En una conferencia de prensa que se realizó este miércoles, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) y la Red Rompe el miedo Guatemala, rechazaron la persecución penal, que según ellos, lleva a cabo el Ministerio Público (MP) contra los comunicadores de elPeriódico.
El pasado 31 de mayo, el auxiliar fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de MP, envió un oficio en el que se solicita al gerente general de Aldea Global S.A., casa editora de elPeriódico, entregar en un plazo de 3 días hábiles una serie de publicaciones periodísticas.
En la petición de la Feci se requieren todas las publicaciones de ese medio de comunicación desde el 22 de julio de 2022 hasta la presente fecha o bien hasta su última publicación, de los siguientes periodistas y columnistas.
- Jose Rubén Zamora Marroquín
- Gerson Allende Ortiz
- Julia Catalina Corado Flores
- Christian Franquel Velix García
- Jerlin Alexander Valdez
- Rony Andrés Ríos García
- Denis Obdulio Aguilar González
- Édgar Eduardo Gutiérrez Girón
- Gonzalo Marroquín Godoy
Según el MP, esta solicitud es seguimiento a la investigación que se ordenó el 28 de febrero por el juez Jimy Bremer, a solicitud de la fiscal de la Feci, Cinthia Monterroso, durante una audiencia del segundo proceso que enfrenta el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
El señalamiento
La Feci considera que los periodistas y columnistas de elPeriódico podrían haber cometido el delito de obstrucción a la justicia por haber criticado en sus publicaciones y columnas a operadores de justicia.
Claudia Samayoa de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), dijo en la conferencia de prensa que el día 31 de mayo pasado colocaron una denuncia por violaciones a la libertad de expresión y libertad de opinión de los periodistas perseguidos, sino también por las violaciones al acceso a los tribunales y al derecho a la defensa.
Señaló que se sorprendieron cuando el MP le pidió a Aldea Global todas las publicaciones realizadas por los periodistas.
“Este memorial nos coloca ya en una confirmación de la persecución penal arbitraria contra la libertad de la expresión. Ya no hay duda, el Estado no puede decir solo estamos investigando este memorial solo se dirige cuando hay una persona sindicada, porque están queriendo investigarla como sindicada”, comentó Samayoa.
Afirmó que esta persecución penal es ilegal, sistemática y de criminalización.
Puntualizó que este expediente que tiene el MP, número MP001-232023-12961 son diligencias que se pidieron para estas publicaciones fue sin autorización judicial y eso incumple con los artículos 245 y 319 Código Procesal Penal y viola el derecho a la defensa.
Samayoa también explicó que se está actuando de mala fe, porque no han permitido tener copias del expediente para que los abogados que trabajan para los periodistas puedan informarse del caso.
Aclaró que luego de muchos meses lograron establecer que sí hay un juez a cargo de este expediente que es el juez Quinto Pluripersonal Primero de Instancia Penal , pero este dio cita hasta el 16 de junio para ver si conoce el caso, y era hasta esa fecha que la fiscalía podía investigar.
Dice que buscan que la investigación contra los periodistas vaya e un Tribunal de Imprenta, pues la Ley de libre emisión del pensamiento expresa que solo el tribunal de imprenta puede empezar a conocer un caso de periodistas.
Gerson Ortiz, uno de los periodistas, afectados con el señalamiento del MP, comentó que esta es una persecución sistemática e ilegal porque la propia Constitución Política de la República establece la libertad de expresión no puede ser censurada y que hay medios no penales para solucionar este tipo de diferencias que puede haber a partir de las publicaciones que hagan los periodistas.
“No es que no queramos, por así decirlo, que nos investiguen, pero hay que dejar claro que la persecución es el en contra de la libertad de prensa”, citó.
Marco Trejo, de la APG, puntualizó que como gremio están muy preocupados por esta criminalización que se está haciendo a los periodistas.
Recordó que hace unos días presentaron una acción en una Sala de Amparo y están a la espera de que les informen cuál ley tiene más preminencia, una constitucional, como la de Libre emisión del pensamiento o una ordinaria, la del crimen organizado, en su artículo 9, que es con lo que están criminalizando a los periodistas.
“Quiero solidarizarme con las personas que se han visto afectadas con esto y en segundo lugar decirles de que nosotros como APG estamos atentos a cualquier situación que pueda pasar y estamos en espera de que nos den o que nos otorguen el amparo provisional”, dijo Trejo.
Es preocupante
El periodista Haroldo Sánchez, del Colectivo Red Rompe el Miedo a Guatemala y No nos Callarán, afirmó que lo que está viviendo el gremio periodístico en el país es bastante preocupante.
“Estamos viendo en un país donde hay litigios maliciosos, donde la ley sirve para criminalizar a inocentes y vemos con mucho rechazo que se aplica la venganza y no la justicia”, dijo en la conferencia.
Afirmó que en un estado de derecho nadie puede ser condenado por un delito a menos que primero se le haya otorgado un proceso justo y que eso incluye el tener derecho a una defensa adecuada, pero lo que se ha visto en Guatemala es que ni siquiera aquellos que han sido señalados por delitos, que según él se los han inventado, han tenido defensa.
Sánchez comentó que el escenario actual muestra que incluso los abogados que defienden periodistas son criminalizados y ya más de uno ha tenido que salir al exilio para evitar ser procesado.
“Es un ejemplo pernicioso que aquí lo que vemos es que se están liberando los culpables con argucias legales y nuevas narrativas donde aquellos señalados por el ejercicio periodístico ahora resultan ser las víctimas”, afirmó.
“Informar, investigar, incluso opinar puede ser objeto de persecución. Está ocurriendo ahora con los colegas de elPeriódico… estamos percibiendo desde que hemos retrocedido a los peores años de la dictadura militar”, puntualizó.
Afirmó que en Guatemala la cárcel o el exilio se ha convertido en el camino actual para quienes ejercen el trabajo periodístico en medios de comunicación independientes y medios comunitarios y que empieza a haber censura y autocensura ante el peligro de ser criminalizado.
“La narrativa señala que los periodistas formamos parte de una estructura criminal y se está usando la ley contra el crimen organizado para silenciarnos”, sentenció.
También habló del uso de net centers para atacar a periodistas y denigrarlos mediante el uso de redes sociales.
Relator se pronuncia
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, se pronunció en su cuenta de Twitter donde escribió: “Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho a la sociedad a estar informada”.
#Guatemala 🇬🇹
Para la @RELE_CIDH, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho a la sociedad a estar informada.
👇🏾 https://t.co/QqV3hhJlmY— Pedro Vaca V. (@PVacaV) June 8, 2023
Investigación con objetividad
El MP fue consultado sobre los señalamientos que hacen los periodistas sobre la persecución penal y respondieron que todas las investigaciones que hace la institución se desarrollan con “objetividad, imparcialidad y estricto apego al principio de legalidad. En todo momento se ha garantizado el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y todas las garantías procesales”.
Señalaron que el juez ordenó al MP investigar si existe la posible comisión del delito de obstrucción a la justicia, por lo que certificó lo conducente en virtud de que posiblemente se ha intentado obstaculizar una investigación y el Ministerio Público no puede desacatar una orden de juez.
“El Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar y es únicamente a través de la investigación técnica, objetiva e imparcial que se puede establecer si existe o no la comisión de algún hecho constitutivo de delito, lo cual luego el juez valorará y resolverá conforme a la ley”, señala el MP.
Afirmó que en ningún momento se trata de persecución a la libre emisión del pensamiento sino “investigar la posibilidad de acciones sistemáticas y coordinadas que posiblemente se realicen para tratar de obstruir la administración de justicia”.
“Es importante que, ante cualquier inconformidad, puedan hacer valer sus derechos jurídicos por la vía legal correspondiente, ante los órganos judiciales competentes”, señala el MP.
