El empresario comenzó de esta manera: “Como una continuación o ratificación de la información que vertí en la audiencia de primera declaración, que se realizó en esta misma sala, el 21 de diciembre del 2018, donde hice referencia a que como producto del endeudamiento que se había acumulado por parte del Estado de Guatemala con las entidades con las cuales yo tengo relación, don Gustavo Alejos Cámbara había requerido el pago de alguna suma de dinero para poder obtener el pago atrasado de múltiples estimaciones de trabajos efectivamente ejecutados y que, en esa ocasión hablé de haberme visto virtualmente extorsionado, porque la única forma que habíamos encontrado para resolver la deuda era entregar esas dádivas”.
“Presentamos un memorial al Ministerio Público que como consecuencia de que conocía a Gustavo Alejos, porque confluíamos en el mismo gimnasio y en algún momento cuando tiene la posición de poder que tuvo tuvimos una reunión en mi oficina de la zona 15 en la que él plantea que los recursos para el pago de los contratistas de obra pública era muy escasos y había mucha competencia por conseguir esos recursos de parte de todos los contratistas acreedores y la única forma de obtener esos pagos iba a ser teniendo que pagarle una suma de dinero que inicialmente se habló de un 10 por ciento, pero en muchos casos fueron porcentajes mayores que ese”, prosiguió.
Palacios Guerra dijo: “Es importante subrayar que ninguna de esta información se ha quedado solo en el color, sino que cada una de las operaciones está debidamente documentada y que en coherencia con lo que manifesté desde diciembre en el sentido de que nuestro interés era develar la verdad y afrontar las consecuencias de esa verdad, decía que se entregaron los documentos originales de cada transacción, debidamente revisados”.
En el Juzgado de Mayor Riesgo D se reproduce la declaración del empresario José Mynor Palacios -testigo- y relata cómo Gustavo Alejos le pidió pagos para agilizar cancelación de deuda que tenía el Estado con las compañías del constructor. La declaración implica a A. Sinibaldi.
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 1, 2019
Agregó: “También informaba al Ministerio Público de cómo durante el periodo del señor Alejos, en algún momento, él me pide que parte de los recursos que en teoría le correspondían a él, yo se los entregue al diputado Alejandro Sinibaldi, en esa época, y es así como lo conozco en su casa de la zona 13, muy cerca de la avenida Las Américas”.
De acuerdo con el testimonio del empresario, de esa manera “se generó un puente, una continuidad, una exigencia sostenida cuando el diputado no gana la alcaldía y se convierte en ministro, donde también, todas esas operaciones -se hicieron con- la persona que él me presentó como su operador de confianza, que fue el licenciado Juan Arturo Jegerlehner”.
El empresario aseguró en su testimonio que entregó la documentación que respalda su testimonio y que en la información entregada se refirió a un proyecto de construcción para ampliar a cuatro carriles la carretera que va de Escuintla para la ruta a El Salvador, en el que tuvo, entre 2012 y 2016, la asignación de un financiameinto externo del Banco Centroamericano de Integración Económica para un contrato suscrito como contraparte del CIV, el cual Sinibaldi exigió que fuera rescindido. Cuando la empresa se opone a esa decisión, el Congreso aprobó el crédito y lo destinó a un contrato preexistente.
El empresario le explicó a la jueza Erika Aifán que no tiene una profesión y que se dedica a la industria de la construcción desde 1976, a raíz del terremoto, cuando se abrieron oportunidades en el sector.
Palacios Guerra afirmó a la jueza que su relación con empresas ha sido con Sigma Constructores, S. A., HW Contractors, S.A. y Lanello Contratistas Generales, S.A.
El caso
El 5 de agosto pasado, el Ministerio Público (MP) y la ahora inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), se informó que exfuncionarios, constructores y abogados habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para hacerse de contratos millonarios u obtener el pago de deuda.
De acuerdo con la investigación, en esta red habrían participado Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía, y Palacios Guerra.
El 14 de agosto del años pasado, el MP efectuó 13 allanamientos en los que capturó a cinco personas y otras ocho no fueron halladas. Ese día se dio a conocer que se amplió la orden de captura contra Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, contra quien pesan ya señalamientos en al menos otros cuatro casos de corrupción.
Las empresas cateadas ese días fueron
- Solel Boneh
- SIGMA Constructores /HW Contractors
- SIGMA / HW Contractors
- Corporación Premier
- Perenco
- Fundación Ingenio Madre Tierra
- Servicios Contables Coaltepec (Madre Tierra)
- Oficinas de José de Jesús Buitrón Espinoza
- Oficinas de Manuel de Jesús Palma y Palma
- Oficinas de abogado William Méndez
Según las pesquisas, el caso estaría relacionado con el pago de coimas, exigidas por Sinibaldi, a cambio de otorgarle a empresas constructoras obras públicas y contratos.
Mientras dos empresarios están declarados en rebeldía por este caso, entre los detenidos en esta fase del proceso están:
- Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, por asociación ilícita, lavado y peculado por sustracción
- María José Pepio Pensabene, por peculado por sustracción y lavado.
- Efrain Alberto Quevado Montenegro, por asociación ilícita.
- Claudia Carolina Ruano López de Vásquez, por lavado.
- Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera, por lavado y asociación ilícita.
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