Nueva excusa frena audiencia de apertura a juicio en caso Transurbano

El juez Undécimo Eduardo Cojulún avaló la excusa del exviceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus, uno de los 34 procesados en el supuesto fraude del Transurbano y suspendió la diligencia judicial este 22 de mayo.

El empresario del transporte Luis Alfonso Gómez González, quien fue directivo de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU). es uno de los procesados. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El empresario del transporte Luis Alfonso Gómez González, quien fue directivo de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU). es uno de los procesados. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La justificación de Pokus fue por “asuntos médicos” informó el personal del Juzgado que ya había apartado la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, conocida como Megasala, para la audiencia de etapa intermedia.

En el caso también es acusado el expresidente Álvaro Colom y varios de sus ministros de estado.

El señalamiento es por el supuesto desvío de fondos para sustraer Q294.2 millones para el financiamiento de campaña de la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2011 y 2015 que promovió la candidatura presidencial de Manuel Baldizón.

El juzgador reprogramó  la audiencia de apertura a debate para el 20 de junio próximo a las 8:30 horas.

Colom llego a la Torre de Tribunales, pero evitó dar declaraciones.

El fiscal Hugo González recordó que es la segunda vez en que se suspende la audiencia por una excusa. “Nosotros estamos preparados para la exposición de los indicios”, afirmó.

La primera vez que se intentó celebrar la audiencia fue el 22 de abril pasado, pero el juez avaló cuatro excusas de los abogados defensores. En esa oportunidad fueron citadas las 34 personas procesadas, entre ellos los exministros de Colom y el empresario del transporte Luis Alfonso Gómez González, quien fue directivo de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

En este caso, el pasado 19 de marzo, Eddie Rodolfo Jiménez Mijangos, representante legal de una de las empresas involucradas, compareció ante el juez Cojulún y se declaró culpable. Fue condenado a tres años de prisión, conmutables a Q10 diarios -Q10 mil 950- y deberá reparar una escuela en Mixco.

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La investigación

Según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público —el Transurbano— a funcionarios de la Administración del presidente Colom.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El Ejecutivo aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009.

Las pesquisas se remontan a 2008 cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de Q270 millones.

Según la investigación del MP y la Cicig, el supuesto fraude para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y con ello la erogación de los recursos.

De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general.  El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.

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La fase dos

Posteriormente el evento Seguridad y Transporte fue conocido el 13 de septiembre del 2018.

Según la investigación del MP, después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público.

Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporada de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del proyecto.

La investigación preliminar evidenció que, para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.

La Feci informó que la investigación determinó la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

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Líder en la fase tres

La Feci y la Cicig explicaron también el lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito del partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado.

La sociedad Expansión Corporativa Milenium junto con Rutas Metropolitanas del Transporte, S.A., sustrajeron al menos Q6.5 millones de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar a Líder, durante las campañas de Manuel Baldizón en 2011 y 2015, según el MP.

En total en las tres fases investigativas la sustracción de fondos del erario público sumó Q294.2 millones.

 

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Manuel Sagastume Hace 11 meses

¿En dónde quedó el “Transporte digno” de Sandra Torres, la primer ministro de Álvaro Colóm? EN las calles de Guatemala continúan circulando los viejos tomates y ahora vemos que las unidades de Transurbano fabricadas en Brasil que muestran deterioro, están siendo reemplazadas por unidades recicladas de Palm Tran de West Palm Beach. ¿En dónde está la CGC investigando a la AEAU por este fraude?

Walter Garcia Hace 11 meses

Es ya abusiva e inaceptable la postura de los jueces ante todas las acciones encaminadas a desenmascarar las corruptas acciones que relacionen a la UNE y por ende a la señora Torres. Pareciera que todo el sistema legal está sincronizado para evitar a toda costa cualquier acción y que cualquier excusa es válida para que la señora se apodere. Que vergüenza señores CC CSJ TSE etc.

Benito Carlos Hace 11 meses

y lo seguirá retrasando, tiene miedo que salga mas información que involucre en actos ilícitos a Sandra Torres.