Perito declara en el juicio contra supuesto cabecilla de la estructura del caso Gasofa

El Tribunal de Mayor Riesgo A escuchó el relato de Édgar Estuardo Rafael Ovalle, técnico en auditoría de la SAT, durante el debate contra de dos personas, Marvin Delfino Barrios Marchena, presunto líder de una banda que traficó gasolina con la ayuda de agentes de la PNC, y Luis Rolando Galicia Boton.

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Édgar Estuardo Rafael Ovalle, técnico en auditoría de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), declaró como perito en el juicio del caso Gasofa. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Édgar Estuardo Rafael Ovalle, técnico en auditoría de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), declaró como perito en el juicio del caso Gasofa. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El perito fue propuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Su relato se basó en el informe del 23 de abril de 2012 que hizo a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en relación con la investigación de la estructura del caso Gasofa.

Rafael Ovalle, junto con otros cuatro técnicos de la SAT, realizaron un diagnóstico de la entidad Corporación Internacional de Petroleo, S.A., que habría sido utilizada para el trasiego de gasolina, según las pesquisas.

Declaró que la empresa tenía registrado “dos NIT” -Número de Identificación Tributaria-. “No es normal que una empresa tenga dos identificaciones para declarar impuestos. Eso tiende a error. Se pudo comprobar que tenía el 3124631-1 y 3522820-2. El primero fue utilizado para la compra de vehículos y el segundo en la venta de gasolina al mayoreo”, declaró.

Además, el perito explicó que Barrios Marchena “declaró a cero o sin movimiento ante la SAT. Eso significa que no existieron compras ni ventas, fueron en valor cero en 2008, 2009, 2010 y 2011”.

Barrios Marchena enfrenta debate por asociación ilícita, defraudación aduanera, obstrucción a la justicia, caso especial de contrabando, caso especial de defraudación aduanera y lavado de dinero u otros activos. Galicia Boton por asociación ilícita, defraudación aduanera y contrabando aduanero.

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Señalamiento

Hace siete años se conoció el caso Gasofa, un negocio ilegal de contrabando de gasolina que ingresó al país de 2008 a 2012 en las fronteras ubicadas en Tecún Umán, San Marcos, y en Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa. La defraudación fue de Q48 millones.

La Feci y la Cicig desbarataron la estructura el 25 de enero de 2012. Desde ese día están en prisión  Barrios Marchena, el supuesto cabecilla, y Galicia Boton, representante legal de Corporación Internacional de Petróleo S.A., (Coinpesa).

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El caso se retrasó durante más de siete años debido a diversas acciones legales tanto del ente investigador como los procesados. Incluso, la Fiscalía firmó un convenio de colaborador eficaz con Barrios Marchena que después fue revocado debido a “no se verificó” su aportación para esclarecer los hechos.

En ese tiempo, hubo un juicio que terminó en sentencia para nueve integrantes de la PNC, entre comisarios, inspectores y agentes policiales, por su participación en el contrabando de gasolina desde el 2008.

Condenados

El Tribunal de Mayor Riesgo A emitió condena el 17 de enero del 2013 al personal de la PNC a ocho años de prisión por asociación ilícita y 10 años de cárcel por contrabando aduanero.

  • José Alfonso Cruz Valdéz, comisario.
  • Erick Noé Palacios López, comisario.
  • Freddy Fernando López Trabanino, comisario.
  • Luis Francisco González Estrada, subcomisario.
  • Lile Castañeda Sandoval, inspector.
  • Juan Zacarías Zacarías, oficial III.
  • Lorenzo Hurtado Corado, oficial III.
  • José Angel Véliz Valdéz, oficial II.
  • Amílcar René Franco Cabrera, agente policial.
El perito Édgar Estuardo Rafael Ovalle declaró en el juicio del caso Gasofa. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

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