Rudy Esquivel, portavoz del OJ, confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinó aceptar la renuncia de Gálvez, quien la noche del pasado martes durante una entrevista con la cadena CNN en Español se declaró oficialmente en el exilio, pues asegura que en Guatemala no hay garantías para regresar.
“En relación a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, se confirma que fue aceptada. También se ha ordenado sacar la plaza a convocatoria”, dice un mensaje de texto enviado por Esquivel.
Gálvez, quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, renunció el martes pasado denunciando falta de independencia judicial en Guatemala.
“El día de hoy (martes) presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal”, dijo Gálvez en un video difundido en la red social Twitter.
Gálvez salió a inicios de noviembre a Costa Rica a un foro, pero se desconoce su paradero y según ha confirmado el jurista se quedó en el extranjero, aunque el destino exacto se desconoce.
El juez enfrentaba un proceso para despojarlo de su inmunidad a petición de una organización que lo acusa de ordenar “detenciones ilegales” de militares retirados.
“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde”, afirmó Gálvez, quien desde 2016 cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.
Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.
El Ministerio Público (MP) ha negado en varias oportunidades los señalamientos que hacen los exjueces y exfiscales que han salido del país y señala que es obligación constitucional que la Fiscalía investigue todas las denuncias interpuestas.
“El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo recientemente la Fiscalía.
“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.
El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.
Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada y sin su presencia porque fue diagnosticado de demencia y otras enfermedades.
El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.
Gálvez en su mensaje hizo un llamado a la población guatemalteca para que se organice y no le roben “las posibilidades de una justicia que añoramos”.
Con información de AFP
