Repudio y denuncias por agresiones a periodistas durante la manifestación de veteranos militares

Las agresiones que sufrieron el martes recién pasado varios periodistas causó el rechazo generalizado de varias organizaciones que ven con preocupación cómo cada vez se respeta menos la libertad de prensa.

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La agresión a varios periodistas se dio el martes 19 de octubre del 2021 durante las manifestaciones afuera del Congreso por supuestos veteranos militares. (Foto, Prensa Libre: Cortesía).
La agresión a varios periodistas se dio el martes 19 de octubre del 2021 durante las manifestaciones afuera del Congreso por supuestos veteranos militares. (Foto, Prensa Libre: Cortesía).

Al mismo tiempo, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, del Ministerio Público (MP), informó que ya emprendió la investigación sobre las agresiones contra   comunicadores durante las manifestaciones de autodenominados veteranos militares.

El grupo protestaba en los alrededores del Congreso y por la tarde se registraron acciones violentas. Los manifestantes entraron por la fuerza al Palacio Legislativo e incendiaron oficinas y vehículos, mientras que afuera agredían a los periodistas.

Según el MP, hoy se espera que presenten denuncia dos reporteros más. Dos personas se abstuvieron de hacerlo y otras indicaron que solo fueron afectadas por las bombas lacrimógenas.

Por ahora se conocen ocho casos, entre ellos Henry Montenegro y Elmer Vargas, de Guatevisión; Esbin García, de Prensa Libre; y David Sanchinelli, de Nuestro Diario, a quien además le dañaron el equipo de fotografía. Además, Javier Estrada, del medio digital Quorum.gt, y Simón Antonio, de Prensa Comunitaria, así como dos camarógrafos de otros canales de televisión.

Rechazo generalizado

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) rechazó los disturbios e informó que se abrió de oficio un expediente por este “ilícito penal”, ya que hubo agresiones y destrucción de equipo. Además, dijo que presentaría una denuncia penal.

Lucía Dubón, presidenta del Instituto de Previsión Social del Periodista, lamentó las agresiones y se solidarizó con las víctimas. Dijo que esperan “resultados concretos” de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) recibió información de que al menos ocho comunicadores sufrieron “golpes, intimidaciones y destrucción de equipo”.

En un comunicado, la APG exige a la Fiscalía una “exhaustiva y pronta investigación”, para individualizar y procesar a los responsables, especialmente a los líderes de la manifestación.

Además, señaló que se debe investigar el actuar de las fuerzas de seguridad, por “permitir que la manifestación se volviera violenta y se agrediera a los periodistas”.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) emitió un comunicado en el cual rechaza las “acciones que vulneran la libertad de expresión del pensamiento”.

Mario Fuentes Destarac, directivo de la CGP, expresó preocupación porque los ataques denotan intolerancia hacia los comunicadores y periodistas, y los calificó como un síntoma de autoritarismo.

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Fuentes Destarac expresó que una forma de actuar de los regímenes intolerantes es coartar la libertad de expresión, y advirtió de que si se permite esa situación, será muy fácil que se viole el resto de libertades.

“Tenemos que defenderla con todo —la libertad de expresión—. Si no, sería el inicio de un silenciamiento de nuestra sociedad”, enfatizó.

Denuncia

Mario Alejandro Sandoval, representante de Guatemala en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), participó ayer en el foro Restricciones al trabajo periodístico, durante la 77 Asamblea General de ese organismo, en el cual expuso que han aumentado las restricciones, así como los ataques y descalificación a periodistas por medio de redes sociales.

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En ese foro virtual dio a conocer la agresión a los periodistas durante la manifestación de los veteranos militares efectuada el martes.

Explicó además que se experimenta obstaculización en la entrega de información por parte de las autoridades, con el pretexto de calificarla como confidencial, como ha sucedido con el contrato para la compra de vacunas Sputnik V y el pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio de Educación y uno de los sindicatos magisteriales.

También mencionó el inadecuado uso de la Ley de Femicidio para obstaculizar investigaciones periodísticas.