Según datos del Sistema Penitenciario, actualmente la población privada de libertad asciende a 23 mil 955 reos en 24 centros de detención. Según el reporte, se han desarrollado 223 requisas entre enero y el 17 de mayo del 2026.

Las autoridades reconocen que el ingreso de celulares, drogas, licor y otros objetos prohibidos continúa siendo uno de los principales desafíos dentro de las cárceles de Guatemala.

El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, en entrevista con Noticiero Guatevisión este lunes 1 de junio explicó que, durante las requisas efectuadas este año, se han detectado en algunas cárceles sectores que funcionaban como centros de llamadas para cometer extorsiones.

Afirmó que las 223 requisas han sido dirigidas con base en análisis de inteligencia y no de forma aleatoria.

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Según el funcionario, parte del problema radica en la participación de algunos guardias penitenciarios en el ingreso de objetos ilícitos.

Indicó que hay procesos administrativos y penales contra personal señalado de facilitar el ingreso de teléfonos celulares y otros artículos prohibidos, aunque también destacó que hay guardias que desempeñan sus funciones de manera correcta.

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Solórzano reconoció que las limitaciones tecnológicas complican los controles en las prisiones. Añadió que el único escáner corporal que funcionaba en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, fue destruido durante los motines de enero pasado, por lo que actualmente gran parte de las revisiones de personas, encomiendas y alimentos se efectúa de forma manual.

El funcionario informó que, ante esta situación, el Ministerio de Gobernación impulsa la adquisición de nuevos equipos de inspección y sistemas para bloquear señales de telefonía dentro de las cárceles.

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Además, las autoridades trabajan en la clasificación de reos según su nivel de peligrosidad para evitar que personas procesadas por delitos menores compartan espacios con pandilleros u otros privados de libertad considerados de alto riesgo.

Paralelamente, se prepara la incorporación de 600 nuevos guardias penitenciarios y la creación de una carrera penitenciaria que incluya ascensos, capacitación y mejoras salariales para reducir los riesgos de corrupción dentro del sistema.

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