Según el fiscal Carlos de León, la exregistradora incrementó sustancialmente los gastos en salarios el entregar por lo menos 16 plazas fantasma, es decir, puestos a empresas que no cumplían con su horario laboral pero sí devengaban un sueldo.
El RPG financia sus operaciones por medio a los cobros que realiza por los servicios que ofrece y no recibe aportes provenientes de impuestos, a estos se le llaman fondos privativos. No obstante, según el fiscal, estos recursos son propiedad del Estado de Guatemala y su mala gestión implica por tanto un detrimento al Estado.
Defensa se opuso
Cuatro abogados defensores se opusieron a que el Tribunal Décimo Tercero aceptara el peritaje y la declaración de Contreras, aduciendo que el correlativo que identificaba el informe que se puso a la vista no coincidía con el descrito en el expediente.
Los defensores presentaron un recurso de reposición, no obstante, este fue declarado sin lugar por el Tribunal y se pudo continuar con la declaración.
En total hay 25 personas sindicadas en el juicio, entre las que destaca la exdirectora del Registro, Anabella De León, el hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales, Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, respectivamente.
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De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron almenos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.
También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.
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