Según Monzón,  el dinero que captaban para la campaña política –de 2011- provenía de contratistas del Estado. Los cuales tenían como expectativa que se les pagarán los contratos que ya tenían con anteriores gobiernos al momento que el Partido Patriota ganará la presidencia, y que se les otorgará nuevos por servicios públicos o bien ambas de las posibilidades.

Esta nueva estructura criminal detectada por las declaraciones de Monzón, serían la causa de los operativos y detenciones dirigidos por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), este jueves.

En la confesión hecha por Monzón al Juzgado de Mayor Riesgo B, se detalla: “De enero de 2012 a abril de 2015, -Monzón- aceptó y recibió de manera habitual, dinero y otros objetos por un valor pecuniario, por lo menos de Q290 millones que sirvieron a OPM y RB, así como para otros funcionarios, en conceptos de una comisión ilícita. A cambio de que, por ese dinero se les adjudicara o continuara otorgándose contratos por  dragado, construcción e infraestructura, suministros y seguros, entre otros. Adjudicados a un grupo selecto de contratistas”.

“También se paga por utilización y pago de compromisos contractuales que el Estado aceptó. La comisión ilícita fue del 5 por ciento, según la facturación de la empresa correspondiente”, declaró Monzón.

Monzón explicó al juzgado que Baldetti lo designó como operador y ser el enlace con los directores, quienes fueron nombrados por la exvicepresidenta para seguir sus instrucciones en la contratación de bienes y servicios para el Estado.