CC ordena al Ejecutivo permitir el ingreso del comisionado de la Cicig

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron por unanimidad un amparo  provisional  que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig. El jefe actual de la Cicig es Iván Velásquez, según última comunicación de la ONU.

Los magistrados de la CC ingresan a la sala para informar la resolución del amparo provisional. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)
Los magistrados de la CC ingresan a la sala para informar la resolución del amparo provisional. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

Dina Ochoa, presidenta del máximo tribunal y magistrada que fue designada por el presidente Jimmy Morales, encabezó  la conferencia de prensa en la que afirmó que por decisión unánime  se otorgó el amparo al recurso promovido por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, basados en que se deben resolver los conflictos con la Organización de Naciones Unidas agotando los recursos establecidos en el convenio del Estado.


Ochoa afirmó, al referirse al presidente de la República, que es el representante de la unidad nacional, por lo que está obligado a velar por los intereses de toda la población, debiendo para ello asumir sus actos con absoluto respeto de los valores de la paz social y la armonía ciudadana. “Debe realizar las negociaciones con el secretario general de las Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogo”, refirió la magistrada.

Agregó que se declara la orden incumplida en el momento que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado. “El incumplimiento de las órdenes dispuestas en el presente autor, y rogará a los funcionarios responsables la sanciones que corresponda de conformidad con la ley de la materia”, concluye la resolución.

El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, y el 5 de septiembre, con el argumento de “orden y seguridad pública”, el Gobierno también había tomado la decisión de prohibir la entrada al país del jefe de la comisión internacional. Según la magistrada, las controversias deberán ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión.

Por otra parte, la CC no otorgó los amparos interpuestos que tienen como objeto detener la decisión del mandatario de no prorrogar la continuidad de la Comisión. El fallo de la CC fue enfático al subrayar el carácter supremo de sus resoluciones, pues por disposición de la Asamblea Nacional Constituyente le corresponde ser garante del cumplimiento de los principios legales y constitucionales del país.

Reacciones

Consultado sobre el fallo, Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, aseguró que no emitirían pronunciamiento hasta ser notificados. Matías Ponce, vocero de la Cicig, dijo que son respetuosos de las decisiones judiciales dictadas y que la Cicig sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo.

Según Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la CC, lo que llama la atención de la resolución es que evita mencionar el nombre del comisionado. “Por la prudencia con la que emitió la resolución, lo que indica es que si bien continúa la Cicig por un año más, es lógico que es al comisionado al que debe dejarse entrar al país”.

Sin embargo, agregó que es posible que se haya negociado o se esté negociando un cambio de comisionado, lo cual explicaría la razón por la cual emitieron la resolución de manera unánime. Respecto del cumplimiento de la orden, recordó que de no acatarse el fallo de la CC se puede llegar a la destitución de funcionarios, pero en cuanto al Presidente lo que procedería sería un proceso de antejuicio.

El abogado Raúl Falla criticó el fallo: “Es lamentable, porque la Corte de Constitucionalidad una vez más se está arrogando una competencia que no tiene, porque la Constitución claramente establece como facultad del presidente de la República el poder realizar todo tipo de actividades internacionales que correspondan para Guatemala”.

Agregó que ningún funcionario público civil o militar está obligado a acatar una orden ilegal. “La Procuraduría General de la Nación debe iniciar acciones penales y civiles en contra de estos cinco magistrados que nos han demostrado que la Constitución para ellos no representa garantía de tranquilidad y paz social; la han violentado”, añadió.

Prensa Libre buscó la opinión de la canciller, Sandra Jovel, y de Emilio Morales, director del Instituto de Migraciónm sin embargo, no respondieron a las llamadas y mensajes. El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que calificó como una “excelente noticia” el amparo brindado por la CC.

Antecedentes

El 4 de septiembre, el presidente Morales hizo oficial que ordenó a la Dirección General de Migración que no se le dejara entrar al país a Velásquez por ningún puesto fronterizo. El Gobierno emitió un comunicado en el que detalló que el Consejo de Seguridad Nacional “recomendó” al presidente prohibir el ingreso de Velásquez a territorio nacional.

Además, en la publicación, se solicitó al secretario de la ONU que se designara un sustituto de Iván Velásquez, para el año restante en el que la Cicig permanecerá en el país.

El presidente Morales ya había anunciado, el 31 de agosto, que no se renovará el mandato de la Cicig, que termina el 3 de septiembre del 2019.

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