Acuerdo migratorio está en manos del Congreso

Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) revocara un amparo provisional para que el Ejecutivo no firmara un acuerdo de Tercer País Seguro, el gobierno todavía analiza el camino que este llevará para su aprobación; sin embargo, la Corte y el Congreso afirman que este debe ser aprobado por el Legislativo para cobrar vigencia.

Enrique Degenhart y Kevin McAleenan, titulares de Seguridad Interior de Guatemala y Estados Unidos, firmaron el Acuerdo para Examen de Solicitudes de Protección para salvadoreños y hondureños. (Foto Prensa Libre: )
Enrique Degenhart y Kevin McAleenan, titulares de Seguridad Interior de Guatemala y Estados Unidos, firmaron el Acuerdo para Examen de Solicitudes de Protección para salvadoreños y hondureños. (Foto Prensa Libre: )

Los argumentos de la más alta Corte del país para revocar el amparo provisional surgen de los informes circunstanciados que enviaron el presidente Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y que refieren que cumplirán con enviar el acuerdo migratorio al Congreso.

“Lo descrito denota que las circunstancias que propiciaron el otorgamiento de la protección interina han variado, toda vez que tanto el presidente y la ministra de Relaciones Exteriores han expresado que cumplirán los procedimientos establecidos en la Constitución, proceder para el cual deberán tomar en cuenta todos los aspectos resaltados en el presente fallo”, establece la resolución de la Corte, emitida el 9 de septiembre.

El fallo de la CC podría llegar al Congreso este año, considera el diputado Enrique Álvarez, de Convergencia, quien además considera que este podría detenerse por un fallo federal en EE. UU. “Es difícil predecir qué puede ser aprobado o no en el Congreso, porque la aprobación del convenio fue una sorpresa, dependerá de las bancadas mayoritarias tener una posición a favor o en contra”, expuso.

La justificación del papel del Congreso en la aprobación del acuerdo migratorio la explica también el diputado Juan Ramón Lau, tercer secretario de la Junta Directiva. “El presidente puede seguir con el trámite correspondiente. Creo que todos los acuerdos que implican circunstancias agravantes para el país deben pasar por el Congreso. Si bien es cierto el presidente tiene la legitimidad para representar al país internacionalmente y en los convenios tiene que tener el respaldo del pueblo de Guatemala y esto es por medio de sus representantes”, dijo.

El diputado afirmó que ningún fallo exterior es vinculante con el Derecho del país, al referirse a una decisión federal que tiene en suspenso las decisiones del presidente Donald Trump al respecto de las solicitudes de asilo en Estados Unidos.

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Los diputados analizarán la propuesta y pedirán otros beneficios para los guatemaltecos, indicó Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana. “Muchos diputados estaríamos interesados en pedir el TPS a Estados Unidos, pedir unos cien mil empleos para guatemaltecos y otras cosas que se puedan negociar en beneficio del país”, indicó el parlamentario.

“Cuando hay voluntad de hacer las cosas, aunque tenemos también el presupuesto que es prioritario, creo que podemos hacer buenos acuerdos para el país y aprobarlo -el convenio-“ agregó Orellana.

Los escenarios

Según Lau, el proceso para aprobar este acuerdo es similar al de la ratificación del estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos que fue aprobado por el Congreso el 7 de septiembre y no se necesita dictamen de comisión específica.

Oscar Argueta, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, difiere con Lau y considera que, para que el acuerdo migratorio sea conocido en el Congreso, el Ejecutivo debe enviar una iniciativa de Ley firmada por los ministros, luego pasaría a la comisión de Relaciones Exteriores para recibir dictamen y luego este sería enviado al pleno.

Ya en el pleno se definiría si se aprobará de urgencia nacional, con 105 votos, o en tres lecturas, en días distintos, con 80 votos como en el estado de Excepción.

“Lo más probable es que sea la próxima legislatura la que entre a conocerla y si las condiciones para el país no son adecuadas no vamos a aprobarlo”, indicó Argueta.

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El fallo de la CC

La CC revocó el amparo provisional que había otorgado el 14 de julio a un grupo de excancilleres, el procurador de los Derechos Humanos y a Acción Ciudadana para evitar que el presidente Jimmy Morales firmara un acuerdo de tercer país seguro con EE. UU.

El excanciller Gabriel Orellana, uno de los amparista, manifestó vía telefónica a Prensa Libre que lo resuelto por la Corte obliga al presidente Jimmy Morales a que el acuerdo migratorio debe ir al Congreso para su aprobación.

“La Corte dice que el objetivo provisional ya surtió sus efectos desde el momento mismo que el presidente entendió que si bien es cierto él tiene la facultad de dirigir la política exterior del país tiene que sujetarse al cumplimiento de la Constitución y por lo tanto en su momento deberá pasarlo al Congreso, deja abierta la salvaguarda de que si no lo hacen, cualquiera de las partes o ellos de oficio podrán activar el amparo provisional”, dijo Orellana.

El abogado señala un aspecto que no está en la resolución, pero que se refiere a que el 7 de agosto la Corte solicitó varios informes al presidente, Ministerio de Gobernación y Relaciones Exteriores, estos últimos lo incumplieron por lo que se debe ejecutar su destitución.

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“No deja de ser interesante que la Corte, por proteger al presidente y a los dos ministros, declaró la suspensión del amparo provisional para liberarlos de ese riesgo y quitarse de encima una papa caliente. Era obvio protegerlo para no meterse en otro problema, pero nosotros presentamos el 19 de agosto la ejecutoria para que fueran destituidos y el último fue el lunes -9 de septiembre-, sin saber que ya habían resuelto”, señaló el excanciller.

El exdiplomático manifestó que la CC dejó una puerta abierta hasta para plantear una inconstitucionalidad, ya que el Congreso podría decidir unilateralmente que no es competente para conocer  este convenio y prácticamente quedaría convalidado, porque se hizo simplificada y nadie más va a poderlo impugnar.

La resolución fue unánime. La Corte quedó integrada por Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, Neftaly Aldana y por la ausencia de la magistrada Dina Ochoa -quien está en Estados Unidos- integró el pleno Henry Comte.

El amparo otorgado el 14 de julio no limitó las facultades del presidente para ejercer la función que le delega la literal o del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, más bien, precisó conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional la ruta que debía seguir el Poder Ejecutivo ante la posibilidad de asumir la decisión de constituir al territorio nacional como un “Tercer País Seguro”, lo que se materializó con la suscripción del Acuerdo relacionado.

También la ministra Jovel, al remitir copia certificada aseguró: “La sola firma de un arreglo internacional por el representante de la República de Guatemala, no conlleva como efecto inmediato su vinculación jurídica, toda vez que para ello es necesario que el mismo sea aprobado por el Congreso de la República, cuando sea el caso, que posteriormente sea ratificado por el Presidente de la República y se cumplan con las disposiciones establecidas en el arreglo internacional referentes a su entrada en vigencia”.

El Ejecutivo todavía analiza la resolución de la CC y continúa con las consideraciones sobre el rumbo que se seguirá para que cobre vigencia el acuerdo migratorio, indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito.

Se consultó al partido Vamos para conocer su postura al respecto del fallo de la Corte y las posibles acciones que podría tener el presidente electo, Alejandro Giammattei, pero no ha respondido las comunicaciones.

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