Grupo habría falsificado documentos para obtener un préstamo bancario de Q7 millones

El Tribunal Segundo Penal escuchó los alegatos iniciales del caso Sobregiro, centrado a la investigación por el supuesto saqueo de Q7 millones de un banco durante la campaña electoral de 2015 con documentos falsos del Programa Mundial de Alimentos.

En el Tribunal Segundo Penal, a cargo de Carlos Rivera, se discutieron los alegatos por un fraude a un banco hace cuatro años. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
En el Tribunal Segundo Penal, a cargo de Carlos Rivera, se discutieron los alegatos por un fraude a un banco hace cuatro años. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los sindicados son Marvin Marconi Cifuéntes Mejía, Jorge Alfredo Guevara Orozco, Eduardo Gamaliel Cifuéntes Morales, Viviana María Teresa Domínguez de León de Valladares, Benedicto Si Tziboy, Bidkar Alener Cuc Tipol y Ludim Edgardo Marcos Hernández están señalados de estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero u otros activos.

El supuesto cabecilla Joaquín Valladares, quien fue activista del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider), está prófugo. Además, Juan Carlos de León Castellanos, hermano de Fridel de León, quien fue portavoz de la agrupación política, espera audiencia de apertura a debate.

Valladares, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, detalló que les habría pedido a los sindicados “crear empresas de cartón” para “mover” un préstamo.

Acusación

El representante del Ministerio Público (MP) explicó que el caso surgió el 13 de julio del 2015 cuando la entidad Comercializadora La Felicidad, cuyo propietario fue Francisco Arturo Sierra Mollinedo -asesinado- solicitó un sobregiro por Q7 millones a un banco.

Sierra Mollinedo se postuló como aspirante a síndico tercero de Cobán, Alta Verapaz, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en 2015, según las pruebas del MP.

El argumento para el crédito bancario fue que la comercializadora había ganado un concurso con el Programa Mundial de Alimentos, aunque presentaron documentos falsificados, según los argumentos del ente acusador.

Las detenciones se realizaron el 31 de agosto de 2017 con allanamientos en Guatemala, Quetzaltenango, Alta Verapaz e Izabal.

El caso cuenta con 200 documentos como pruebas, 8 testigos de la Fiscalía y 19 de la defensa. También con el testimonio que brindó, en anticipo de prueba, un integrante del supuesto grupo criminal.

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