrado a conocer sobre si son contratistas preocupa, luego de una actuación genuina del TSE para evitar esos ejercicios viciados en que los alcaldes obtienen beneficios.

Sanabria indicó que hay conflicto de intereses en que el Concejo sea el que decida si el jefe edil es contratista del Estado.
El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, expuso que la resolución emitida por la CC es polémica, porque hay prohibiciones para optar a esos cargos y en este caso hay evidencia de que se incurrió en una prohibición.

 “Creo que deja un vacío, en vez de contribuir. La resolución, en lugar de generar paz social en los municipios, deja un vacío y una incertidumbre mayor”, enfatizó.

El politólogo Jahir Dabroy coincidió con Sanabria, y considera que esa resolución podría generar un espacio de conflictividad, debido a que hay cuestiones propias en la dinámica de los municipios, que no son iguales a las que estamos acostumbrados los capitalinos.